Corte da ‘dientes’ a policías

Ministros avalan revisiones a personas y autos sin orden judicial, pero con ‘sospecha razonable’

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la figura de las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial, pero únicamente en caso de sospecha razonable o flagrancia.

Durante la sesión de este martes, el pleno del máximo tribunal del país aprobó por mayoría de votos porciones de tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo proyecto de propuesta fue elaborado por el ministro Javier Láynez.

Dichos artículos fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al señalar que permiten las inspecciones externas y superficiales por parte de los policías en la investigación de delitos.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, afirmó que las inspecciones son una medida proporcional, idónea y con un fin constitucionalmente válido, de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos.

La mayoría de ministros coincidió en que las inspecciones constituyen controles preventivos provisionales que se encuentran autorizados no sólo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación y por tanto, se reconoce la validez constitucional de los preceptos impugnados.

Láynez Potisek dijo que la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista del policía, o cuando la inspección es la que lo revela, y recordó que los jueces de control son los que calificarán si dicha inspección fue legal.

El pleno de la Corte aprobó por unanimidad el Artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la detención en flagrancia por delitos que requieren de querella.

La CNDH alegó que dicho artículo viola los preceptos pro persona, de presunción de inocencia y de legalidad, las formalidades esenciales del procedimiento, y los derechos de seguridad jurídica y a la libertad personal.

Algunas porciones de los artículos 251, 266 y 269 del Código fueron avaladas por mayorías de ocho votos, y otras sólo tuvieron siete, por lo que José Ramón Cossío advirtió que no habría votación suficiente para que los criterios del proyecto sean obligatorias para el resto del Poder Judicial.

De acuerdo con lo aprobado, los criterios adoptados este martes no son aplicables a las revisiones en inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

ES VÁLIDO QUE POLICÍA INSPECCIONE AUTO O VEHÍCULO

Se reitera que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon constitucional que los cuerpos policiacos puedan llevar a cabo revisiones a personas y vehículos sin contar con mandamientos judiciales; “cuando la policía recibe una denuncia y está investigando delitos, es válido que pueda inspeccionar a una persona o a un vehículo”.

En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los ministros votaron ocho a favor y tres en contra para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH, quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra Margarita Luna Ramos enfatizó que el Artículo 132 señala que son obligaciones de la policía practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público; en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presidente, Luis María Aguilar, estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre su ropa o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

PIDE CANCILLERÍA ESPERAR PRONUNCIAMIENTO DE CORTE SOBRE LEY DE SEGURIDAD

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, consideró necesario que organismos internacionales esperen el pronunciamiento definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al contenido de la Ley de Seguridad Interior.

Lo anterior, luego de que, desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, opinó respecto a los estándares de dicha ley en cuanto a las garantías individuales.

Ruiz Cabañas dijo que “no hay que adelantar en este momento criterios sobre si va o no a ser positiva. Nosotros pensamos que sí. Pero, hay que esperar a la Suprema Corte de Justicia a que se pronuncie”.

Respecto a la petición del alto comisionado para que México instituya una Fiscalía General de la República eficaz e independiente, el funcionario de la Cancillería recordó que en el Congreso mexicano aún no hay acuerdos para avanzar es este proyecto.

El subsecretario fue entrevistado después de participar en las mesas de análisis “El Acuerdo de París, a un año de su entrada en vigor, retos y oportunidades para México”, organizado por el Senado de la República.

 

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