Va Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana

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El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como un rediseño de gobierno de diversas dependencias y secretarías del gobierno entrante.

En el marco de su sesión ordinaria se aprobó, por 72 votos a favor en lo general y 46 en contra, la reforma que, además, crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales y aglutina las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).


Sin embargo, en este tema, senadores de todos las bancadas, incluida, por Morena, Olga Sánchez Cordero, presentaron, para el debate en lo particular, la reserva del Artículo 27 Fracción VIII, en materia de medios de comunicación públicos, con la finalidad de modificar la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados indica que correspondería a la Secretaría de Gobernación administrar el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que tendrá a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes, así como proponer la política criminal.

Paralelamente, desaparece la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar, y se cambia el nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Asimismo, se aprobó la figura de delegados estatales, quienes tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral; funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

Igualmente, la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos.

 

 

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