Ante la insistente versión de que las Fuerzas Armadas “violan” los derechos humanos constantemente por la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal publicó los Protocolos para el Uso de la Fuerza, que no son otra cosa que “las reglas” con las que operará no sólo el Ejército y la Armada, sino la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR.
Luego de estas disposiciones, se prevé que ya no sucedan casos como el de la francesa Florence Cassez (quien no fue presentada de inmediato al Ministerio Público). O el de la indígena Jacinta (mujer otomí), acusada de secuestrar a seis AFIs, seis meses después de una gresca en un tianguis.
Al dar a conocer la publicación de estos lineamientos, en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente Felipe Calderón, primero respaldó nuevamente a las Fuerzas Armadas y luego resaltó la disposición de las mismas por respetar las garantías individuales.
Durante el evento denominado “Protocolos para el Uso de la Fuerza, la Preservación de Evidencias y la Presentación de los Detenidos ante las Autoridades”, el Jefe del Ejecutivo reconoció que sin seguridad no hay actividad económica, no hay crecimiento, no hay libertad, no hay tranquilidad para las familias.
“Y, por eso, los mexicanos hemos iniciado un esfuerzo, una lucha decidida para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública del país, y en esta lucha la participación de las fuerzas federales ha sido enormemente relevante”.
En la escalinata de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, el Presidente Calderón aseveró que en estos lineamientos se puntualiza cómo y en qué circunstancia puede y debe usarse la fuerza del Estado en contra de infractores de la ley, presuntos delincuentes, y las condiciones en que deben presentarse los detenidos ante las autoridades ministeriales y judiciales.
Se establece, dijo, la manera en que deben ser tratadas las pruebas y evidencias encontradas, para que los jueces tengan elementos suficientes para imponer las sanciones que los criminales merecen.
Explicó que se publican los protocolos para el uso de la fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, así como de la Procuraduría General de la República.
“Con estas directivas, los policías federales y ministeriales, así como nuestros soldados y marinos, tendrán guías puntuales para su actuación en los enfrentamientos con los criminales, o cuando son, precisamente, objeto de agresiones directas o en enfrentamiento por parte de estos”.
Acompañado del gabinete de seguridad, el Presidente de la República señaló que el uso legítimo de la fuerza para la protección y la defensa de los ciudadanos corresponde al Estado. Eso lo debemos subrayar, y está debidamente establecido en la Constitución.
“El uso legítimo de la fuerza para la protección de los ciudadanos, y del cual el Estado tiene el monopolio, debe estar, también, debidamente regulado”.
Detalló que en las directivas presentadas, se establecen aquellos casos y aquellas condiciones en que la fuerza debe ser utilizada y, además, con principios muy claros que se refrendan en los protocolos: El principio de la legalidad, el principio de oportunidad, el principio de racionalidad y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
El Presidente Calderón sostuvo que la fuerza pública será utilizada en la magnitud, en la intensidad y en la duración que sea requerida en cada caso, en que sea necesaria en cada caso y dependiendo de la amenaza a la que los policías, los soldados o marinos se estén enfrentando.
Resaltó que en todo momento se privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen el uso de armas letales. Frente a la violencia de los criminales, el Estado responde con fuerza legítima y con total respeto a los derechos humanos, aplicando las herramientas legales que ofrece la democracia.
VA TAMBIÉN PARA PGR Y SSP
En este evento además se presentaron los Protocolos para la Detención y Puesta a Disposición de Personas de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Así, cada vez que una persona sea detenida, ya sea en flagrancia o en cumplimiento de una orden judicial, es indispensable que se presenten de manera inmediata a la autoridad correspondiente, que los procedimientos con los que esto se lleve a cabo estén apegados a la ley y a los derechos humanos, y que se cumplan, desde luego, las garantías de legalidad y de debido proceso legal.
El Presidente Calderón explicó que las autoridades de seguridad están obligadas a informar a los detenidos el motivo de su detención y los derechos que les asisten. De la misma forma, deben informar de manera inmediata al Ministerio Público y presentarlo ante esa autoridad sin tardanzas injustificadas.
Además se obliga a las Fuerzas Federales que hayan realizado la detención a elaborar un informe pormenorizado donde se señale, entre otras cosas, el lugar y hora de la detención, si existió o no resistencia, la autoridad a la que se entregó al o a los detenidos. Y en caso de existir lesiones, señalar si fueron infringidas durante la detención, por resistencia, o en qué circunstancias ocurrieron.
Con estos Protocolos, indicó el Presidente de la República, se establecen las acciones específicas y la metodología que las autoridades deben seguir para preservar la escena de un crimen y para mantener la evidencia que pueda llevar a deslindar responsabilidades y encontrar a los culpables de un hecho delictivo.
Indicó que la correcta investigación de los delitos es indispensable para la seguridad de los ciudadanos, y es el mejor camino para terminar con la impunidad de los criminales.
“México está trabajando para tener policías de investigación sólidas, que cuenten con la tecnología más avanzada y con los elementos mejor capacitados para encontrar la verdad que está en las evidencias de un crimen, desde una huella de zapatos o de llantas, hasta las huellas dactilares o el ADN que se pueda encontrar en un cabello, en fluidos corporales o en restos humanos”.
