La tragedia de Coahuila supera a la de muchas otras de las entidades de la República. Su deuda pública es la más alta de todas, con un monto que, ahora, puede llegar a 37 mil millones de pesos, superior al total de su presupuesto anual y con un incremento diario por los intereses causados y la baja amortización de capital. El primer trimestre, el erario pagó 694 millones a los bancos acreedores, cuando los ingresos por participaciones federales apenas llegaron a 730 millones.
Lo más grave es que, a la fecha, no se tiene ninguna información del destino de esos recursos. Es sabido que, en gran parte, se desviaron a fortunas personales y, en otra, se destinaron al pago de campañas del PRI en diversos estados, apoyo que le retribuyeron a Humberto Moreira otorgándole la jefatura nacional de su partido y la condescendencia para que su hermano Rubén ocupara el gobierno para cubrirle las espaldas.
Naturalmente, a estas fechas, el Congreso local ha estado llevando a cabo las reformas necesarias para encubrir el desfalco, aprobando cambios en las leyes necesarias y reestructurando la administración pública, para regresarla a la organización original, sobre todo en procuración de justicia y en finanzas. El pueblo sigue esperando y pagando nuevos impuestos y derechos ante un panorama desolador.
El Movimiento Claridad y Participación Ciudadana A. C., que se constituyó para exigir el rendimiento de cuentas, ha estado interponiendo amparos contra los aumentos impositivos y contra la negativa de informar de la utilización de los recursos públicos. La situación, sin embargo, va de mal en peor porque Rubén Moreira ha llegado al más extremo cinismo de hablar de una nueva etapa de transparencia y ha organizado, con los grupos empresariales cómplices, unos dizque consejos de supervisión del gasto público para recobrar la confianza ciudadana. El pueblo difícilmente se tragará ésta “rueda de molino”.
El colmo, ocurrido la semana pasada, fue el que el que fuera secretario de Gobierno con Humberto Moreira, Armando Luna Ramos, fue nombrado nada menos que presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el Congreso, dócilmente, aprobó la propuesta con sólo tres diputados en contra.
Por si todo éste saqueo fuera poco, la otra calamidad es la de la sequía. Como seguramente nos acordamos, el estado sufrió, en 2011, el peor incendio de su historia y el de mayor magnitud de toda la República; 440 mil hectáreas devastadas por la indolencia e irresponsabilidad de las autoridades, que por haberse ocupado de las campañas políticas dentro y fuera de Coahuila, a las que asignaron un ejército de burócratas con equipo móvil y dinero, dejaron sin atender el ramo de protección civil, por lo que los incendios se propagaron rápidamente, con respuestas tardías e insuficientes. En Guadalajara, el incendio reciente cubrió 4 mil hectáreas y hasta Calderón se presentó enfadado.
Hoy, sin dinero, porque los recursos de emergencia y apoyo a los campesinos por la sequía no llegan o, si acaso, los entrega el PRI a cuentagotas, por parte del estado, para compra de votos o, por parte de las dependencias federales, los distribuye el PAN con el mismo propósito, lo cierto es que, con todo y eso, los apoyos para siembra y equipo agrícola no se autorizan porque los fondos se disponen una vez que el estado aporte su 20 por ciento, lo que, desde luego, no ha ocurrido.
Lo último y más vergonzoso es que el titular del Sistema de Administración Tributaria del estado, Javier Villarreal, puede quedar exonerado de cualquier responsabilidad con tan sólo el pago de 25 millones de pesos, que corresponde a los intereses que el estado pudo haberse ahorrado. Y con ello se pretende liberar a Moreira de la autorización de la falsificación de los documentos que sirvieron para conseguir los últimos 3 mil millones de pesos que prestaron tres bancos. El ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que vino a Saltillo a denunciar “el moreirazo” en plena campaña electoral hace un año, comparece en la PGR sólo como testigo para lavarse las manos con el crimen contra el patrimonio de los coahuilenses. Así se está cocinando la impunidad.
Surge, sin embargo, una esperanza cuando, en Estados Unidos, las autoridades hacendarias le siguen la pista al lavado de dinero que el cuñado de Villarreal Hernández operó con los fondos sustraídos a los coahuilenses. Es precipitado adelantar vísperas, pero sí surge una esperanza de justicia.