PGR determina no ejercer acción penal contra César Duarte

El acuerdo se basa en la no existencia de elementos para procesar a los señalados por el denunciante, Duarte Jáquez y Herrera Corral, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se prevé y sanciona en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal

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La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, y el secretario de Hacienda durante su administración, Jaime Herrera Corral, por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal.

Así le notificó la dependencia mediante oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 al líder de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, quien en el mes de septiembre del año 2014 presentó una denuncia penal contra Duarte Jáquez y Jaime Herrera por el presunto desvío de recursos al Banco Unión Progreso.

“Esta Representación Social propone la consulta del no ejercicio de la acción penal, conforme a los fundamentos y argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita; delito bancario y defraudación fiscal”, dice el documento.

La agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, María Elena Velasco Ramírez, notificó mediante el oficio PGR-UEAF/DG/582/2018 a García Chávez, el acuerdo del 5 de enero de este año, en el que se determina no proceder penalmente contra los denunciados, por los delitos de competencia federal.

El acuerdo se basa en la no existencia de elementos para procesar a los señalados por el denunciante, Duarte Jáquez y Herrera Corral, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se prevé y sanciona en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; como tampoco por el delito bancario contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito y el de defraudación fiscal, contemplado en el Código Fiscal de la Federación.

En el oficio enviado a García Chávez, se le notifica que cuenta con 15 días hábiles para manifestar alguna inconformidad por la determinación emitida por el MPF.

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