Piden ‘cabeza’ de Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito

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Hasta en tanto no aclare su presunto enriquecimiento ilícito, Alejandro Moreno Cárdenas debe renunciar a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo exigió la corriente Democracia Interna del tricolor luego de que un diario de circulación nacional diera cuenta del inicio de una indagatoria contra el ex gobernador de Campeche.

“@alitomorenoc debe renunciar a la presidencia del CEN del @PRI_Nacional para aclarar este asunto.

“Y si se comprueba su evidente enriquecimiento ilícito, debe ser expulsado del partido”, refirió Democracia Interna del PRI, que encabeza Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, vía Twitter.

De acuerdo con la indagatoria citada con anterioridad, iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), Moreno Cárdenas se hizo de 16 inmuebles en Campeche, uno de ellos una residencia valuada en 46 millones de pesos y construida en dos años, periodo en el ahora dirigente nacional del Revolucionario Institucional reportó ingresos por 5 millones de pesos anuales.

 

QUE FGR NO SE CONVIERTA EN UN INSTRUMENTO PARA PERSEGUIR

La secretaria de Comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez Ramos, publicó una carta en Twitter que da respuesta a una nota de un diario de circulación nacional en la que se revela que hay investigaciones contra el líder nacional de dicha fuerza política.

Dicho medio de comunicación impreso resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, por presunto enriquecimiento ilícito, por adquirir 16 inmuebles en Campeche, entidad donde fue gobernador.

En una misiva de dos páginas, Sánchez Ramos aclara que dicha información se filtró a dos días de que los diputados del PRI votaran las leyes secundarias en materia de reforma educativa, donde el PRI se opuso porque se sacrifica el derecho de los niños de México a una educación de calidad.

Y también porque la fuerza política rechazó la iniciativa sobre las factureras por el riesgo que implica para la seguridad jurídica de pequeños y medianos empresarios, señaló.

Por ello, dijo, “confiamos en que la FGR no se convierta en un instrumento para perseguir a los opositores del régimen”.

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