Fiscalía traslada a 31 detenidos por despojo de predio en Chiapas

En un comunicado, explicó que el despojo se cometió en agravio de propietarios del Fraccionamiento Las Brisas Loma Larga, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, por lo que se coordinaron también la Policía Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el fiscal del Ministerio Público, realizó el trasladó de 31 personas detenidas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 El Amate, para ponerlas a disposición del Juez de Control por el delito de despojo agravado.

En un comunicado, explicó que el despojo se cometió en agravio de propietarios del Fraccionamiento Las Brisas Loma Larga, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, por lo que se coordinaron también la Policía Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

La autoridad jurisdiccional calificó de legal la detención y determinó procedente la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el fiscal del Ministerio Público en contra de Ernesto Samuel “N”, Isabela “N”, Saturnina del Carmen “N”, América “N”, Martha “N”, Imelda “N”, Lucero Isabel “N”, Lorena “N”, Juana “N”.

Además se aseguró a Eunice “N”, Madelia “N”, Orlando “N”, Jorge Luis “N”, Víctor, Samuel “N”, José Francisco “N”, Saraín “N”, José María “N”, Miguel “N”, Antonio de Jesús “N”, José Alexander “N”, Luis Antonio “N”, José Ignacio “N”, Adán “N”, Gabriel “N”, Gilberto “N”, Gilberto “N”, Mario “N”, José Domingo “N”, Amadeo Damián “N”y Guadalupe “N”.

Explicó que los inculpados se posesionaron de manera violenta del predio mencionado, por lo que el pasado 28 de marzo esta Fiscalía realizó el operativo de restitución del mismo, siendo detenidos en flagrancia por el delito de despojo agravado en agravio del mencionado predio ubicado en el ejido Francisco I. Madero.

Actualmente, los inculpados se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica por el delito que se les atribuye y por el que podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.

Todas estas personas han sido asistidas legalmente con respeto a sus derechos fundamentales y en el marco del debido proceso y principio de legalidad, por lo que tras integrarse la carpeta de investigación fueron presentadas ante la autoridad que controla la actuación policial y ministerial.

Añadió que esto con la finalidad de realizar la formulación de imputación y ser vinculados a un proceso penal en el que se garanticen los derechos de la parte afectada.

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