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Título cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

por el

En el artículo 134 se actualiza la denominación de la normatividad en materia laboral, en ese sentido, se menciona ya a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente laboral y se establece el cambio en la terminología “organismos” por “comisiones”. Las reformas son aceptables en tanto se encuentran acordes con la nueva normatividad técnica derivada de la ley Federal de Metrología y Normalización.

Por lo que toca a las obligaciones de los trabajadores, se determina en el artículo 135 la de abstenerse de acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo, lo cual es consistente con las protecciones a las mujeres trabajadoras y en general de todo trabajador, se suprime el último párrafo que define al acoso sexual toda vez que fue retomado en el artículo 3 Bis de la ley, es de aprobarse esta disposición porque contribuye al clima de armonía laboral y respeto a la dignidad de las personas.

En el artículo 154 se amplía la prelación de preferencias para ocupar un puesto laboral incluyendo a los trabajadores que hayan concluido la educación básica obligatoria, a los trabajadores que se hayan capacitado, sobre los que no lo estén y a los que demuestren mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, la Comisión considera que se trata de una prelación lógica, que favorece en igualdad de circunstancias a los trabajadores que tienen ciertos méritos laborales o personales.

Se replantean las disposiciones que regulan la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores (Capítulo III BIS artículos 153 A al 153 X), con el propósito de elevar el nivel devida de los trabajadores y sus familias, así como mayores rendimientos para las empresas, a través de un vínculo más estrecho entre la capacitación y la productividad. Para ello se propone:

1.- Incorporar un concepto de productividad integral que comprenda, además de la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, a la organización de la empresa y al nivel de tecnología de los medios de producción.

Artículo 153-l. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios.

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.

2.- Rediseñar los objetivos y las tareas que tendrían a su cargo las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, en las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Estas comisiones tendrían las siguientes funciones:

a) Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento;

b) Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual;

c) Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités Estatales de Productividad con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios;

d) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad

e) Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad.

3.- Crear un Comité Nacional de Productividad, que tendría el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, con la participación de patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas. Este Comité tendría, entre otras, las siguientes funciones:

a) Realizar el diagnóstico de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera para aumentar la productividad;

b) Colaborar en la elaboración y actualización del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia y uso, así como de las competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a las ramas industriales o de servicios;

c) Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas;

d) Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad;

e) Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad;

TÍTULO QUINTO. TRABAJO DE LAS MUJERES.

Se amplían los derechos de las madres trabajadoras en el artículo 170 de la ley con el propósito de que, a solicitud expresa de la trabajadora y tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se puedan transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

Se establece también que, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Así mismo se adiciona que en caso de adopción de un infante también disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores al día en que lo reciban.

Para el período de lactancia, se establece que las madres trabajadoras tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado.

Adicionalmente, con el propósito de propiciar la equidad y la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, se propone incluir en el artículo 132 fracción XXVII Bis, la figura de permiso de paternidad, de tal forma que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de una licencia de tres días laborables con goce de sueldo. Con esta medida, se contribuye a fomentar la armonía entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos padres compartirán la atención del recién nacido y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

TÍTULO QUINTO BIS. TRABAJO DE LOS MENORES.

La iniciativa contempla reformas y adiciones a artículos que regulan el trabajo de menores de edad, el 175 procura los intereses superiores de los menores al proteger su vida, integridad física y mental estableciendo una serie de prohibiciones como son el trabajo en lugares insalubres, peligrosos, en condiciones que puedan afectar su vida, desarrollo, salud física o mental, también lo prohíbe en caso de contingencias sanitarias.

Estas normas protectoras son consistentes con las disposiciones constitucionales e internacionales de protección a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, por lo que son de aprobarse en sus términos.

La iniciativa del Ejecutivo presenta en este artículo reformas consistentes con otros que tratan el mismo tema, la modificación consiste en señalar que la declaratoria de contingencia sanitaria se emitirá por las autoridades competentes. De aprobarse constituirán un trascendente avance en el reconocimiento, protección y defensa de un grupo de trabajadores, menores de edad que constituyen un grupo vulnerable de la sociedad.

TÍTULO SEXTO. TRABAJOS ESPECIALES.

En el conjunto de artículos destinados a este sector se incorpora de definición de trabajador del campo en términos similares a la que contiene la primera parte del la fracción XIX del artículo 5 de la Ley del Seguro Social, con excepción del carácter de eventual.

