Juez emplaza a FEPADE a resolver prescripción del caso Emilio Lozoya

La juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México determinó que la Fiscalía Electoral, que depende de la Procuraduría General de la República, violó el principio de legalidad y seguridad jurídica.

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La juez federal Luz María Ortega Tlapa concedió un amparo al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que obliga a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a pronunciarse de nuevo, en el sentido de si los delitos que se le imputan al quejoso por el caso de Odebrecht ya prescribieron o no, para que se pueda determinar la carpeta de investigación.

La juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de


México determinó que la FEPADE, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), violó el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Después de que Lozoya Austin se declarara inocente respecto a las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht, un juez emplaza a la FEPADE a resolver prescripción de dicho caso.

Dicho de otra manera, el juez pidió se resolviera la investigación.

La petición hecha a la FEPADE se da luego de que Lozoya está acusado de triangular dinero de la empresa brasileña para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

La juez federal Ortega Tlapa ordenó a la FEPADE resolver la propia investigación al considerar que el caso ya agotó todas sus diligencias, por lo que, por medio del juzgado concedió 30 días para determinar si aún hay diligencias por practicar.

“Por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la FEPADE, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación”, se lee en el documento de amparo.

Por lo antes expuesto, la Fiscalía Electoral está obligada a emitir un nuevo acuerdo en el que subsane vicios formales y satisfaga la exigencia constitucional de motivación detallada y congruente en relación con la prescripción de los ilícitos que se le imputan al quejoso.

Cabe señalar que Lozoya Austin compareció en agosto pasado por las acusaciones en su contra del caso de la empresa brasileña Odebrecht por un presunto soborno de 10 millones de dólares.

Su abogado, Javier Coello Trejo, expresó de forma tajante que las acusaciones eran totalmente mentiras.

“Lo que mi cliente dijo es que es completamente inocente y niega todos los hechos que le imputa el PRD, se nos acusa de puras mentiras y hasta ahora nada más piden que se le investigue y eso está haciendo la FEPADE”, añade Coello.

FRAGMENTOS FUNDAMENTALES DEL AMPARO

A continuación fragmentos fundamentales del amparo concedido a Lozoya, firmado por el licenciado Fernando Mendoza Fuentes, secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia de Penal de la Ciudad de México, cuya titular es la maestra Luz María Ortega Tlapa.

“La prescripción es personal y extingue la acción penal con el simple transcurso del tiempo, siendo un presupuesto procesal de estudio preferente que puede ser declarado de oficio por el órgano jurisdiccional, lo aleguen o no las partes.

“El plazo para su cómputo es continuo, y se contará: a) a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo.

“La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, con sus modalidades, pero en ningún caso será menor de tres años.

“Cuando exista concurso de delitos, para la prescripción de la acción penal, se tomará en cuenta el que merezca pena mayor.

“La prescripción se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación y del imputado, aunque por ignorarse quien sea éste, no se practiquen las diligencias contra persona determinada. Si se dejara de actuar, la prescripción empezará a correr desde el día siguiente al de la última diligencia.

“La interrupción de la prescripción no operará cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción.

“De tal forma, la figura de la prescripción implica un impedimento a la pretensión punitiva y potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, y para que se actualice basta el simple transcurso del tiempo. De manera que, para que opere la prescripción de la acción penal, debe atenderse a la naturaleza del delito con sus modalidades y al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señale la ley para el delito de que se trate.

“…Del anterior acuerdo de 10 de julio de 2018 dictado dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 (FOJAS 69 A 72), se advierte que el agente ministerial responsable expresó los artículos 100, 102 y 105 del Código Penal Federal como fundamento a su determinación; sin embargo, se considera que dicho auto reclamado como bien lo manifestó el quejoso de forma insuficiente se realizó un estudio respecto a la institución jurídica denominada prescripción, lo cual se traduce en una insuficiente de motivación.

“En el caso, el acto reclamado se encuentra insuficientemente motivado, ya que no expresó las razones, circunstancias particulares o argumentos del porqué consideraba que no operaba la figura de la prescripción, dado que no determinó el momento en que se ejercitó la conducta y si su resultado fue instantáneo, permanente, continuo o continuado, es decir, en que momento cesó la conducta para que el plazo a fi de que se opere la prescripción comience a contarse, aunado a que no estableció los delitos por los hechos imputados.

“Como se observa existe, una insuficiente motivación al no señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión; pues no se advierte que la autoridad emisora haya expuesto los razonamientos suficientes para determinar la improcedencia de la prescripción de la acción penal, ya que únicamente señaló las fechas futuras de prescripción por cada uno de los ilícitos contemplados en los artículos 407 y 412 del Código Federal y 11 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de manera dogmática, sin evidenciar los motivos que lo llevaron a establecer dichas fechas.

