Aeropuerto de Texcoco consulta manipulada

No es tanto la corrupción lo determinante en el cambio del proyecto, sino, más bien, desligarlo de la transexenalidad peñanietista

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Por decisión unilateral de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, se llevó a cabo la “consulta popular” para determinar la suspensión o continuación de la mega construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El resultado era previsible.  Desde su periplo como candidato siempre mostró su desacuerdo con la construcción que identificaría, para siempre, al gobierno de Peña Nieto.

Sólo que para evitar la construcción del aeropuerto de Texcoco no podía hacerlo por él mismo; necesitaba el aval de una “consulta” en la que el pueblo le diera la razón de que el aeropuerto se encontraba en un lugar equivocado y bajo sospecha de que los contratos se habían otorgado bajo el signo de la corrupción, en licitaciones amañadas, para favorecer a los empresarios consentidos del sexenio.


La percepción de López Obrador nada tiene de novedosa. La obra pública durante el largo ciclo priísta, y la docena panista, siempre fue pródiga para abultar la cartera de quienes otorgaban concesiones y contratos. La constante de corrupción se repetía, y se repite, en el Gobierno de la República y en los gobiernos de los estados.

Lo malo fue que la “consulta” no cumplió con las expectativas esperadas y, en cambio, hubo una severa manipulación en los resultados.  Las evidencias están a la vista.  Se supo de casillas en las que se pudo documentar que un solo votante lo hizo en 2, 3 y 4 ocasiones.  Esa circunstancia deslegitima el resultado y pone de relieve una votación a modo para obtener un resultado favorable.

Una señal inequívoca de que se dirigía la consulta, más que el ánimo de obtener una votación a conciencia, la constituyó el lugar de la ubicación de las casillas. Resultó mala práctica acomodarlas en lugares donde los improvisados electores no conocen o ni siquiera se han subido a un avión, y aun así se atrevieron a votar.

Por ejemplo, en la Ciudad de México no se tienen noticias de casillas en zonas de poder económico, como el Pedregal de San Ángel, las Lomas de Chapultepec o Tecamachalco, en donde la gente hace uso frecuente de transporte aéreo, en contraste con la pobreza de Chiapas, en donde la mayoría de la población está incapacitada para opinar sobre la conveniencia o inconveniencia de un aeropuerto.

Sin embargo, más allá de que la gente viaje o no en avión, conozca o no un aeropuerto, la decisión para la continuación de una terminal aérea jamás debe de estar vinculada a cuestiones de carácter político, como ocurrió la semana pasada.  No es necesaria votación alguna cuando lo más importante es la opinión de expertos, con el concurso de asociaciones nacionales e internacionales dedicadas a la navegación aérea.

Si la corrupción es el mayor argumento para cancelar la obra, trasladarla a la base militar de Santa Lucía y rehabilitar el aeropuerto de Toluca, hay una doble contradicción.  El candidato López Obrador se declaró siempre por el perdón, aunque no olvido, pero, además, ha garantizado que a quienes participan como constructores en Texcoco se les respetarían los contratos, aun cuando, de antemano, han sido acusados de cómplices con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Entonces se infiere que no es tanto la corrupción lo determinante en el cambio del proyecto, sino, más bien, desligarlo de la transexenalidad peñanietista.  Sólo un ejemplo.  Con todo y el saqueo de su sexenio, Miguel Alemán siempre estará ligado a dos grandes obras que definieron, en gran parte, el destino de México: El actual aeropuerto Benito Juárez y la Ciudad Universitaria, para albergar a la Universidad Nacional Autónoma de México.

El flanco débil de Andrés Manuel siempre han sido los mercados, por la desconfianza a la izquierda desde la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y a pesar de ello no previó, o le valió, la reacción de todos los agentes económicos.  La Bolsa Mexicana de Valores cayó después de nueve años de permanecer estable.  El peso se devaluó de 18 y hasta 20.60 por dólar, con lo que la deuda externa aumentó un 5 por ciento, algo así como 300 mil millones de pesos, cantidad mayor al costo del aeropuerto de Texcoco. En Wall Street, las empresas mexicanas perdieron 17 mil 500 millones de dólares (350 mil millones de pesos), cantidad también mayor a la presupuestada para el aeropuerto hoy suspendido.  Las tasas de interés, después de 15 años, se dispararon al 5 y 6 por ciento, con lo que aumenta la deuda interna y presionan sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.  Y son apenas algunas de las reacciones financieras que se han manifestado.

Por su parte, Mario Delgado, diputado federal por Morena y presidente de la Cámara de Diputados, ya adelantó una reforma a la Constitución para convocar a una consulta popular el primer domingo de julio de cada año.  Es previsible, entonces, que una de esas consultas sea para preguntar al electorado si está de acuerdo con la reelección presidencial, prohibida desde 1928, o, más específico, con la reelección de López Obrador.

De darse esa reforma, de antemano debería vetar al Presidente en funciones y autorizarla constitucionalmente hasta para el año 2030.  Ello evitaría un atentado a la democracia político-electoral y la odiosa figura de reformas con dedicatoria.

Una consulta popular es de la más grave y trascendental importancia para la vida institucional y democrática del país. Prevista hoy para realizarse cada tres años, involucra, nada más y nada menos, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; al poder electoral y al poder ciudadano.  Es un derecho del ciudadano previsto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero con reglas específicas para evitar el abuso, la perversión de su sentido democrático y el uso de prácticas inmorales.

El artículo mencionado establece que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, por el 33 por ciento de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, o el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, algo así como un millón 650 mil electores.

Para velar por la constitucionalidad de la consulta, la ley establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declarará sobre la convocatoria que realice el Congreso de la Unión para determinar si es o no procedente, en tanto que el Instituto Nacional Electoral será responsable de la organización, cómputo y declaración de resultados.

Para evitar duplicidad de gastos se previene que la consulta popular se realice el mismo día de la elección federal, es decir, el 1 de julio. López Obrador y su equipo no hubieran tenido ninguna dificultad de convocar al 2 por ciento de los electores y desaprovecharon tan inmejorable oportunidad, que los hubiera alejado de toda sospecha de manipulación.

Si la Constitución prevé que la participación del 40 por ciento de los electores hace obligatorio el resultado de la consulta, los 30 millones de votos obtenidos le hubieran dado a Andrés Manuel legitimidad a la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y la reacción de los mercados no habría sido tan severa.  Ampliaremos…

 

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