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Denuncian en PGR al ministro Valls

El abogado Xavier Olea presenta denuncia también por cohecho y abuso de autoridad. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría influido para que el obispo de Ecatepec librara la cárcel acusado de fraude procesal

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Con una mancha de sospecha en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Sergio Valls Hernández quedó en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) al ser demandado por tráfico de influencias y cohecho, derivado del polémico proceso contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda.

Esta demanda responde al pronunciamiento hecho por la defensa legal de la empresa afectada, Arthinia Internacional, que en voz del abogado Xavier Olea Peláez advirtió que iban a seguir dando la pelea, pues la mencionada resolución no era el final del caso.

“Este es el principio. Onesimo ganó una batalla, pero no la guerra”, reafirmó ayer Olea Peláez.

En la demanda que ayer presentó a tavés de la Oficialía de Partes de la PGR, se incluye de nueva cuenta al polémico obispo de Ecatepec, que el pasado 17 de junio fue exonerado por el octavo tribunal colegiado en materia penal del Primer Circuito, dejando sin valor las acusaciones de fraude procesal que pesaban sobre el ministro de la fe católica.

Dentro de este nuevo capítulo legal, se hace constar en actas la intervención del senador Federico Döring quien aplicó sus brazos de poder para ayudar al obispo, luego de verse involucrado en una sospechosa operación por 130 millones de dólares a través de un pagaré firmado por la ahora fallecida Olga Azcárraga Madero, propietaria de un valioso lote de obras de arte.

El texto de la denuncia cuenta que el abogado Jesús González Alcocer acudió junto con el obispo a diversos restaurantes donde ambos señalaban que “ya habían comprado a dos de tres magistrados” y que nosotros se las “persignábamos” y el que ministro Valls y un senador de la República de nombre Federico Döring los habían ayudado.

En la denuncia de hechos, Xavier Olea incluye a los magistrados Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Pérez Villalba, ambos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, José Alejandro Luna Ramos.

La querella también menciona a Jesús Hernández Alcocer, Alejandro Luna Fandiño, el obispo Onésimo Cepeda Silva y Jaime Matute Labrador, considerado uno de sus más cercanos socios y amigos del clérigo.

De igual forma, en el desglose de la demanda se menciona que el 14 de julio de 2010, el representante de Arthinia Internacional había promovido demanda de amparo luego de la “dolosa intervención” del Tribunal Superior de Justicia a petición del amigo del acusado, el también obispo ortodoxo, Chedraui.

ACUSACIONES EN CASCADA

Contra todos ellos pesa la denuncia por los delitos de tráfico de influencia y cohecho, debido a que los magistrados presumiblemente intervinieron para el efecto de que se dictara una sentencia contraria a la ley, o sea que cayeron en los delitos contra la administración de justicia, cohecho, abuso de autoridad y los que el Ministerio Público considere conducentes, manifestó el abogado Olea Peláez.

Desde un principio, Olea Peláez anunció que darían la pelea luego que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó el amparo concedido a la empresa Arthinia Internacional, dando un revés a la autoridad, en éste caso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a reabrir la investigación en contra del obispo Cepeda por el presunto delito de fraude procesal, como lo había determinado un juez de amparo.

El abogado Olea llegó ayer en punto de las seis de la tarde a la sede de la Procuraduría General de la República, ubicada en Paseo de la Reforma, acompañado de Alexandro Olea Truheart para interponer la demanda por escrito conformada por 46 cuartillas, una de cuyas copias tiene IMPACTO.

ME ENCONTRÉ UN 'PAPELITO'

Advirtió que la demanda en contra de los antes mencionados no es únicamente en el ámbito federal, pues en breve, dijo, presentarán una denuncia más ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le den entrada o no, en consideración de la confesión de Onésimo Cepeda respecto de que él se encontró “un papelito” y lo puso a circular.

El mencionado “papelito” se llama pagaré con un valor de 130 millones de dólares y con eso embargó los derechos de Arthinia Internacional.

La denuncia de hechos presentada ayer es presumiblemente por actos constitutivos de delito o delitos cometidos en agravio de la sociedad, de la Administración de Justicia Federal y de la empresa Arthinia Internacional.