Las disposiciones propuestas señalan la forma de computar su antigüedad, el pago en partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, el registro que debe llevar el patrón de los trabajos eventuales o de temporada que contrate cada año a efecto de computar la antigüedad.

Es también relevante la adición al artículo 282 de la iniciativa preferente que señala que los patrones tendrán las obligaciones que establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y demás relativos, con lo que se amplía de manera clara el ámbito de los otros derechos señalados a lo largo de la ley en lo que son aplicables a los trabajadores del campo.

En la iniciativa preferente se amplían las obligaciones de los patrones con relación a los trabajadores del campo, entre ellas, la de proporcionar gratuitamente habitaciones higiénicas proporcionales al número de familiares; proporcionar agua potable; contar con medicamentos y material de curación y antídotos para proporcionar primeros auxilios para atender al trabajador, su familia y dependientes económicos.

Se establece también la obligación de proporcionar gratuitamente transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa o pagar el importe del mismo, utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español y brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.

El artículo 284 establece prohibiciones al patrón como permitir que accedan a los centros de trabajo vendedores de bebidas embriagantes o impedir la crianza de animales, salvo que estos perjudiquen los cultivos. Estas medidas permiten también garantizar mejores condiciones laborales a los trabajadores.

Todo ello constituye una mejoría sensible en las condiciones laborales de los trabajadores del campo y su calidad de vida por lo que son de aprobarse.

El artículo 285 de la iniciativa propone garantizar los derechos laborales de los agentes de comercio, de seguros, vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes al reconocerlos como trabajadores de la empresa o empresas en que presten sus servicios si desarrollan en ellas una actividad subordinada y permanente lo cual se exceptúa en el caso de que no presten personalmente el servicio o intervengan solamente en operaciones aisladas. Se trata sin duda, de una disposición protectora de derechos laborales que por tanto se aprueba en sus términos.

En el Capítulo VIII Trabajadores del campo se amplía el concepto de trabajador del campo para establecer en el artículo 279 que es la persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta, a cielo abierto o en invernadero.

En el artículo 280 que se reforma, se busca propiciar condiciones laborales dignas a favor de los trabajadores del campo, a través de las siguientes medidas: establecer un registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada; incluir como obligación patronal, la expedición de constancias de labores y percepciones a los trabajadores eventuales, al final de la temporada; establecer el pago proporcional de prestaciones devengadas al final de cada temporada.

Adicionalmente, en el artículo 283 se establecen como obligaciones especiales de los patrones las siguientes: proporcionar agua potable a los trabajadores durante su jornada de trabajo; proporcionar en forma gratuita a los trabajadores, transporte cómodo y seguro desde las zonas habitacionales hasta los lugares de trabajo y viceversa; se prevé que el patrón pueda emplear sus propios medios o pagar la cuota correspondiente, para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado; y utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español.

Por último, en el artículo 997 se establece como sanción al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo una multa por el equivalente de 250 a 2500 veces el salario mínimo general.

La iniciativa preferente, en lo que se refiere a disposiciones contenidas en el presente Título plantea, entre otros, el siguiente objetivo: “reconocer al teletrabajo, es decir, aquel que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, como una de las formas de trabajo a domicilio. Con esta modalidad se favorece la posibilidad ocupacional de las personas, pues les permite compaginar las actividades laborales con sus respectivas responsabilidades familiares”.

Con la adición de un segundo párrafo en el artículo 311 (Capítulo XII), se plasma en nuestra legislación el llamado tele trabajo, que es el que se desarrolla a distancia utilizando tecnología de la información y comunicación. Se trata de una forma de desempeñar un puesto de trabajo que implica ventajas evidentes tanto para el empleador como para el trabajador y que dadas las condiciones del desarrollo tecnológico actual debe ser reconocido y regulado por nuestra legislación, por lo que esta Comisión Dictaminadora considera conveniente aprobar el artículo en sus términos.

Otro de los objetivos fijados es: “mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos. Se propone regular con mayor precisión la duración de su jornada laboral y, en consecuencia, establecer de manera expresa los periodos de descanso diario y semanal que como mínimo deben tener quienes realicen este tipo de actividades”. En materia de trabajo doméstico (Capítulo XIII), la iniciativa contempla disposiciones que protegen y garantizan los derechos de los trabajadores que habitan en el hogar en el que se emplean, como es el caso del descanso nocturno diario de nueve horas consecutivas y un descanso de tres horas mínimo entre las actividades matutinas y vespertinas.

