2 de octubre y 26 de septiembre

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Algunas de las versiones que corrieron para justificar o al menos explicar por qué el presidente Gustavo Díaz Ordaz recurrió a la insólita autorización del Ejército para acabar de una vez por todas con las protestas del 68, fue la de que se encontraba desesperado por la inminente inauguración de las Olimpiadas y no encontró otro camino que el asesinato masivo y a mansalva de estudiantes. La hipótesis tiene toda la lógica del mundo a no ser porque se trataba de un presidente constitucional, sujeto a derecho y, de vidas de ciudadanos que ejercían el derecho a manifestarse en forma pacífica y con causa para hacerlo. Esta elemental ecuación es la que falta en la mente obnubilada de los dictadores, que como Díaz Ordaz, no conciben el camino civilizado para actuar como autoridad democrática.

La misma versión se ha lanzado en lo de Ayotzinapa en cuanto a que la escuela normal había sido siempre foco de inquietudes que trascendían a protestas y, en el caso de hace dos años, como era ya tradicional, los estudiantes preparaban su traslado a la Ciudad de México para solidarizarse en la conmemoración luctuosa de Tlatelolco. La respuesta oficial fue la misma de hace 48 años: “acábenlos” para que podamos cerrar la normal y terminar con esa lata de movilizaciones que dañan a terceros y dejan al gobierno en evidencia por su ineptitud. El paralelismo con el 68 es evidente. Ahora tampoco se ciñe el poder político al canon jurídico que lo dirige y limita.

A medio siglo de distancia se repitió lo mismo. La fuerza de la violencia institucional se prueba contra toda capacidad de respuesta ciudadana que en el transcurso de las semanas tiende a debilitarse por la elemental necesidad de subsistencia de los inconformes, y por el efecto de intimidación y temor que a otros inhibe para seguir participando. El final o desenlace que parecía incierto, se va imponiendo a favor de quienes tienen las armas, el poder, el dinero y el cinismo para actuar sin el menor escrúpulo contra los que pretenden diálogo real y abierto.

Ese sistema de gobierno “diazordacista” que parecía anacrónico, inhumano, superado, se mantiene pese a que la democracia electoral semiabierta parecía la fórmula para enterrarlo. La realidad ha sido distinta, quien llega al poder por cualquier vía, se siente predestinado a ser infalible y no requerir, ya, del diálogo ciudadano, ni respeto a la Constitución porque el gobernar exige firmeza y decisión. Los que militaron en algún partido de oposición de pronto se transforman en “prácticos”, que interpretan mejor que nadie la realidad y no necesitan oír más al gobernado y mucho menos, pensar que puede tener razón o sus planteamientos sugieren opciones de solución justas y conforme a derecho. Se desechan a priori las molestas demandas de quienes “siempre piden”.

Naturalmente para ellos el mejor modelo de gobierno, es el de la oscuridad. Las decisiones se toman, como dijo López Portillo, en las cuatro paredes de la soledad presidencial. Esta técnica se traslada a todos los niveles de la administración y de la representación popular. El ciudadano ya ejerció su derecho cuando votó, -dicen- ahora que no se impaciente, ya vendrá otra oportunidad para hacer valer su inconformidad. Más vale ocupar el tiempo para atender a Trump, que perderlo oyendo a los maestros disidentes.

Las consecuencias de estos ciclos de violencia oficial recurrentes son evidentes. Si en algunas áreas de la administración pública algo funcionaba, ahora es global la ineficiencia y la parálisis. El Poder Judicial que debía hacer el contrapeso del Ejecutivo ante la lamentable postración del Legislativo, ha claudicado y así como rechazó la demanda de millones de mexicanos que a través del derecho a la consulta pedían revisar la reforma energética, así también ahora impiden que las empresas otorguen prestaciones a sus trabajadores al no permitirles la deducibilidad.

El riesgo de colapso es inminente. La farsa de la lucha anticorrupción patrocinada por los corruptos, pretende enfocar en esa vertiente el primer problema de México que, sin duda, es uno de los centrales pero, a su vez, se intenta reducir la importancia de la ineficacia de la administración pública que por un lado devora recursos que los vuelve improductivos y por el otro, acapara el poder de represión para sustituir la aplicación de la ley y la sustentación ética de las decisiones de gobierno ante los diversos sectores sociales. Tlatelolco y Ayotzinapa son el paralelismo de la antidemocracia en la gestión pública. Cegar la vida de los ciudadanos antes que oírlos y proceder sin prejuicios a reconocer o no su derecho en términos imparciales y de justicia, es suicida para el futuro de nuestra patria.

Todos somos cómplices pasivos ante el drama de nuestra historia. Unos más otros menos, Mas grave o menos, según nuestra responsabilidad en la vida social; se nos va el tiempo para remediar el cada día más claro camino a la ruina nacional. Hay sin embargo esperanzas en quienes toman la delantera en el rescate de esta debacle. De un sector tradicionalmente cómplice por acción por omisión, surgió una voz que llama a los empresarios auténticos, que no a los que se encuentren con ese nombre para hacer negocios turbios, a reaccionar confrontando los riesgos. El empresario yucateco Alejandro Legorreta encabeza esa cruzada de rectificación profunda. En otros sectores surgirán los mexicanos que nos obliguemos al esfuerzo. No es opción: ¡Hoy o nunca!

 

 

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