Con el subtítulo “Diálogos por la regeneración de México” se está celebrando, desde el 6 de marzo hasta el 29 de mayo, un ciclo de sesiones, dos veces por semana, para abordar los problemas nacionales por temas específicos, con la participación de, al menos, 10 expositores especializados durante la mañana y una conferencia magistral en la tarde, para concluir y cerrar con las propuestas que enriquecerán la plataforma que el Movimiento de Regeneración Nacional está planteándole a la ciudadanía para su mejor decisión el 1 de julio.
El pasado 15 de mayo me correspondió desarrollar el capítulo de “Corrupción, opacidad y dispendio” en la mesa que integraron Irma Eréndira Sandoval, Joel Herrera, Ricardo Rafael y Cuauhtémoc Velasco. En mi exposición señalé que la democracia electoral, que mucho tiempo permaneció como un objetivo central que automáticamente acarrearía un beneficio general, ha quedado, ahora, rebasada porque con la experiencia de Vicente Fox como producto de una elección ejemplar, la consecuencia no fue, obligadamente, una democracia funcional, sino que, por el contrario, se truncó la ampliación del acierto inicial y el balance fue de un retroceso significativo, al grado de que en la siguiente elección, de 2006, se reeditaron los fraudes electorales tradicionales de la época priísta.
En este contexto se hizo mención de que el instrumento que faltaba después de una elección libre y respetada es el que, en el ejercicio del poder, éste se sujetara a una supervisión cotidiana que no puede ser sino el resultado del conocimiento de la información que la autoridad proporcione al ciudadano para nutrir su buen juicio con conocimiento de causa.
Por ésta razón se encomió el esfuerzo que se hizo para crear la estructura legal para imponer a la administración pública el deber, irrenunciable, de informar a la comunidad nacional. En éste resultado debe reconocerse el compromiso de la doctora Irma Eréndira Sandoval, y de otros destacados juristas, para aportar las propuestas de normatividad con base en el derecho comparado, para lograr una legislación adecuada al propósito.
Así fue como nació no sólo la ley de la materia, sino el Instituto Federal de Acceso a la Información, que aunque, definitivamente, no ha cumplido a cabalidad su cometido, puede ser un inicio si se mantiene su verdadera autonomía y no cae en el control del Ejecutivo, como las amenazas que existen cuando es éste poder el que está induciendo la elección de los consejeros del instituto.
Si bien el complemento imprescindible de la fiscalización del ejercicio del poder para una efectiva democracia funcional, a partir de la información al ciudadano, tiene, todavía, una etapa importante que cubrir, para el caso, muy cierto, como ha ocurrido con Fox, que pese a su origen electoral legítimo, y a la obligación de informar, los resultados democráticos son adversos, y la corrupción, opacidad y dispendio evidentes, por lo que frente al incumplimiento crónico de quien es titular de los cargos de decisión, y la inexistencia de equilibrio de poderes con el Congreso, hace inalcanzable un mejor desempeño a favor del pueblo, es por lo que se da la necesidad de implementar otro mecanismo adicional que pueda sancionar ese comportamiento en una autoridad electa.
No obstante que, en nuestra Constitución, el Presidente de la República puede ser objeto de un juicio político, ante el Senado de la República, por incurrir en conductas contrarias a la Constitución y al buen despacho de los asuntos de la Administración Pública, en la práctica, ésta facultad congresional ha sido letra muerta, por lo que se hace indispensable crear un mecanismo más explícito para suspender el ejercicio del cargo por las causas que pueden existir, como son evidentes en el caso de Fox y Calderón. Es así, entonces, necesario consagrar, explícitamente, en la Constitución el derecho soberano del pueblo a revocar el mandato, motivando el acto con la precisión que la importancia de la medida requiere.
Así, entonces, el ángulo inferior de un triángulo de una elección válida y legítima debe complementarse con la obligación en el vértice superior de informar, sin limitaciones, al ciudadano en el desempeño de la función pública, y si, de éste flujo de conocimiento, se sigue que la continuidad errática de la función traerá consecuencias más negativas, es el caso de visualizar a tiempo un daño menor mediante la aplicación de la revocación del mandato.
¡A grandes males, grandes remedios!