Se reconoce también el descanso semanal de día y medio ininterrumpido de preferencia el sábado y domingo y la posibilidad de acordar con el patrón periodos de descansos de medios días acumulables siempre y cuando tengan al menos un día de descanso semanal, así también se establece la obligación del patrón de proporcionarles alimentación sana y suficiente, se trata de derechos merecidos por quienes laboran al lado de una familia de la cual en muchas ocasiones son parte por los lazos de afecto que los unen, el tiempo de convivencia y la aportación de los trabajadores que va muchas veces más allá del mero trabajo en casa por la relación personal que los une con los diversos miembros de la familia.

En este tipo de trabajo caracterizado por lo general por la confianza, la remuneración y el buen trato son ingredientes indispensables, reconocer estos derechos es reconocer el aporte de estos trabajadores a la calidad de vida de las familias con las que laboran.

Las disposiciones relativas a los descansos semanales se consideran adecuadas lo mismo que la acumulación de periodos El señalamiento de la obligación de los patrones de proporcionar habitación sana e higiénica a los trabajadores domésticos. Así como alimentación sana y suficiente son condiciones que abonan a la dignidad del trabajo doméstico que tendrían que considerarse para su aprobación en sus términos.

Aspecto relevante de la iniciativa preferente, según se indica en otro de sus objetivos es: “Incluir en el Titulo Sexto de la Ley un nuevo Capítulo para regular los trabajos que se realicen en las minas. A raíz de los lamentables accidentes ocurridos en la industria minera, es indispensable establecer disposiciones específicas para regular este tipo de actividades.

Destaca la prohibición expresa del trabajo en tiros verticales de carbón, también llamados “pozos”, en razón de que en esta modalidad de explotación es en donde se presentan los mayores riesgos. También se establece la obligación de no contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años para realizar trabajos en las minas, así como la obligación de los titulares de las concesiones de los lotes mineros de cerciorarse que en los centros de trabajo el patrón cumpla con sus respectivas obligaciones y que en caso de incumplimiento de éstos, serán considerados como solidariamente responsables”.

Reconociendo la necesidad impostergable de regular el trabajo en minas, por los trágicos accidentes registrados en el Estado de Coahuila, esta comisión dictaminadora coincide en lo esencial con el objetivo citado de la iniciativa. No obstante lo anterior, y del análisis de las propuestas contenidas en la misma, llegó a la conclusión de que era necesario reforzar la regulación para prevenir futuros accidentes, por lo que se propone modificar la redacción del artículo 343-A para ampliar los supuestos de la norma y las prohibiciones. Cabe destacar también que se enfatiza la responsabilidad solidaria de los titulares de las concesiones mineras y se aumentan considerablemente las sanciones a quienes violen las disposiciones de este nuevo capítulo.

La iniciativa presidencial ha considerado también la necesidad de actualizar la denominación de la ley aplicable en materia sanitaria por lo que propone en el artículo 353-

A modificar el término “Código Sanitario”, por “Ley General de Salud”, la propuesta es aceptable.

En el caso del artículo 353-S, la propuesta de reformas elimina la mención a las Juntas de Conciliación Permanentes como consecuencia de la desaparición que plantea, misma que será tratada al abordar este tema específico.

TÍTULO SÉPTIMO. RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

Esta Comisión dictaminadora ha tenido sumo cuidado en cumplir a cabalidad los criterios que se fijó observar en la elaboración del presente dictamen, y por lo toca a las reformas y adiciones contenidas en la iniciativa para el presente Título, tener como máxima prioridad el respeto irrestricto de los principios y garantías constitucionales contenidas en el artículo 123 y los Tratados internacionales en los que México es parte.

En tal sentido, se ha protegido la libertad sindical, es decir, los derechos de los sindicatos, tanto de los trabajadores como de los patrones, ese libre derecho de asociarse y que una vez adquirida su existencia y personalidad propia, puedan organizarse y administrarse como ellos así lo determinen, sin que las autoridades públicas intervengan o entorpezcan el ejercicio de este derecho.

La libertad sindical, como garantía social, tiene su apoyo en las reformas al artículo 1º de la Constitución Federal de 10 de junio de 2011; en el artículo 123, apartado A, fracción XVI y apartado B, fracción X, de la Constitución General de la República, en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México en 1950; y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del contenido de los citados preceptos y de los ordenamientos señalados se concluye que ésta garantía social tiene dos aspectos: el derecho de libre sindicación o derecho a la asociación de trabajadores para conformar sindicatos, a la asociación de estos para formar federaciones y a la asociación de estas para formar confederaciones. Se parte del derecho personal de cada trabajador a asociarse.

