Constitución de Chiapas, violatoria de los derechos político-electorales del ciudadano

No puede ni debe haber ningún impedimento para aspirar a la gubernatura del estado, independientemente del grado de parentesco que haya con el titular del Ejecutivo local en funciones

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Manuel Velasco Coello. ¿Por qué fue inducido a firmar?

En colaboraciones anteriores se hizo mención detallada a las diversas violaciones cometidas con las cacareadas reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas.  El ataque indebido a los derechos humanos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para obligarlos al retiro a los 75 años y la transgresión al pacto federal cuando la Constitución de Chiapas, en su artículo 52, altera inconstitucionalmente los requisitos para ser gobernador, contenidos en el artículo 116 de la Carta Magna.

Con las reformas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas se advierte  la intención, deliberada, de ir siempre en contra de lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En el artículo 52, fracción IX, de la Constitución de Chiapas hay una disposición más, atentatoria a los derechos  humanos del ciudadano mexicano y nativo del estado de Chiapas, o residente continuo durante cinco años consecutivos, cuando enumera uno de los  requisitos para ser gobernador: “No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el gobernador en funciones”.

El catálogo de los derechos humanos no se circunscribe, exclusivamente, a los primeros 29 artículos de la Constitución federal, sino que se extiende a un total de 34 dispositivos constitucionales.  Entre ellos se encuentra el artículo 35, bajo la denominación de “son derechos del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley”.

Bajo ese imperativo nada puede impedir que cualquier ciudadano pueda aspirar a un cargo de elección popular mientras sus derechos o prerrogativas no sean suspendidos, en virtud de lo estipulado en el artículo 38 de la Carta Magna.  Por ejemplo, estar sujeto a un proceso criminal, prófugo de la justicia o durante la extinción de una pena corporal.  Mientras esas restricciones no existan no puede ni debe haber ningún impedimento para aspirar a la gubernatura del estado de Chiapas, independientemente del grado de parentesco que haya con el gobernador en funciones.

En el afán de parecer una Constitución novedosa, y en prevención de conflictos de interés, se hace nugatorio el derecho del ciudadano para intervenir en política y, mediante el sufragio, convertirse en poder. Lo más aberrante es la limitación impuesta a un pariente consanguíneo hasta el cuarto grado.  Puede suceder, como frecuentemente ocurre, que una persona sea pariente de otra y ni siquiera lo sepa, y, sin embargo, por un acto legislativo autoritario se le niega un derecho político-electoral (derecho humano) fundamental para ser votado.

La Constitución “moderna y avanzada” de Chiapas llega, incluso, a  lo ridículo con la intención de aparentar el reconocimiento a la equidad de género (otra ridiculez de la que ya hablaremos en ocasión posterior) cuando en el artículo 51 se advierte: Se deposita la titularidad del Poder Ejecutivo en la persona electa para tal cargo, a la que se llamará “gobernador o gobernadora del estado de Chiapas”. Así, entrecomillado, para resaltar la extravagancia.

El artículo 71 de la Constitución mexicana faculta a las legislaturas de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos.  Así como el diputado Eduardo Ramírez Aguilar se atribuye la paternidad de las reformas constitucionales en Chiapas, tiene la oportunidad de enviar una iniciativa, al Congreso de la Unión, para sugerir una reforma constitucional que modifique el artículo 80 de la Carta Magna y que quede como sigue: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘presidente (o presidenta) de los Estados Unidos Mexicanos’”. La reacción es previsible.  Sorpresa mayúscula y negativa unánime.

Sin embargo, al negar la Constitución local los derechos político-electorales del ciudadano se violan también pactos y principios internacionales.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 previene en su artículo 21: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a los funcionarios públicos de su país”. La interpretación es evidente.  Se trata de nombramientos directos y de elección popular.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, otorga al ciudadano las mismas garantías político-electorales: “Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos.  Votar y SER ELEGIDOS en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto…”.

No es, pues, entendible que mientras la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consideran  el derecho político a ser votado como un derecho humano, la Constitución “moderna y avanzada” de Chiapas niegue el acceso, a sus ciudadanos, a un cargo de elección popular por el solo hecho de ser pariente del gobernador en turno.  Es un acto demagógico, discriminatorio y violatorio del artículo primero de la Constitución mexicana.

Sin embargo, la Constitución de Chiapas no sólo se contradice con la Carta Magna y los tratados internacionales de observancia obligatoria para el Estado mexicano, sino que, en sí misma, es una contradicción permanente.  Basta con señalar la falacia contenida en el artículo 27: “Las elecciones de gobernador (…) deberán efectuarse en términos de no discriminación (…)” cuando los requisitos impuestos para ser gobernador son absolutamente discriminatorios por lugar de nacencia y parentesco con el gobernador en funciones.

Y, aún más, el germen de la contradicción en la Constitución de Chiapas se advierte más severamente en su artículo 5: “Toda persona tendrá derecho a la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se sustenta la base de todos sus DERECHOS (…), y a no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; origen étnico y social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición.  Nada, pues, de la NO discriminación respeta la Constitución “moderna y avanzada” de Chiapas.  Por el contrario, es discriminatoria, pero abiertamente demagógica.

El resto del artículo 5 es una repetición innecesaria de diversos postulados contenidos en algunos artículos del capítulo “De los derechos humanos y sus garantías” de la Carta Magna.

Quedan también pendientes de explicar y analizar los requisitos para designar al fiscal general del estado y otras violaciones constitucionales relativas a la misma fiscalía.

Por lo pronto, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar deberá informar a la ciudadanía sobre la inconstitucionalidad de las reformas y explicar al gobernador Manuel Velasco Coello por qué lo indujo a firmar una iniciativa para presentar un texto de esa naturaleza.  Ampliaremos…

 

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