El Estado mexicano ofrece disculpa a ex guerrillera

'Es un proceso de reconciliación nacional y de paz', afirma en Tlatelolco Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob

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La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ofreció, en nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, sobreviviente de la llamada “Guerra sucia” de las décadas de los 60 y 70.

Camacho Loaiza, ex militante de la Liga comunista 23 de Septiembre, fue secuestrada y torturada por militares junto con su esposo, en 1977, en Sinaloa.

Según las investigaciones, los responsables fueron por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Con el acto citado en un principio, llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el gobierno federal reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos durante dicha etapa.

“Este es un proceso de reconciliación nacional y de paz”, dijo la titular de la Segob al resaltar el compromiso del Estado mexicano con una reparación integral de los daños y la implementación de medidas necesarias para la no repetición de actos que violenten los derechos humanos “y que ninguna persona pase por esas atrocidades”.

En la disculpa pública, que también fue extensiva para el esposo de Camacho Loaiza, José Manuel Alapizco Lizárraga, y su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho, Sánchez Cordero dijo que en el proceso de los hechos ocurridos hace 42 años se observaron omisiones importantes.

Además, acotó, hubo falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dado que se notificó el no ejercicio de la acción penal al informar de la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.

Camacho Loaiza y su esposo, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Así las cosas, fue torturada durante 49 días en dicha zona militar, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas.

Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de los ya mencionados hechos.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos, en el marco de las violaciones graves generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el periodo histórico conocido como Guerra Sucia”, expresó la titular de la Segob.

Ante familiares, activistas y funcionarios públicos, Sánchez Cordero refirió que la disculpa pública es por el daño a su imagen, el honor, la dignidad en agravio de su familia derivada de la criminalización en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano.

En el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la secretaria de Gobernación dio cuenta del compromiso del Estado mexicano de “garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977”.

Asimismo, de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, “para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades”, remarcó.

La funcionaria federal señaló que el caso es evidencia de que la violencia de Estado, cuando se ejerce sobre las mujeres, tiene un alto componente de género y de sometimiento, que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio a su dignidad, tal y como lo evidencia la violencia sexual y obstétrica.

Destacó que la incansable labor de Camacho Loaiza en la búsqueda de la justicia y la verdad deberá ser precedente de los hechos que muchas mujeres padecieron.

Al recalcar que “prevenir es también un acto de justicia”, Sánchez Cordero dijo que se trabajará para capacitar en materia de derechos humanos a las Fuerzas Armadas y que se llevarán a cabo acciones para que las instituciones tengan a la perspectiva de género como eje transversal de su actuar.

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