Esta libertad, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1) Un aspecto positivo, que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2) Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno y 3) La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación.

El segundo aspecto de esta garantía social, se refiere al sindicato una vez que adquiere existencia y personalidad propia. Ahí se ubica la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad. Se traduce en la obligación de la autoridad de abstenerse de toda intervención que limite o entorpezca el ejercicio legal de la facultad del sindicato de elaborar o redactar sus estatutos, elegir a sus representantes, organizar y administrar su patrimonio y actividades.

De esa manera se manifiesta la garantía de libertad sindical. Por esta razón el

Máximo Tribunal de la República ha establecido que la prohibición de reelección de los dirigentes de un sindicato, viola la libertad sindical al intervenir en la vida y organización interna de los sindicatos, pues impide el derecho de las organizaciones para que elijan libremente a sus representantes y para que puedan actuar en forma efectiva e independiente en defensa de los intereses de sus afiliados. A la luz de los anteriores conceptos debe analizarse esta iniciativa.

En este orden de ideas, hemos considerado de los artículos propuestos, los que a consideración de esta dictaminadora se aceptan en todos sus términos, tanto reformados, adicionados como derogados, aquellos comprendidos en el Capítulo II, Sindicatos, federaciones y confederaciones, los artículos 357, 366, 371 y 377; del Capítulo III, Contrato colectivo de trabajo, la derogación del segundo párrafo del artículo 395; Capítulo VI, Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo, los artículos 427 con modificación y adición y 430 modificado, por último, del Capítulo VIII, Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo, las adiciones a los artículos 435 y 439.

En este primer Capítulo señalado sobre Sindicatos, Federaciones y Confederaciones se ha aceptado el precepto 357 que consagra el derecho de trabajadores y patrones de constituir sindicatos, la adición propuesta con un segundo párrafo, establece que la violación a ese derecho tendrá consecuencias, esto es, expresa que cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. En este sentido, la sanción propuesta queda en el artículo 994 fracción VII de 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 segundo párrafo.

En este mismo tenor, se encuentra lo contenido en el artículo 366, en el que solo se citan los documentales citados en el artículo anterior y se da claridad al término, señalando que son días naturales para que resuelva la autoridad sobre el registro, y en su caso y pasado el término señalado, requerirle para que dicte la resolución.

En el artículo 371 en congruencia con los principios de libertad y autonomía sindical, se establece que los estatutos de los sindicatos contendrán el número de miembros de la directiva y considerarán el procedimiento para su elección el cual salvaguardará el libre ejercicio del voto; de igual manera se establecen reglas para la rendición de cuentas, que considerarán al menos: la época de presentación de cuentas; el derecho de las minorías a recibir información del manejo de los recursos; instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias relacionadas con la administración de recursos; la forma y responsables en que se revisará la información contable y financiera; y las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical.

De esta forma se respetan los principios contenidos el artículo 123 constitucional y el artículo 3º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo el cual establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

Por otra parte, el artículo 377 que versa sobre las obligaciones de los sindicatos, la adición con un último párrafo, tiene la intención de efectivamente hacer más ágil y sencillo el cumplimiento de las obligaciones de los sindicatos, al poder cumplir a través de medios electrónicos.

En lo que se refiere al Capítulo III del Contrato colectivo del trabajo, se acepta en sus términos la propuesta de derogar el segundo párrafo del artículo 395, una de las disposiciones más polémicas de la ley actual, la denominada cláusula de exclusión, que dispone que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante.

Del Capítulo que versa sobre la suspensión de las relaciones colectivas, se valoró que dentro de las causas que la provocan, se establece aquella suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Coincidimos con el Ejecutivo cuando menciona que se debe contar con más y mejores mecanismos que permitan a la autoridad laboral responder de manera eficaz y oportuna ante estas situaciones de contingencias sanitarias. La experiencia de México en este rubro no fue grata, tuvo que hacernos conscientes una pandemia para reflexionar a fondo sobre este tema.

En este punto cabe aclarar que la iniciativa en el artículo 427, señala como causa de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:” VI. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado….”. Sin embargo la expresión de la ley en vigor, es la correcta: “la falta de ministración….”.

En los artículos del capítulo siguiente, 435 y 439, Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo, solo se armonizan los numerales que se citan con el nuevo orden normativo.

