En Sinaloa dan suspensión provisional a magistrada contra recorte salarial

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Un tribunal de Sinaloa otorgó una suspensión provisional contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al Presidente de la República, la cual beneficia a una magistrada federal.

La solicitud de amparo con expediente número 747/2018 se presentó contra los autos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.


Se solicita la suspensión provisional de los actos reclamados que hace consistir en: La discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicada el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en concreto los artículos 1, 2, 3, 4 y 6, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter que corresponden a la adición al Código Penal Federal.

Los supuestos bajo los que se otorgó el amparo son que de negarse la medida cautelar, ello constituiría una permisión tácita de un atentando contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, “que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado”.

También se destaca que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Con respeto al amparo indirecto, el tribunal establece: “En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa…, para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente”.

Cabe señalar que la nueva ley es aplicable a todos los funcionarios públicos federales, integrantes del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, miembros de los órganos autónomos como el INE o el Banco de México, universidades autónomas (UNAM, IPN), paraestatales (Pemex, CFE) y entidades públicas prestadoras de servicios (IMSS, ISSSTE). Es decir, abarca a todos los organismos y dependencias del Estado mexicano, con excepción de los estados y los municipios.

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