El Jefe del Ejecutivo sostuvo que este trabajo requiere de un manejo cuidadoso de las escenas de crimen y de las evidencias que puedan encontrarse: El casquillo de una bala, el propio proyectil, los cartuchos, las huellas dactilares en los vehículos, etcétera, etcétera.
Por su parte el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré expresó que con su aplicación y observancia, avanzamos en la dirección correcta, al regular con mayor precisión las actuaciones de las autoridades en el cumplimiento de cada una de sus atribuciones.
“Mediante la publicación de los Protocolos, se fortalece nuestro marco normativo y se asegura que la participación de las Fuerzas Federales, en auxilio de las autoridades responsables, de garantizar seguridad y procurar justicia, se siga dando, como se ha hecho hasta ahora, con apego a la legalidad y con total respeto a los derechos humanos”.
AUNQUE TARDÍA, PERO IMPORTANTE
ES SU PUBLICACIÓN: PLASCENCIA
Aunque sea al final del sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó de importante que el gobierno federal publicara los Protocolos para el Uso de la Fuerza, la Preservación de Evidencias y la Presentación de los Detenidos ante las Autoridades.
El titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, advirtió que el tema trascendental para salvaguardar las garantías individuales es que se capacite, eduque y formar al medio millón de servidores públicos que se desempeñan en tareas de seguridad.
“En una situación como la que tenemos en el país, donde todavía existe un buen porcentaje de policías analfabetos, algunos otros que no cuentan con una formación suficiente para entender la labor que tienen que llevar a cabo, es un reto muy importante el poder traducir en una realidad esto que ahora se anuncia como un objetivo, como un ideal, pero espero que se puedan cumplir todos y cada uno de los términos”.
Plascencia Villanueva recordó que las quejas que ha recibido la CNDH tienen que ver con deficiencias en la capacitación, el uso de la fuerza como práctica extendida que, evidentemente, viola derechos humanos, pero también implica la comisión de delitos.
Cuestionado si son tardías las medidas después de un sexenio en el que se viene aplicando un mayor uso de las Fuerzas Armadas y que cada vez son más las denuncias de violación de derechos humanos, el ombudsman nacional dijo que “sí es una deuda pendiente desde hace algunos años y que hubiera sido, quizá, más oportuno hace algún tiempo”.
Sin embargo, dijo, “es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, totalmente acorde a la ley y que no haya duda alguna de que el combatir la delincuencia no implica, en forma alguna, derecho para violentar a la sociedad en sus derechos humanos”.
El titular de la CNDH manifestó que los resultados de este protocolo no se darán a corto plazo, “yo creo que esto será en el mediano o a largo plazo”.
APRUEBA SENADO LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
Tras la presión de Sicilia, Comisiones del Senado de la República avalaron una reforma al Artículo 73 de la Constitución, con la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas, y cuyo primer resultado será la Ley General de Víctimas del Delito, luego que los legisladores se reunieron con Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Tras los llamados ‘Acuerdos del Castillo de Chapultepec’, donde los senadores se comprometieron a crear dicha norma, se planea que hoy se dé primera lectura de la Ley para que mañana se apruebe en el Pleno de la Cámara Alta y de inmediato se envíe a la de Diputados.
Ayer, el poeta acudió acompañado de Emilio Álvarez Icaza a la nueva sede del Senado para conocer el futuro de la iniciativa que se creó tras el reconocimiento de que las instancias que deben atender y proteger a las víctimas del delito no cumplen con su labor.
Los recibieron los senadores José González Morfin, Carlos Navarrete, Jorge Castro Trenti, Fernando Baeza, Manlio Fabio Beltrones y Jesús Murillo Karam, y en la reunión se acordó que la ley se aprobará en los términos de la propuesta del Movimiento por la Paz y que surgió de diálogos con víctimas y organizaciones sociales.
“Llegamos a un acuerdo para aprobar la Ley de Víctimas y reformar artículos constitucionales para reforzarla", dijo el poeta Sicilia.
No obstante, trascendió que la bancada del PAN mostró su resistencia para aprobar la ley condicionándola a una reforma constitucional que no estaba considerada.
En su oportunidad, el senador Manlio Fabio Beltrones señaló que la ley avanzará y si a futuro se plantea una reforma constitucional, así se hará.
“Todo aquel que en el futuro piense que es necesaria una reforma constitucional en la materia, también tendrá un dictamen sobre una reforma constitucional, que conocerá posteriormente la Cámara de Diputados, pero en el sentido en el que iríamos es primero Ley General de Víctimas y, posteriormente, cualquier refuerzo de carácter constitucional”, dijo.
La Ley General reconoce tanto a quienes sufrieron agresiones del crimen organizado como a quienes padecieron violaciones a derechos humanos; y su propósito es garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de las agresiones, con medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas.
En la actualidad, no hay coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la falta de un soporte constitucional, a pesar de la exigencia de la sociedad para que se garantice asistencia integral.
La Ley General deberá generar criterios homogéneos de atención y protección de los derechos de las víctimas, así como la implementación de esquemas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Asimismo, prevé que las entidades federativas deberán adecuar su legislación a los mismos términos, para que en todo el país se expedirán leyes de atención y protección.
La reforma, que fue presentada por el presidente de la Mesa Directiva, José González Morfín, “otorgará certeza jurídica y fortalecerá las capacidades de las autoridades que actualmente se encargarán los derechos de las víctimas”, destaca el texto. (Nancy Narváez y Ana Luisa Guerrero)