TITULO OCTAVO. HUELGAS.

En el presente Título, la iniciativa preferente plantea reformas a diversas disposiciones con los siguientes objetivos:

“Prever que cuando un conflicto de huelga se prolongue por más de sesenta días, tratándose de patrones que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos, o más de ciento veinte días en cualquier otro caso, sin que los trabajadores lo hayan sometido a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que acrediten su interés podrán solicitar por escrito se inicie el arbitraje en cualquier momento”.

“Establecer una vía incidental para que los terceros de buena fe puedan ejercitar acciones de restitución de la posesión de bienes de su propiedad, en caso de huelgas estalladas”.

“Incorporar como causal de inexistencia de la huelga, que el sindicato no cumpla con los requisitos que contemplen sus propios estatutos para formular el emplazamiento”.

Esta Comisión Dictaminadora considera que las reformas y adiciones propuestas, por la vía de una modificación a una ley reglamentaria como lo es la Ley Federal del Trabajo, no puede vulnerarse un derecho pleno como es el de la huelga, consagrada en el Artículo 123 Constitucional ni en los Convenios Internacionales firmados por México en materia de Trabajo que contienen derechos fundamentales como lo establece el Artículo 1 de nuestra

Carta Magna.

TÍTULO NOVENO. RIESGOS DE TRABAJO.

En materia de riesgos de trabajo esta comisión dictaminadora considera procedente establecer que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Así mismo, se estima pertinente señalar que es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo.

También se considera procedente establecer como falta inexcusable del patrón no cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.

Para el caso de muerte del trabajador, esta dictaminadora considera en justicia incrementar el monto de la indemnización que corresponda por la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

Entre las obligaciones especiales de los patrones en materia de riesgos de trabajo se propone que puedan dar aviso por escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran.

Además, se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social tengan la obligación de intercambiar información en forma permanente respecto de los avisos de accidentes de trabajo que presenten los patrones, así como otros datos estadísticos que resulten necesarios para el ejercicio de sus respectivas facultades legales.

Se modifica la denominación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y se amplía su objeto para que coadyuve en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponga reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, estudie y recomiende medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo.

Así mismo, se considera procedente que en cada entidad federativa se constituya una Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad sea la de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción.

Se establece la obligación a cargo de los patrones para efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las autoridades competentes.

En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ordenar las medidas necesarias a fin de evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades.

Se modifica la forma en que se realizan las adecuaciones a las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, a efecto de que sea facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expedirlas, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional.

TÍTULO DÉCIMO. PRESCRIPCIÓN.

Por congruencia, en el presente Título se elimina la referencia en la fracción I del artículo 521 a las Juntas de Conciliación que desaparecen jurídicamente en la iniciativa, por lo que se acepta en sus términos la misma.

TÍTULO ONCE. AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES.

La iniciativa preferente, en lo concerniente al presente Título, señala tres objetivos principales para las propuestas de reformas y adiciones:

El primero de ellos es: “Fortalecer las facultades y objetivos del Servicio Nacional del Empleo a fin de que pueda proponer e instrumentar mecanismos para vincular la formación profesional con aquellas áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional, así como con aquellas que presenten índices superiores de demanda”.

El segundo objetivo consiste en: “Eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación, ya que en la actualidad prácticamente no existen, toda vez que en casi todas las localidades funcionan Juntas de Conciliación y Arbitraje”.

Finalmente: “Establecer un servicio profesional de carrera especial para el ingreso, promoción, permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tome en consideración la naturaleza propia de las funciones jurisdiccionales que se realizan”.

Habida cuenta de que en el cuerpo del presente dictamen, en el rubro relativo al análisis del contenido de la iniciativa, ya quedaron debidamente desarrolladas las modificaciones correspondientes, se enfatiza la pertinencia de las mismas, ya que se busca eficientar la justicia laboral, garantizar el principio de celeridad procesal, eficientar la competencia de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajando ampliando sus funciones, profesionalizar el trabajo de los servidores públicos, entre las más relevantes.

Esta comisión dictaminadora, por considerar que se cumplen los tres objetivos trazados por el Ejecutivo Federal en las propuestas de reformas y adiciones de las disposiciones de que se trata, acepta en sus términos las mismas.

TÍTULO DOCE. PERSONAL JURÍDICO DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

La iniciativa contiene una serie de disposiciones que tienen como propósito el fortalecimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como son el que en ellas exista el número de secretarios generales y secretarios auxiliares que se determine conveniente cuya designación se realizará de conformidad con los reglamentos que apruebe el Pleno en materia de servicio profesional de carrera y de evaluación del desempeño.

