La profanación a la Catedral de Culiacán donde fueron “decapitadas” 48 imágenes y tuvo un conato de incendio, se suma a los brutales ataques que han sufrido las iglesias en el presente sexenio, siendo la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México la más afectada la cual el año pasado, en el último de ellos fue violentada por un “grupo de seudofanáticos” los cuales en realidad eran miembros de un partido político y que destrozaron en plena misa de 12 una imagen de la Virgen de Guadalupe, los hechos, en un lado y en otro, han quedado en la impunidad, no ha habido castigo para los responsables y los encargados de los asuntos religiosos en el país sólo sirven para “sancionar” a los ministros de culto o a las diócesis que a su parecer violentan la “ley” pero brillan por su ausencia cuando se trata de garantizar la libertad de culto, condenando pública y enérgicamente el que se atente contra este derecho humano fundamental, exigiendo la atracción de las investigaciones y coordinando a las autoridades federales la búsqueda y castigo a los responsables que utilizan el amedrentamiento como un factor de violencia en los lugares que están destinados a ser refugios de paz y oración, y que por cierto son propiedad de la nación.
AFRENTAS
Durante este sexenio que está por terminar, se tuvieron los más graves atentados en la Catedral Metropolitana desde que se tenga memoria, uno de ellos sucedió cuando un grupo de simpatizantes de un partido político exaltado por la arenga de los oradores creyendo que las campanas del recinto “querían callar la voz del pueblo” a la arenga de vamos a averiguarlo, irrumpieron violentamente causando destrozos y originó la suspensión del culto cerca de una semana, lo cual no sucedía desde la Ley Calles, en ese tiempo, el gobierno federal se dedicó desde la barrera a observar el conflicto sin intervenir siendo el hoy flamante embajador de España, Ramírez Acuña, entonces secretario de Gobernación, finalmente se logró un acuerdo con la ciudad en la cual, ésta se haría responsable de garantizar la seguridad de los fieles y del culto, por cierto dicho partido que no mereció un solo comentario o condena por parte de ninguna autoridad federal, fue el mismo que mereció toda la atención cuando quiso mediante la ley mordaza callar a sus críticos por mencionarlos con nombre y apellido y ahí sí, para silenciar encontraron pronta respuesta del gobierno federal, paradojas.
Ahora con el “vandalismo” sufrido en la madrugada del jueves a viernes pasado, se ha dejado una vez más la responsabilidad y la “confianza“ a las autoridades locales y municipales, según expresó el vocero de la Diócesis de Culiacán, pero no es suficiente porque mientras la intervención de la autoridad federal no sea tajante y definitiva, frontal y decidida para atacar las causas y efectos de la violencia perpetrada en contra de los lugares de culto, estos seguirán sucediendo y el riesgo es que ante la carencia de valores, los criminales sean organizados o espontáneos, están profanando y dejando de respetar los espacios mínimos de convivencia, y el Estado no está tomando las medidas necesarias dejando a los fieles en estado de indefensión ante la impunidad, sumándose a ellos, los hechos violentos que han sufrido en su persona sacerdotes, los robos de arte sacro en las iglesias que a manos llenas se llevan a plena luz los delincuentes y ahora las decapitaciones de esculturas en los templos, es urgente que este hecho no se incluya o circunscriba como un tema de la violencia generalizada que vive el país y que en los últimos días se ha recrudecido en Sinaloa, es imperante que se atienda como un tema particular, porque particular y de especial importancia es la garantía a la libertad de culto que hoy está inscrita en nuestra Carta Magna, y que es obligación del gobierno federal hacerla valer, por lo que es necesario que se recomponga la mala costumbre que ha acompañado estos años de gobierno de voltear hacia otro lado y que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones del caso y que la Secretaría de Gobernación, haga indicaciones puntuales de cuáles serán las medidas que adoptará para garantizar esa libertad que por ley tiene bajo su resguardo, de lo contrario el Estado seguirá enmarcando “derechos y libertades”, velará por los “intereses” de los partidos políticos, cuando en ejercicio de esa libertad fundamental se les critique, pero seguirá negándose a hacer, como gobierno, lo que está llamado a hacer, que es garantizar la libertad de culto.
QUÉ FRACASO
Qué bueno que se haya aprobado la Ley de Víctimas, pero qué fracaso como sociedad es que sean tantas las víctimas que se necesite una ley especial para su atención, no queremos que después se necesite inscribir a los ministros o fieles que por buscar ejercer esa libertad, engrosen esas filas, ya sucedió con la Guerra Cristera y la represión del gobierno oficial de aquella época, hoy ya sea por ideologías políticas o por criminales, se sigue atentando contra la libertad de creer, ojalá y el gobierno federal no espere a ver sangre en los templos para reaccionar.
Nuestra solidaridad y oración para el señor obispo Don Jonás Guerrero Corona y la Diócesis de Culiacán.
Armando Martínez Gómez
- Líder de los Abogados Católicos
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