“…en lo relativo a la motivación no llevó a cabo un estudio detallado refiriendo la media aritmética de la pena privativa de la libertad que señala cada delito atendiendo a su naturaleza, por los que se investiga al quejoso, asimismo fue omisa en pronunciarse en relación a la fecha 20 de abril de 2012 que refirió el quejoso fue cuando se llevó a cabo la conducta delictiva que se le atribuye, la cual guarda relación con las manifestaciones vertidas en la denuncia de 17 de agosto de 2017 presentada por Beatriz Mojica Morga, Octavio Martínez Vargas y Mara Iliana Cruz Pastrana que dio origen a la carpeta de investigación…, pero no señala cuándo produjo todos sus efectos el o los hechos ilícitos señalados como delito.

“A mayor abundamiento, la autoridad responsable fue genérica en establecer las fechas posibles de prescripción de la acción penal por cada delito materia de la investigación delictiva, fijando como posible fecha de ejecución el 2014 sin mediar y exponer un análisis previo que justificara las fechas que estableció, dándole así mayor certeza al quejoso en congruencia a lo que solicitó.

“Situación que adquiere especial relevancia en el caso concreto, toda vez que tal circunstancia generó que el ahora quejoso no conociera de manera completa las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, a fin de poder constatar la adecuación entre los motivos aducidos por la responsable y la norma que consideró aplicable, a efecto de poder impugnar dicho acto legalmente.

“Siendo que en este sentido la autoridad responsable se encontraba obligada a emitir un pronunciamiento en el que se expusiera de manera congruente, coherente y completa los motivos que la llevaron a concluir en ese sentido, apoyando su determinación en los preceptos legales, exactamente aplicables al caso, los cuales deberían guardar congruencia con lo resuelto, sin que existiera ello, con lo cual se transgredieron los derechos de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del quejoso.

“Motivo por el cual se estima que la resolución reclamada es contraria al principio de legalidad en su vertiente de motivación, ya que no reúne los requisitos mínimos antes precisados que debe contener un acto de autoridad, motivo por el cual el acto aquí reclamado se estima violatorio de derechos.

“Es por ello que al colmarse una violación formal relativa a la insuficiencia de motivación, no se puede hacer un estudio constitucional de fondo de figura de prescripción de la acción penal, pues subsumir la violación señalada implicaría tratar de perfeccionar el acto reclamado, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es constitucional o no y, en modo alguno, subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción.

Por otra parte, el juez consideró “fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, consistentes en que, al no haberse determinado la carpeta de investigación en un plazo razonable, ello le crea inseguridad e incertidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión al no tener conocimiento de su situación jurídica en relación con la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017.

Además, “de la interpretación sistemática de las normas constitucionales, se desprende que la procuración de justicia corresponde al Ministerio Público, al que dentro de sus facultades está la de investigar y perseguir los delitos, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los imputados, y hacer que los juicios se sigan con regularidad para que la administración de la justicia sea expedita…

“De esta manera, se garantiza al ciudadano que en caso de que se encuentre relacionado con una investigación se le respeten sus derechos fundamentales, como lo es la seguridad jurídica, a fin de que no se encuentre en un eterno estado de indefensión, que con el retrase de la autoridad ministerial en la administración de justicia, le genere incertidumbre e inseguridad jurídica”.

Después de precisar que “ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla”, el juez determinó que “la autoridad responsable ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda, a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica, dado que el quejoso tiene conocimiento de los hechos denunciados del año 2016, lo que lo coloca en incertidumbre e inseguridad jurídica, a fin de que no se vulnere su derecho de audiencia y debido proceso”.

De esta suerte, el juez ordenó dejar “insubsistente el acuerdo de 10 de julio de 2018 dictado en la carpeta de investigación…. y sin efectos el oficio FEPADE-D-069/2018 de 10 de julio de 2018 a través del cual se notificó.

“Con plenitud de jurisdicción dicte un nuevo acuerdo en atención a las consideraciones vertidas en el considerando noveno subsane los vicios formales destacados, colmando la exigencia constitucional de suficiente motivación, de manera detallada y congruente emita las consideraciones correspondientes, en relación con la prescripción penal solicitada por el quejoso.

“…En el término de 30 días hábiles, contados a partir de que sea requerido del cumplimiento, determine si existen o no diligencias a practicar y en caso positivo, las desahogue de inmediato…

“En el plazo de 40 días naturales, contados a partir de que culmine el plazo anteriormente precisado, determine en definitiva lo que en derecho corresponda, término que se considera prudente atendiendo la naturaleza de los hechos denunciados y a las diligencias que ya obran en la carpeta de investigación, en el entendido de que deberá hacer uso de las medidas de apremio a su alcance…”

Y a partir de esto, la juez resolvió: “Primero: SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Emilio Ricardo Lozoya Austin por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.

“Segundo: LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a Emilio Ricardo Lozoya Austin, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos… de esta resolución”.

 

HE AQUÍ EL DOCUMENTO ÍNTEGRO DEL AMPARO

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