Se señalan también disposiciones tendentes a mejorar la operación de las Juntas como la sustitución del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los de las Juntas Especiales por auxiliares durante la tramitación de los juicios; modificar el requisito de quórum para que pueda sesionar el Pleno: de las dos terceras partes al de mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones.

Se elimina la facultad de las Juntas Especiales de actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario.

Se propone elevar los requisitos para ser presidente al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se le faculta a para conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos colectivos; y para someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales.

Consistente con la creación del Servicio Civil de Carrera, se señala al Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje como competente para expedir reglamentos del servicio profesional de carrera y de evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales.

Entre las facultades que se amplían a los presidentes de las Juntas Especiales está una muy importante que es ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial.

Se amplían las facultades de los Secretarios Generales de la Junta para coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les competan y para dar fe de las actuaciones de la Junta.

Se modifica el requisito de quórum para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales que se constituirá por la mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones y se define el voto del Presidente en caso de empate como voto de calidad.

Se modifica la forma de fijar las percepciones de los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados y del Distrito Federal, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. Todas las medidas que contienen las disposiciones que se analizan tienen como propósito mejorar el funcionamiento de las juntas y profesionalizar a su personal con lo que se avanzará en impartición de justicia laboral.

Con relación al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la iniciativa contiene disposiciones que tienden a mejorar sus propias condiciones y con ello importante el servicio que prestan, así se propone incluir a funcionarios conciliadores y secretarios auxiliares como personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con ello, sin duda, se fortalecerá la función de la conciliación.

Para ser actuario se eleva también el requisito educativa que deja de ser el tercer año o el sexto semestre de la carrera de licenciado en derecho a tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho con patente de ejercicio, también en el caso de los secretarios, se requiere tener título legalmente expedido de licenciado en derecho al de haber obtenido la patente de ejercicio, con ello se garantiza un servicio más profesional y eficiente.

Como parte del personal jurídico de las Juntas se propone crear la figura de los “funcionarios conciliadores” que tienen como función intentar que las partes resuelvan los conflictos mediante la conciliación, la iniciativa establecen los requisitos para ser funcionario conciliador. De gran relevancia resulta la promoción del principio de la conciliación en el proceso laboral, por ello se estima que estas reformas y adiciones son de aprobarse.

La amplia reforma en esta materia incluye elevar los niveles educativos que se establecen como requisito para ocupar un puesto en el servicio público en materia laboral, así como es el caso del secretario auxiliar; los secretarios generales

Con el propósito de evitar prácticas inconvenientes o corruptelas, se prohíbe pal personal jurídico de las Juntas actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.

A partir de las reformas y adiciones planteadas en la iniciativa, los funcionarios conciliadores, secretarios generales y secretarios auxiliares podrán ser sancionados, se señalan por ello las faltas especiales en que podrían incurrir los funcionarios conciliadores.

Se propone adicionar una nueva disposición para establecer las faltas especiales en que podrían incurrir los secretarios auxiliares.

Asimismo se establece como falta especial de los presidentes de las Juntas especiales abstenerse de cumplir con los procesos, métodos y mecanismos de evaluación del desempeño, así como de las obligaciones previstas en los Reglamentos que expida el Pleno de la Junta, todas estas disposiciones abonan a una recta prestación del servicio por lo que se estima son de aceptarse en sus términos.

Esta Comisión Dictaminadora reconoce la pertinencia de las medidas propuestas para este Título y se aceptan en sus términos por las razones ya señaladas.

TÍTULO TRECE. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES.

El contenido del artículo 648 es igual que el de la ley en vigor. Únicamente se alude a las

Juntas, en lugar “de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje” y se suprime la referencia a las Juntas de Conciliación Permanente, que dejan de tener existencia jurídica.

Igual acontece en el texto del artículo 664.

Finalmente, en el artículo 665, igualmente se exige como requisito para ser representante de los trabajadores y de los patrones, además de los establecidos, tener título de abogado o licenciado en derecho, y no ser ministro de algún culto. Es correcta esta disposición.

Por otro lado, se exige que el representante en juicio, por parte del patrón, sea abogado o licenciado en derecho, con cédula profesional, o pasante de derecho debidamente acreditado. Tratándose del representante de un sindicato, este deberá acreditar su personalidad con escrito que le expida el sindicato correspondiente, una vez inscrita su directiva o bien comparecer a juicio por medio de apoderado legal, quien deberá ser abogado o licenciado en derecho o pasante.

