¿El fin de la Sociedad Civil en la era López Obrador..?

La desconfianza de AMLO con las ONGs y el rechazo a conciliar posiciones en materia de seguridad pública, sumado a una campaña de desacrédito, revelan la intención de Estado para marginar a la Sociedad Civil organizada

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“Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman Sociedad Civil”, sentenció Andrés Manuel López Obrador a finales de marzo.

Dos meses después, el candidato de Morena dejó esperando a más de 350 ONGs en la llamada “Tercera Cumbre Ciudadana”, con la presencia de Ricardo Anaya Cortés, José Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez Calderón. Los presidenciables se pronunciaron sobre 56 preguntas consensuadas con la ciudadanía.


López Obrador envió las respuestas por mensajería.

La historia de los desencuentros de las ONGs con el candidato de Morena tuvo un clímax con la negativa a modificar el Artículo 102 Constitucional, con el propósito de cumplir la verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República, la Anticorrupción y la Electoral.

Un segundo capítulo de estos desencuentros se dio el martes con un documento del colectivo #SeguridadSinGuerra, encabezado por México Unido Contra la Delincuencia de Josefina Ricaño y Lisa Sánchez, donde rechazan la postura de Andrés Manuel al mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad pública.

El resurgimiento de la sociedad civil organizada fue marcado el 27 de junio de 2004 por la Marcha Blanca, la protesta civil contra la inseguridad más grande de la historia moderna de México sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, encabezada por MUCD que en esos momentos presidía María Elena Morera.

Pero ese activismo también ha servido para proyectos propios, para intereses particulares: Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, brincó de la ONG a la candidatura a jefe de Gobierno del DF por el Partido Acción Nacional, una experiencia catastrófica para el partido, instigada por Felipe Calderón Hinojosa desde Los Pinos.

Laura Elena Herrejón, cabeza del movimiento Pro Vecino, también organizadora de la Marcha Blanca, fue diputada por el PRI en la CDMX.

No obstante, ese despertar masivo de 2004 sacudió a la ciudadanía incrédula de la efectividad de este tipo de movimientos, y sorprendió a los medios de comunicación, a empresarios, y a todo tipo de organizaciones e instituciones, pero, sobre todo, puso en el mapamundi la bandera de inseguridad en las coordenadas de México.

La reacción del entonces jefe de Gobierno del DF, López Obrador, fue llamar despectivamente a los integrantes de la protesta: “pirrurris”.

En ese año Vicente Fox Quesada llevaba casi cuatro sentado en la silla presidencial. Morera me reveló que el guanajuatense en su estilo le dijo: “te pido que cuides a tus hijos (familia) durante un año, después yo me encargo”. No pasó.

Pasaron 14 años del reclamo generalizado, con imágenes en foto y video de una muchedumbre vestida de blanco que dieron la vuelta al mundo y ahora la situación es peor.

Quien en su momento los denostó con un calificativo discriminatorio, con la intención de echarlos al repudio y resentimiento público al enfatizar la imagen de “ricos” de los marchistas, ahora simplemente los ignora y margina del debate de seguridad pública.

En el comunicado del colectivo #SeguridadSinGuerra, los integrantes reclaman al Presidente electo la intención de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo tareas de seguridad pública, sin un compromiso serio y gradual para retirarlas, para sustituirlas por policías civiles.

Una y otra vez AMLO han aclarado que estas ONGs no representan a la sociedad civil, sino a intereses empresariales que les pagan, algunos formando federaciones de ONGs con propósitos comunes.

La sospecha fue inoculada en campaña con el evidente propósito de desacreditarlos y restarle fuerza como un conglomerado crítico y asertivo, que se ha profesionalizado y especializado con el tiempo, en materia de seguridad pública.

Indudablemente a los gobiernos les molesta la fiscalización de terceros.

Las organizaciones políticas piensan que la patente de los movimientos sociales y populares les fue facturada en exclusividad, y ante cualquier brote de la sociedad organizada en grupos o colectivos, reaccionan con el rechazo de múltiples formas: ya sea organizando debates estériles, complicando la participación de estos grupos en las decisiones de seguridad pública, ignorándolos, o de plano con tácticas para mantenerlos marginados, como se ve en la estrategia del equipo de transición y del futuro gabinete.

En el documento emitido por el colectivo #SeguridadSinGuerra reclaman al Presidente electo la falta de compromiso para abrogar la Ley de Seguridad Interior y las recomendaciones de la CIDH, la ONU, la CNDH para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las calles.

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, mantiene una relación cortés con estos colectivos, sin confianzas mutuas mediante una especie de tolerancia protocolaria apaciguadora.

Para colmo de males, el único enlace confiable, Tatiana Clouthier Carrillo, rechazó la Subsecretaría de Participación Ciudadana de Segob y ahora la deriva es lo más seguro en el horizonte de las ONGs.

Estamos ante una intención de Estado determinada a desaparecer a la Sociedad Civil organizada. Sin embargo, de peores situaciones se han levantado estos activistas acostumbrados a presiones para amordazarlos.

Porque, ya lo dijo Andrés Manuel, les tiene mucha desconfianza.

 

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