MÉXICO, PAÍS DE DESIGUALDADES

Herencia colonial, profundamente arraigada en la realidad mexicana, los dramáticos contrastes sociales se han perpetuado a lo largo de los siglos. Se origina y profundiza con las políticas públicas.

En la época colonial, las mercedes reales, la entrega del patrimonio de la Corona a los influyentes, constituyeron la fuente del enriquecimiento familiar. Las dilatadas extensiones de tierras entregadas, en propiedad, a las familias favoritas de la Corte fueron el origen del régimen latifundista de las haciendas y el correlativo peonaje. Las mercedes reales para la explotación minera complementaron la consolidación de una sociedad profundamente inequitativa, la sociedad señorial-latifundista.

En la etapa independentista, el aprovechamiento de los bienes públicos quedó al arbitrio del gobierno republicano: Las concesiones para la construcción de vías férreas y para la operación del servicio de la banca comercial fueron configurando la nueva clase propietaria, al tiempo que se acentuaba la concentración de la propiedad rural como consecuencia de la aplicación de las leyes de desamortización y de baldíos.

En respuesta al clamor de campesinos hambrientos, la Reforma Agraria repartió la tierra y moderó la inequidad de la riqueza rural. Al mismo tiempo, siguieron avanzando los mecanismos de concentración del ingreso a través de la adjudicación de bienes públicos. Se extendieron las concesiones para la prestación de servicios públicos: Electricidad, transportes eléctricos, servicios financieros, telecomunicaciones, transporte de carga y pasajeros, aviación, servicios de radio y televisión, etcétera. De esta manera se fueron constituyendo los llamados “monopolios naturales”, inherentes al desarrollo urbano-industrial.

Sin embargo, el inevitable proceso de monopolización del poder económico no fue acompañado con mecanismos de compensación enderezados a moderar los efectos de la concentración de la riqueza y el ingreso. Se puso énfasis sólo a la acumulación del capital, para favorecer la multiplicación de los empleos para una sociedad que registraba un proceso irrefrenable de vertiginosa reproducción demográfica (a mediados de los años 50, México y España tenían la misma población: Alrededor de 33 millones de habitantes. Hoy, España tiene 42 millones y México 113 millones). “Primero producir, después redistribuir”, fue la consigna de la política económica

DÉBILES MECANISMOS DE COMPENSACIÓN SOCIAL.

En la etapa del crecimiento económico acelerado (1934-1981), las políticas públicas ignoraron la atención a los mecanismos de redistribución del ingreso. A lo largo de medio siglo se creó un sistema de seguridad social elemental, se implantó el reparto de utilidades inoperante y se estableció un mecanismo de financiamiento de la vivienda para los asalariados. Sólo la educación y la salud asistencial tuvieron un alcance universal.

A la luz de las experiencias de las sociedades desarrolladas, han sido dos los mecanismos de redistribución del ingreso no expropiatorios: (i) Progresividad en los impuestos sobre la propiedad y el ingreso y (ii) sistemas universales de seguridad social. Ambas acciones se aplican simultáneas.

El resultado redistributivo de su aplicación se refleja en el ingreso familiar. En los países desarrollados –sobre todo aquellos gobernados por la Social Democracia-, los índices de concentración de ingreso se corrigen hasta en más de 10 puntos (índice de Gini) gracias a la aplicación de ambas políticas. En efecto, al comparar la distribución del ingreso familiar antes y después del pago de impuestos personales, y de las contribuciones a la seguridad social, se advierte una sensible corrección en la desigualdad entre los miembros de la sociedad.

Este es el camino a seguir: El próximo gobierno debe proponerse moderar la desigualdad social. No es por la vía de dádivas inspiradas en el indignante “limosnerismo” electorero como se va conseguir esta legítima aspiración, sino mediante medidas compensatorias tanto en el renglón de los tributos como en gasto en materia de seguridad social. (Continuará)

* Ex regente del DDF y ex director general del ISSSTE