Bonilla, la reelección disfrazada que pudo dañar a AMLO

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A riesgo de caer en lugar común, no es ocioso reiterar que en la condena unánime de los 11 ministros en el caso de la llamada “Ley Bonilla”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuperó ante la ciudadanía su condición de poder autónomo que empezaba a perder por la inclusión de personajes afines al Presidente López Obrador y la sospecha de que por su influencia Arturo Zaldívar la encabeza.

Pero esta independencia demostrada ante uno de los riesgos más graves que podría enfrentar la República si el gobernador de Baja California hubiese conseguido el voto de 4 ministros, tendrá más oportunidades de ser refrendada; por ejemplo, cuando alguien se atreva a pedirle que se defina sobre la militarización del país. Pero esa será otra historia.

Irónicamente, la desgracia de Jaime Bonilla ante el pleno unificado del más alto tribunal de la nación favoreció también al jefe del Ejecutivo Federal en un contexto ominoso en el que ya hay quien se atreve a hablar abiertamente de su destitución con el agravante de que lo hacen bajo el supuesto de ser voceros de amplios sectores de la población.

La condena a las pretensiones de Bonilla esgrimidas con pretextos ridículos y baladíes, como no haber leído la letra chiquita que redujo su mandato a solo dos años o que la entidad será quien pierda con su ausencia, entre otras cosas porque organizar nuevas elecciones costará mucho dinero, la resumió en pocas palabras el ministro presidente: “La legislatura local fraguó un fraude a la Constitución… se pretendió violar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución”.

Parece solamente un ingenioso juego de palabras, pero no es solo eso, sino reflejo fiel de lo que realmente pretendió Bonilla quien, quizás sin proponérselo o tal vez suponiendo que su pretensión encontraría eco en Palacio Nacional, pudo añadir a la hoguera de la polarización política que vivimos un leño más acompañado de un bote de gasolina ofreciendo a los enemigos del Presidente López Obrador argumentos para suponer que en realidad el episodio de Baja California se convertiría en antecedente para el surgimiento de una iniciativa popular, artificialmente espontánea como la de la cancelación del aeropuerto, demandado la extensión de su mandato por tres o cuanto más quiera.

Por ello, la condena más demoledora en la histórica sesión del lunes 11 del Pleno de la SCJN sin duda fue la advertencia del ministro Luis María Aguilar en el sentido de que la vigencia de la Ley Bonilla “se convertiría en una reelección disfrazada”.

El gobernador de Baja California sabía que la extensión de su mandato significaba precisamente un “elección disfrazada” que pudiera servir de antecedente para quien quisiera aprovecharlo en el futuro, aunque él pensaba en AMLO y por eso, creyendo interpretarlo y para conseguir su apoyo, se dedicó a propalar la supuesta compra de apoyos en la capital de la República, de la misma manera que, en una sesión a puerta cerrada y sin aviso previo en Rosarito, usufructuó lo invertido en diputados locales, mayoritariamente del PAN y del PRI, para vergüenza de los partidos políticos que fueron desplazados por Morena de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión.

Hoy se puede especular en cualquier sentido, incluso decir que lo de Bonilla fue un experimento fallido de López Obrador, pero lo cierto es que en una de las conferencias mañaneras el Presidente hizo frente a los rumores sobre sus presuntas aspiraciones reeleccionistas y firmó ante notario lo que no tenía que hacer pues ya lo obliga la Constitución.

Más aún, en IMPACTO se dio cuenta con puntualidad de una supuesta charla entre los jefes de los poderes Ejecutivo Federal y Judicial sobre lo que ha costado al país mantener el principio de la no reelección. En principio, una revolución.

La noticia de la histórica votación unánime de los ministros en contra de la “reelección disfrazada” ha sido sepultada por los torrentes de información sobre la pandemia, la crisis económica, la reapertura de actividades rumbo a la nueva normalidad y la militarización del país, pero es de imaginar lo que estaríamos viviendo si a este cocktel explosivo de noticias la SCJN hubiese sumado la anulación de obstáculos legales que diera pretexto para adjudicar a López Obrador la pretensión de utilizar en 2022 la consulta sobre la revocación de mandato para convertirla en preámbulo de otra para extenderlo.

Nunca sabremos si de tanta frustración acumulada por querer la Presidencia y no conseguirla, cuando al fin la conquistó llegó a anidar deseos de permanecer unos años más.
Es posible porque, aunque ha renunciado de manera voluntaria a mucho del oropel de la Presidencia, los mandatarios terminan encariñándose con el águila sobre el pecho, con la del respaldo de la gran silla y, en su caso, con la del atril desde donde ejerce el poder cada mañana, pero sobre todo porque está convencido de que para consolidar una transformación, como la Cuarta, seis años no son suficientes.

Más aún ahora que la pandemia del coronavirus y la caída de los precios petroleros, con la consecuente catástrofe económica que las está acompañando, consumirán del sexenio por lo menos dos años para medio normalizar lo que sus políticas económicas ya estaban convirtiendo en anormal, de tal suerte que su mandato real se reducirá a tres años, cuando mucho.

Lo cierto es que a partir de su firma ante notario de que no buscará la relección, de la votación unánime de los ministros de la SCJN, de la calificación de fraude a la Constitución por parte de Arturo Zaldívar a la desmedida ambición de Bonilla y la corrupción de los diputados panistas y priistas de Baja California, y a la lapidaria advertencia de Luis María Aguilar de que una extensión de mandato equivaldría a una “reelección disfrazada”, no hay lugar para que los sexenios dejen de ser de seis años, a menos que lo impulse o sostenga una asonada militar.

Por ahora, López Obrador debe agradecer a Bonilla haber quitado a sus enemigos un arma que en estos momentos habría sido letal para un Presidente que enfrenta escenarios imprevistos y que, a pesar de su repunte en las encuestas, le han valido el alejamiento de sectores esenciales de la población como las clases medias, gracias a cuyos votos pudo echar al PRI de Los Pinos y acorralar al PAN.

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