López Obrador intimida al Poder Judicial a través de Monreal y el Congreso

El Judicial es el único de los tres poderes que no está sometido por el Ejecutivo y Morena (Legislativo); es el contrapeso real y equilibrante en la concentración de poder que ahora estorba a la Cuarta Transformación

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Sospechosa la apurada iniciativa de Morena, en el Senado, contra jueces y magistrados. La intención revela el claro propósito de someter la autonomía del único de los tres poderes que no está en manos de Andrés Manuel López Obrador: El Poder Judicial de la Federación.

El argumento trivial de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, más que una iniciativa, es un arma intimidatoria para  imponer medidas en el Judicial que, presuntamente, evitarían cotos de poder, nepotismo y corrupción de jueces y magistrados, a partir de rotarlos y cuyos periodos propuestos, de tres a seis años, obedecen más a ciclos políticos que a un estudio a conciencia.


La medida es prematura, ya que parte del indefinido modelo de seguridad pública de López Obrador, Alfonso Durazo Montaño y Olga Sánchez Cordero.

La exposición de Monreal Ávila en la Cámara Alta es una tesis al vuelo; postula que tanto jueces como magistrados se “enquistan” en los cargos por el tiempo de permanencia, lo que provoca la descomposición de la justicia.

El razonamiento es tan simplón como la consulta que lo acompaña: Una seudoencuesta en Twitter -así como lo oye- aplicada a sus seguidores tiene el siguiente texto: “Hoy presenté una iniciativa para que jueces y magistrados tengan rotación cada seis años en el cargo para evitar el influyentismo y la corrupción. ¿Estás de acuerdo?”.

La inducción maliciosa le da un resultado avasallador, utilizable como linchamiento, donde el 89% de 11 mil 617 votos está de acuerdo con su propuesta.

El “método” que tiene el tufo manipulador del asambleísmo anacrónico disfrazado de consulta popular lo veremos, cada vez con mayor frecuencia, como la “voz del pueblo” en la Cuarta Transformación (4T), en cada golpe que se quiera asestar contra quien se oponga al proyecto de López Obrador.

En sincronía con el intento golpista de AMLO, Morena y Monreal al Poder Judicial aparecen los protegidos de la 4T con el manto de los “intocables”; estos son los líderes sindicales y funcionarios acusados de corrupción: Elba Esther Gordillo, Rosario Robles Berlanga, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI en Chihuahua, y muchos más.

El reclamo de “enquistamiento” a jueces y magistrados parece una mala broma en la historia de Monreal, ilustrada por su currícula, totalmente colgada del erario: Diputado federal 1988-1991, senador 1991-1997, diputado 1997-1998, gobernador de Zacatecas 1998-2004, diputado 2012-2015, jefe delegacional de Cuauhtémoc 2015-2017, senador 2018-2024 y lo que sigue.

En esa escala de incongruencias que en la 4T pretenden ser totalmente justificables apareció, en las últimas horas, un oculto bono más salario, autorizado en el Congreso a diputados, que suma más de 200 mil pesos a recibir el fin de año, en esta nueva Legislatura, de mayoría de Morena, y sus aliados, encabezados por Mario Delgado Carrillo.

No creo que Monreal, en realidad, piense que la reducción de los periodos de estancia, con límites de entre tres a seis años, evitará la corrupción, el nepotismo y los cotos de poder, como dice; el objetivo es otro: Intimidar y someter al Poder Judicial.

Aunque en cotos de poder hablamos de los Monreal como expertos. El periódico El Universal documentó que mil 400 hectáreas de tierra de labor en Zacatecas estaban en manos de la familia Monreal, en sólo 46 certificados del Registro Público de la Propiedad del estado, en el 2015 (https://goo.gl/cwGrdM).

Indudablemente, la autonomía del Poder Judicial es un peligro para el objetivo de concentración de poder de la Cuarta Transformación y su proyecto transexenal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de Luis María Aguilar ha defendido el salario de jueces, magistrados y consejeros, con cierto eco de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación.

Sin embargo, ese poder autónomo se ve como un gran dique que tenderá a equilibrar poderes. Las fallas son prematuras y evidentes; la más reciente es la fallida imposición de austeridad laboral; en la semana, más de 700 empleados del Senado optaron por retiros y liquidaciones voluntarias para evitar afectaciones al derecho creado durante décadas.

De igual forma, en las Fuerzas Armadas, el efecto perverso ha obligado a miles de elementos a acelerar retiros por las mismas razones; el personal castrense puede hacerlo después de 20 años de servicio, un éxodo que se incrementará en las próximas semanas.

Con la mayoría de Morena y sus aliados en las dos cámaras, Andrés Manuel, como representante del Poder Ejecutivo, concentra la gran fuerza. No habrá contrapesos ni equilibrios; tampoco fiscal general autónomo y anticorrupción.

En un sistema político sin equilibrios, los ciudadanos y la democracia somos los perdedores. La nueva administración va por el despliegue de tentáculos en las 32 entidades del país con los coordinadores estatales impuestos por Morena, que harán las funciones de vicegobernador con el poder del presupuesto federal y de los programas sociales con miras al 2021, año en que se jugarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y los congresos estatales.

Las entidades que no pudo apropiarse Morena en el 2018 son el objetivo en el 2021 para consolidar el poder absoluto con miras al 2024 y la continuidad transexenal de Morena y López Obrador.

En este escenario, la autonomía del Poder Judicial es un estorbo que pretende someter Andrés Manuel a través de sus alfiles parlamentarios: Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo.

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