AMLO debe evitar que Ayotzinapa también joda a su gobierno

En 48 horas, Andrés Manuel López Obrador ya no será Presidente electo ni candidato, sino Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y deberá medir las consecuencias de sus palabras y actos

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Se entiende la necesidad del Presidente electo de cumplir la promesa de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, sin embargo, debe cuidar que el caso no se convierta para su gobierno en lo que fue para el del Presidente Peña Nieto, el principio del fin.

La desaparición de los jóvenes estudiantes de pedagogía no era tema del gobierno federal, pero se impuso el consejo de atraerlo y ni la PGR ni la Secretaría de Gobernación supieron cómo manejarlo.


En cambio, hubo quienes utilizaron los sangrientos hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, para convertirlo en arma política letal a grado que hoy es considerado de manera errónea como “crimen de Estado”, no obstante tratarse de un episodio concreto y no de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Es muy probable que los miembros de la Comisión encontrarán a quién culpar por errores en la investigación, no de la desaparición, muerte y calcinamiento de los estudiantes porque la mayoría de los presuntos responsables están en la cárcel y otros, aún confesos, han recuperado la libertad por vicios en su aprehensión e interrogatorios.

Pero el próximo Presidente debe entender que, más allá de los padres de los 43 que con toda razón exigen justicia, están los utilitaristas de siempre, los que aprovechan todo para llevar agua a su molino.

Nada haría más feliz a esta subespecie política que la Comisión encontrará culpable al Regimiento de Infantería acantonado en Iguala para colocar al Ejército en el banquillo de los acusados.

Nada hay en los 600 tomos de la investigación que pruebe participación militar en la masacre o en la desaparición de los estudiantes, pero cuando los promotores de la Comisión y la eternización del problema hablan de crimen de Estado es con la intención de ir sobre el Ejército.

En 48 horas, Andrés Manuel López Obrador ya no será Presidente electo ni candidato, sino Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y deberá medir las consecuencias de sus palabras y actos.

Hace muy bien en decir que será intolerante contra la corrupción y con los culpables, quien sea, incluidos sus familiares, pero quienes quieren sangre en el caso Iguala-Cocula pretenden enjuiciar al Ejército por algo cuya responsabilidad no ha sido probada.

Es indudable que algunos mandos, oficiales y tropas de todas las Fuerzas Armadas han estado o están involucradas con el crimen organizado por todo el país. Bien vale la pena investigarlo y, en su caso, extirpar de raíz el mal.

Pero deberá ser cuidadoso con los expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y los del GIEI, porque no son mejores que Tomás Zerón y los suyos.

Por ejemplo, un primer paso de la Comisión podría ser preguntar al sacerdote Alejandro Solalinde, por necesidad jurídica, cómo fue que supo que 17 estudiantes fueron calcinados.

La versión oficial dice que 19, pero fue el primero en hablar de fuego y su cifra es muy aproximada a la de la PGR.

Desde luego su información no fue obtenida en confesión. Sería saludable que nos platicara cómo, sin mayor poder que el de su sotana, conoció el desgraciado desenlace de aquella noche en que se jodió el sexenio.

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