Consulta popular frustrada

Resultó peor el remedio que la enfermedad en el tema de la cancelación del aeropuerto

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La primera y única consulta popular que se pidió a la Suprema Corte validar, después de que el Instituto Nacional Electoral verificó la autenticidad y número de firmas contenidas en la solicitud, fue la relativa a la llamada Reforma Energética. Los solicitantes fueron Morena, PRD y PAN. Del primero puedo asegurar que en todo el territorio nacional se integraron brigadas que nos desplazamos por todos los estados y delegaciones en la CDMX para conseguir la firma y el número de credencial de elector de más de un millón 600 mil ciudadanos para respaldar la petición y cumplir así con el requisito de superar el 2 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal de electores.

La solicitud formal con la documentación y la pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinería, la petroquímica y la industria eléctrica?, llegó en tiempo al máximo Tribunal de Justicia que tenía que aprobarla o modificarla para que, en la inmediata jornada electoral se votara por la ciudadanía a fin de que pudiera regresar al Congreso, el conjunto de reformas de la Constitución y leyes que fueron aprobadas para cumplir el Pacto por México, que Peña Nieto acordó con los dirigentes de los diversos partidos y que se denominó “Reforma Energética”. En ella se posibilitaba que empresas privadas nacionales y extranjeras, pudieran llevar a cabo toda la gama de procesos industriales del energético petróleo y gas, desde la extracción, hasta el refinamiento y venta al público. La Suprema Corte no tenía más que ajustarse al inciso 3 de la fracción VII del artículo 35 de la Constitución.


El referido artículo, al igual que la Ley Federal de Consulta Popular niega el derecho a la consulta exclusivamente en los casos en los que ésta tenga por objeto 1) restricción de algún derecho humano consagrado en el artículo 4° de la Constitución 2) la materia electoral; 3) los ingresos y gastos del Estado y 4) la seguridad nacional, organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. Es evidente que las reformas del Pacto por México, de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, no encuadran en ninguna de esas restricciones porque sólo se refieren al otorgamiento de concesiones para realizar las mismas actividades productivas y comerciales de la entonces empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

En esta virtud era obvio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía negar el derecho ciudadano a la consulta popular, que al fin se había consagrado en la Constitución para evitar que, como ocurrió, se coludiera el Poder Legislativo a través de los grupos parlamentarios con el Poder Ejecutivo, firmando un pacto para consumar el viejo anhelo neoliberal salinista de privatizar la industria petrolera. Si la consulta resultara negativa a la aprobación de esa reforma, regresaría al Congreso para una nueva deliberación, rompiéndose cualquier acuerdo que pudiera perjudicar el interés nacional como finalmente ocurrió al convertirse el país en dependiente para que nos refinen la gasolina en Texas, coticen a la alza el precio y se condene a Pemex a la pérdida de más de un millón de barriles diarios en la extracción del petróleo.

La resolución del pleno de la Corte para rechazar la procedencia de la consulta llegó al absurdo de fundamentarla en jurisprudencia de la Novena época (1991), misma que fue abrogada por la reforma del artículo primero constitucional de 2011 que obliga a interpretar la ley a la luz de los principios pro derechos humanos y a partir de las convenciones internacionales aceptadas por el gobierno mexicano. Se llegó al extremo de invocar una añeja jurisprudencia “Interpretación histórica tradicional e histórica progresiva”, cuando en nuestro derecho no existe antecedente legislativo de la consulta popular, por lo que no pueden hacerse dilucidaciones históricas sin base de referencia. Se utilizarán otros fundamentos similares con los que se pretendió disfrazar la consigna que les dieron a los ministros, para no dar cumplimiento a la conquista del derecho a la democracia participativa lograda en agosto de 2012.

La última defensa democrática constitucional del pueblo ante la afrenta de la Corte que aprobó el rechazo de la consulta popular propuesta por  la ministra Olga Sánchez Cordero (con el falso argumento de que se trataba de ingresos del Estado cuando era justamente lo contrario, que se salvaría el patrimonio petrolero de México), era la de incoar un Juicio Político en el Congreso contra 10 de los 11 ministros (sólo José Ramón Cossío Díaz no votó por esa aprobación) para que se sancionara a los mismos, por abierto ataque a la democracia participativa consagrada en el artículo 35 constitucional. Andrés Manuel López Obrador había calificado de “peleles del Ejecutivo” a los ministros y, sin embargo, la demanda de juicio político no se presentó pese a que él contaba con todas las pruebas y fundamento para ello e, incluso, se tenía redactado el documento.

Ignoramos por qué recientemente, se optó por el remedo de una consulta popular para la decisión de Texcoco, cuando no había condiciones de tiempo electoral para realizarla con la urgencia que se necesitaba. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Nadie quedó convencido de la idoneidad del procedimiento que a su vez nos impidió conocer con claridad las verdaderas causas para la cancelación y se obligó a reducir a sólo dos opciones cuando debe haber otras, así como a prever con rigor jurídico las consecuencias de responsabilidad de los servidores públicos y contratistas involucrados, para que el pueblo no tenga que pagar la rescisión o el gobierno tenga que compensarla con nuevos contratos, para evitar demandas de incumplimiento.

 

 

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