TÍTULO CATORCE. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.

La iniciativa a que se refiere este dictamen establece nuevas disposiciones en materia procesal que tienen por objeto dar fluidez, celeridad y seguridad jurídica a las controversias en materia del trabajo que se suscitan entre trabajadores, entre trabajadores y patrones, y entre estos y las organizaciones sindicales, como exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En respeto absoluto a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, en artículo posterior de este capítulo, se precisa el derecho que tienen los terceros interesados a comparecer al juicio laboral cuando alguna resolución o determinación dictada por la autoridad competente afecta su interés jurídico. Pueden ser llamados a juicio o comparecer hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas: y, la Junta, con suspensión de procedimiento en el principal, debe fijar una audiencia dentro de los días siguientes para resolver lo que proceda.

Como una medida en beneficio de los menores trabajadores que se encuentran en la necesidad de comparecer a juicio, se señala que ellos tienen capacidad para hacerlo, sin necesidad de autorización alguna y en caso de no estar asesorados en juicio o ser menores de dieciséis años, se deberá dar intervención a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que les designe un representante. Los beneficios anteriores también se aplican a los presuntos beneficiarios de un trabajador fallecido.

No cabe duda que es imprescindible mejorar la calidad profesional de las personas que acuden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje patrocinando o representando a patrones, a trabajadores o funcionarios sindicales. Por esa razón, en las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, se incorporan varios preceptos en los que se exige que los patronos de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho, con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por autoridad competente. Quienes no acrediten lo anterior podrán ser autorizados para oír notificaciones y recibir documentos.

Toda vez que el acto de registro de un sindicato no tiene efectos constitutivos, independientemente de que los representantes de los sindicatos puedan acreditar su personalidad con la certificación que expida la autoridad competente; también pueden hacerlo los trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones, sin sujetarse a las reglas que marca la ley, siempre que de los documentos exhibidos la autoridad llegue al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la persona deseada.

La competencia del órgano jurisdiccional es un presupuesto de la relación procesal. Si en materia laboral, la Junta carece de competencia para conocer del caso concreto que se le somete a su consideración por el actor, la relación procesal no nace y surge la facultad de la parte demandada de alegar la incompetencia, a fin de que la Junta incompetente se desprenda del asunto. La ley fija la competencia distribuyendo el conocimiento de las acciones entre las diversas Juntas, por razón genérica de materia o territorio. En primer lugar en el artículo 698, se señala la competencia de la Junta Federal, por razón de materia, siguiendo los lineamientos del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Federal; en artículo posterior, se establecen las reglas de competencia por razón de territorio; y, por último, se establece el procedimiento que debe seguirse en caso de incompetencia, así como la autoridad que debe dirimir el conflicto competencial.

Las disposiciones procesales han tratado de garantizar la imparcialidad del fallo mediante una serie de prescripciones tendientes a sustraer al juez a la influencia de otros poderes o del medio en que deba actuar, pues la eficacia de la administración de justicia, particularmente la laboral, descansa precisamente en la confianza que los que la ejerzan inspiren en los justiciables. Pero puede suceder que no obstante esas disposiciones, las partes tengan motivos, fundados o no, para poner en duda la imparcialidad del juez. De ahí la necesidad de establecer la figura de los impedimentos y de las causas que los producen, así como del procedimiento mediante el cual se aparta al juzgador del conocimiento de la controversia. Esa es la materia del artículo 711, con la característica de que el procedimiento no se suspende mientras se tramite la denuncia de impedimento.

Capítulos especiales de la Ley Federal del Trabajo son aquéllos que corresponde a los números V, De la Actuación de las Juntas; VI, De los Términos Procesales; VII, de las Notificaciones; de los Exhortos y Despachos; IX, de los Incidentes; y, XI, De la Continuación del Proceso y de la Caducidad.

En todos ellos se establecen disposiciones que regulan la relación procesal en materia laboral. Se presenta esa relación como un conjunto de actos que realizan las partes, la Junta y los terceros, vinculados en orden sucesivo, de tal manera que cada uno de ellos es una consecuencia del que le precede y un antecedente del que le sigue. Todos los actos procesales son manifestaciones de voluntad y, por tanto, tiene dos elementos: la forma y el fondo. Los mandatos contenidos en los capítulos indicados se apoyan en los principios de inmediatez, oralidad, conciliación, celeridad, legalidad, seguridad jurídica y gratuidad, todo para mejorar cada día la justicia laboral.

