Formalizan en México la Red Mundial de Justicia Electoral

Al clausurar los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, expuso que en un mundo tecnológico y globalizado sólo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que se están enfrentando

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La responsabilidad de quienes imparten la justicia electoral es enorme, ya que son la última instancia de defensa de la democracia y la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, afirmó el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.

Al clausurar los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, expuso que en un mundo tecnológico y globalizado sólo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que se están enfrentando.

“Lo que decidimos el día de hoy sienta las bases sólidas de colaboración internacional para compartir experiencias comunes y buenas prácticas que, sin duda, serán de gran utilidad para atender los retos de las democracias contemporáneas”, dijo.

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explicó que, en un mundo globalizado por la tecnología, la interdependencia política y económica los problemas de unos son problemas de todos.

Indicó que la desafección democrática y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y el cambio social ya no son un problema exclusivo de un estado en particular.

Esos cambios, señaló, “han puesto cada vez más presión sobre nuestras democracias e instituciones” por incluir y dar lugar a minorías y grupos desventajados, por ejercer un control más estricto del dinero, la política y las elecciones, por adaptar nuestras leyes y criterios a las nuevas circunstancias tecnológicas, políticas y sociales.

Previo a la clausura de los trabajos, el director general de Relaciones con Organismos Electorales, Alberto Guevara Castro, informó que los delegados acordaron constituir formalmente la Red Mundial de Justicia Electoral, mediante la adopción del acta constitutiva denominada “Acuerdos de San Miguel”.

Asimismo se integró el Primer Consejo de Gobierno de la Red Mundial de Justicia Electoral, que estará integrado por la Presidencia de México, así como la Vicepresidencias de Corea del Sur y de España. Mientras, la Tercera Vicepresidencia recaerá en la República Dominicana y la Cuarta en Sudáfrica.

Los participantes de 28 naciones y 16 organismos internacionales convinieron además aprobar el Consejo Consultivo de la Red Mundial de Justicia Electoral con la participación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, el Foro Africano de Juristas y Jueces.

A ellos se sumarán la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, la Fundación Getulio Vargas, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, la Universidad de Lille y la Universidad de Siena.

De igual forma se creó la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, en tanto que se iniciará la operación de la Plataforma Global Interactiva sobre Justicia Electoral y nombrar un enlace para el intercambio de información por cada uno de los miembros.

Finalmente se acordó la celebración de una próxima reunión de la Red Mundial de Justicia Electoral durante noviembre de 2018 en México, con el objeto de revisar los avances y decidir la agenda de trabajo de la siguiente reunión tomando en consideración las prioridades temáticas acordadas en esta Primera Asamblea Plenaria.

Los delegados de la Primera Asamblea coincidieron en la importancia de la creación de la Red, ante un contexto global de desafección democrática y evolución tecnológica que exige acción inmediata de la sociedad civil y las instituciones, así como acciones para defender la democracia y hacerla cada vez más confiable e incluyente.

Consideraron que una justicia electoral accesible y eficaz es condición necesaria para garantizar la legitimidad democrática, la estabilidad política y el desarrollo humano.

En este contexto, precisaron que rescatar la democracia desde la justicia electoral es un enorme desafío, pero es posible con la colaboración y la voluntad de instituciones y organizaciones académicas y de la sociedad civil comprometidas con el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho.

Del mismo modo, señalaron que la justicia electoral es importante para hacer frente a la desafección democrática, la cual se expresa en el creciente abstencionismo, la disminución de la militancia partidista y la proliferación de candidaturas independientes.

También en los partidos antisistema, los bajos niveles de confianza en la democracia y sus instituciones, y la volatilidad y radicalización del discurso político.

Sobre financiamiento político se evidenció que no existe un acuerdo contundente sobre cuál es el modelo ideal, pero se mostró un claro consenso respecto a que el financiamiento “no controlado, no revelado, ilegal y opaco” es una de las principales amenazas para las democracias contemporáneas.

También que la finalidad de cualquier modelo de financiamiento político, ya sea público, privado o mixto, debería garantizar la equidad en la contienda electoral, la independencia de la política frente a otros poderes fácticos y, en general, el cumplimiento de los objetivos últimos de la democracia.

En materia de participación política igualitaria concluyeron que los límites a los derechos humanos deben ser racionales y proporcionales a la finalidad que persiguen.

En este sentido la inclusión democrática de minorías y grupos discriminados como mujeres, jóvenes, indígenas y personas en situación de discapacidad debe importar un equilibrio entre democracia representativa y democracia participativa.

Respecto a la revolución digital en la vida política se señaló que las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información ya modificaron irreversiblemente todos los aspectos del juego democrático.

Consideraron apremiante adaptarse a este cambio, ya que, tratándose de la relación entre democracia y nuevas tecnologías, es necesario atender diversas cuestiones, entre ellas el conflicto entre libertad de expresión, por una parte, y equidad en la contienda y protección de datos personales por otra. Ello “cuando se trata de regular y juzgar conductas y expresiones en el espacio virtual”.

 

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