A prueba la autonomía y la democracia; el INE no se intimida

Espero que NO estemos en la antesala de una nueva era del asambleísmo y que no sea el inicio de intentos de toma del control total. Organismo electoral protagoniza la primera resistencia a la fuerza avasalladora de AMLO... y viene una nueva Constitución, según Muñoz Ledo

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El INE protagoniza la primera resistencia a la fuerza avasalladora de Andrés Manuel López Obrador y, a la vez, demuestra la importancia de la autonomía de organismos e instituciones con esa vocación, con los contrapesos imprescindibles en esta nueva etapa, que pone a prueba la democracia en México.

No hizo un simple señalamiento o crítica al utilizar la palabra “vileza” para marcar la resolución de la autoridad electoral; es un atentado contra el Estado de Derecho que como virtual presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos está obligado a preservar y defender.


Comenté el jueves en este espacio, titulado “El clamor del cambio profundo expresado en las urnas: Nuevo Evangelio del obradorismo” (http://ow.ly/pZfU30l37W7), la invocación a la relativa victoria “aplastante” de Morena y sus aliados, 35% del padrón electoral, como máxima absolutista para quitar del camino a todo lo que se interponga al proyecto de la Cuarta Transformación.

Peor aún, el diputado federal electo de Morena Porfirio Muñoz Ledo adelantó, en una entrevista para El Universal, la intención de formular una nueva Constitución para México, con el antecedente de haber formado parte del Constituyente de la Ciudad de México, escenificando un protagonismo decadente que resultó en un texto sobrado de imprecisiones,  aberraciones y postulados filosóficos que llevaron al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, a presentar una controversia constitucional contra la Carta Magna chilanga.

Espero que NO estemos en la antesala de una nueva era del asambleísmo, ya que la defensa conjetural de López Obrador y Yeidckol Polevnsky al Fideicomiso de Morena “Por los demás” es un ataque mediático, basado en postulados políticos fuera de tribunales, ante las pruebas presentadas por el consejero Marco Baños con depósitos y movimientos bancarios ilegales y dudosos, con videograbaciones del “carrusel” realizado por seis personas que se formaban en la fila de Banca Afirme una y otra vez para realizar depósitos en efectivo.

El banco es de Julio César Villarreal Guajardo, un viejo aliado de los colaboradores de Andrés Manuel, quien no reportó los movimientos irregulares a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Bernardo González Rosas ni al SAT de Osvaldo Santín Quiroz.

A la par se dieron los retiros del fideicomiso en cheques de caja y cambio en efectivo con huellas que apuntan a equipos de candidatos de Morena. La defensa partidista es una puesta en escena de victimización que trata de justificar las ilegalidades, con el argumento: “se utilizó dinero del fideicomiso para beneficiar a los damnificados del sismo del 19S-2017”, sin embargo no lo justifica, ni elimina la evidencia del delito electoral que llevó a la autoridad en la materia a aplicar la multa de 197 millones de pesos.

López Obrador y Polevnsky calificaron la sanción como una vileza y venganza de la burocracia por el proyecto de recorte laboral y reducción salarial.

El impacto es trascendente desde que pega en la línea de flotación de la autonomía de las instituciones y debilita los contrapesos, situación que obliga a la reflexión sobre la vulnerabilidad de los organismos del Estado.

Un ejemplo claro lo vemos en el futuro del Estado Mayor Presidencial, cuya eliminación total, aún con obesidad burocrática, no se justifica, esto es, las Fuerzas Armadas no son organismos autónomos, dependen del Ejecutivo, sin embargo, su importancia que ahora es punto central del debate, exige replantear su protección o, al menos, escuchar los argumentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en manos de Salvador Cienfuegos Zepeda, y la Semar, de Vidal Soberón Sanz.

El marco jurídico del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea congrega una serie de códigos, leyes y reglamentos, entre los que se encuentra el reglamento del Estado Mayor Presidencial. El artículo 89 de la Constitución faculta al Presidente de la República para la plena toma de decisiones sobre las Fuerzas Armadas y solamente quedan exentos algunos formalismos que deben pasar por el Congreso, ahora dominado por Morena y sus aliados.

De acuerdo al resultado de las urnas, la alianza Juntos Haremos Historia tiene toda la posibilidad de impulsar y concretar cambios a voluntad. Me extraña que las ONG´s, el sector empresarial y los partidos políticos de oposición NO eleven la voz lo suficiente para obligar al debate de la virtual desaparición del Estado Mayor Presidencial.

No soy un entusiasta de la cultura castrense; de hecho, el lector podrá encontrar en mis artículos una férrea oposición a la militarización de los puertos hecha por Enrique Peña Nieto en diciembre del 2016 y aprobada por la mayoría de los partidos en el Senado, ya que estos principios van a contracorriente de la tendencia internacional de mantener en el sector civil la operación de los puertos.

La historia nos ha mostrado que la democracia que da victorias en las urnas a perfiles autócratas, corre el grave peligro de ser inhibida o, de plano, aniquilada con discursos de corte populista, evocadores del “mandato del pueblo”, expresado, en su versión obradorista, como “El clamor del cambio profundo expresado en las urnas”.

Espero equivocarme y que el ataque de López Obrador y Polevnsky contra el INE de Lorenzo Córdova, y el discurso incendiario de Gerardo Fernández Noroña en el Foro de Sao Paulo, en La Habana, no sea el inicio de intentos de toma del control total, pero es evidente que estos serán tiempos donde se ponga a constante prueba la autonomía de las instituciones y la democracia mexicana.

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