En el artículo 850 (Capítulo XIV, De la Revisión de los Actos de Ejecución), al haberse derogado las disposiciones que les daban vida jurídica a las Juntas Federales de Conciliación, desaparece cualquier referencia a las referidas juntas. Es posible que alguna de las partes en el proceso laboral, interponga algún recurso, de revisión o de reclamación, únicamente con el propósito de entorpecer el procedimiento y retardar la solución del conflicto.

Para evitar esos actos indebidos, se dispone en el artículo 856, que los Presidentes de las Juntas podrán imponer a la parte que promueva el recurso en forma notoriamente improcedente, una multa hasta por la cantidad de cien veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en el tiempo que se presentó dicho recurso. La gravedad de la conducta señalada obliga a elevar el monto de la sanción.

El capítulo XV denominado “De las Providencias Cautelares” también sufre modificaciones en algunos de sus preceptos, artículos 857, 861 y 863. En la fracción II del artículo 857, se sustituye el término “secuestro provisional” por la figura técnicamente correcta “embargo precautorio”, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. Por la indicada razón se ajustan los artículo 861 y 863 e igualmente se suprime en ellos la expresión secuestro provisional y se incorpora “embargo precautorio”, precisando a continuación las reglas conforme a las cuales debe practicarse esa diligencia.

En este capítulo XVII (Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje) se reforman diversos artículos, particularmente los numerales 873, 875, 876, 878, 879, 880,

883, 885, 886, 888 y 891, de la Ley Federal del Trabajo en vigor. En ellos se señalan las reglas generales que regulan el procedimiento antes indicado, manteniendo los principios fundamentales que lo rigen: inmediatez, oralidad, conciliación, celeridad, legalidad, seguridad jurídica y gratuidad.

Por lo que toca a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ésta por disposición expresa debe celebrarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; copia cotejada de esta última debe entregársele al demandado y del acuerdo admisorio, en el momento que se practique la notificación correspondiente.

El acuerdo conciliatorio es el objeto fundamental de la audiencia, sin entorpecer el procedimiento, estando la autoridad en contacto personal con las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción. Si las partes no llegan a un acuerdo se les debe tener por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones, misma que se lleva a cabo aún cuando no concurran las partes y se desarrolla conforme a las reglas procedimentales que se contienen en el artículo 878; precepto en el que correctamente se contemplan las figuras de aclaración o modificación de la demanda; la incompetencia; y, la reconvención.

Por razón de técnica procesal, siguiendo los principios de celeridad y economía, sólo habrá audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas cuando haya necesidad de probar la existencia de algún hecho y la controversia no quede reducida a un punto de derecho. De no ser así se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución.

Por lo que hace a los llamados “Conflictos Individuales de Seguridad Social”, en los artículos 899-D a 899-J (Capítulo XVIII, De los Procedimientos Especiales), se dan las bases fundamentales para su planteamiento, prosecución y resolución. Corresponde la competencia, por razón de territorio, de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios.

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Lic. Alfonso German dice:

Antes de comentar, voy a estudiar las reformas, porque hay mucho retazo en la Juntas y muchos abusos por parte de los patrones. Capacitar y organizar a los trabajadores, es muy importante.

Escrito el 08/10/12 | 05:55 pm
tomas perez velazque dice:

hola muy buenas tardes e leido las reformas laborales y no estoy de acuerdo debido a que existen muchas personas con capacidad y experiencia y son los que menos les den la oportunidad de integrarse a un puesto que se lo merecen por otro lado muchas personas que no cuentan con experincia y no se les da la oportunidad de trabajar mi pregunta es . ¿cuando ban a tener experiencia si nunca se les da la oportunidad de empezar a laborar? en mexico existe la corrupcion porque solo con palanca muy mal

Escrito el 25/10/12 | 08:33 pm
Ing. Josue Samayoa dice:

Los cambios siempre producen disturbios y descontentos con gentes que se acomodan a lo que tienen aunque sea ínfimo o malo esto solo es un cambio tal vez para bien pero por lo que alcanzo a dilucidar se verán afectados a los trabajadores y los mafiosos sindicatos que tanto daño le asen a este país quedan impunes alguien tendrá que ponerle un hasta aquí a a esos mafiosos sindicales porque lideres no lo son

Escrito el 28/10/12 | 12:07 pm