Menciona el documento que el inculpado Jaime Matute Labrador promovió un Juicio Ejecutivo Mercantil que se radicó en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Distrito Federal, bajo el número de expediente 776/2008 para demandar el pago del capital e intereses de un pagaré de fecha 23 de abril de 2003 que le fue endosado en propiedad por el obispo Onésimo Cepeda Silva, a sabiendas éste que jamás recibió 130 millones de dólares.

MATUTE, CÓMPLICE

Xavier Olea expone ante la autoridad federal que tal acción se llevó a cabo con el pleno conocimiento que posteriormente endosaría en propiedad dicho documento mercantil para que Jaime Matute Labrador diera inicio a un juicio ejecutivo mercantil induciendo a error a la autoridad, con el fin de obtener tanto un embargo como una sentencia contraria a derecho que presumiblemente significaría un beneficio económico para ambos.

Menciona Olea que ese pagaré, es un abuso de firma en blanco, sobre un documento firma de la finada Olga Azcárraga Madero, en su carácter de representante de Arthinia Internacional S.A..

Dicho pagaré de fecha 28 de abril de 2003, supuestamente fue suscrito por Olga Azcárraga a favor de Onésimo Cepeda por la cantidad de 130 millones de dólares “supuestamente” entregados en efectivo por parte del obispo, cantidad que se ha acreditado plenamente que jamás fue entregada a Olga Azcárraga.

Refiere el abogado que por consecuencia, el Ministerio Público, después de realizar diversas diligencias, recabar probanzas tanto en documentales como testimoniales, consideró que se agotaban todos y cada uno de los elementos que integran el ilícito de fraude procesal, así como la presunta responsabilidad de los inculpados, por lo que ejercitó acción penal en contra de Jaime Matute Labrador y Onésimo Cepeda Silva, radicándose la causa penal 257/2009 ante el Juzgado Trigésimo Penal del Distrito Federal.

Pese a todo lo anterior, dicha autoridad, el Juzgado Trigésimo Penal del Distrito Federal, negó el libramiento de la orden de aprehensión, devolviendo los autos de la averiguación previa al Órgano investigador para efectos del Artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, sin entrar al estudio de fondo de la causa de mérito, señalando que el plego de consignación carecía de la debida motivación y fundamento.

Posteriormente, la Fiscalía de Procesos Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin acatar lo señalado por el Juzgado Trigésimo Penal, dentro de la causa 257/2009, fuera de todo contexto legal. Y contraviniendo su propio criterio, acordó la propuesta del “no ejercicio de la acción penal”, misma que fue enviada, junto con la indagatoria de mérito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador general de Justicia del Distrito Federal, donde después de su estudio, de fecha 13 de abril de 2010, se resolvió autorizar la propuesta de No Ejercicio de la Acción Penal por aquella coordinación.

ONÉSIMO JAMÁS COMPARECIÓ

El abogado Olea señala que pese a todo lo acontecido, se interpuso en tiempo y forma ante la PGJDF un Recurso de Inconformidad, y como resultado, el 22 de junio de 2010, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF confirmó la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal dentro de la Averiguación Previa FPC/74/T3/752/08-10.

En consecuencia, se promovió un juicio de garantías del que conoció el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal bajo el número de juicio de amparo indirecto 652/2010-11 en donde se tuvo como terceros perjudicados a Jaime Matute Labrador y Onésimo Cepeda Silva, quien jamás compareció al mencionado juicio de garantías nuevamente confiado en su impunidad, según lo declara el abogado Xavier Olea Peláez.

SE DETERMINA EL FRAUDE

Después de haberse diferido en siete ocasiones la audiencia constitucional del referido juicio, finalmente el Juez de Distrito de mérito, resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, estimando que existía la acreditación de los elementos materiales del delito de fraude procesal, así como la probable responsabilidad de Jaime Matute Labrador y Onésimo Cepeda Silva.

UN POCO DE HISTORIA

La acusación contra el obispo Onésimo Cepeda, deriva de un supuesto préstamo a Olga Azcárraga Madero —hoy finada—, fundadora de Arthinia Internacional, de 130 millones de dólares en efectivo, a cambio de un lote de obras de arte.

La existencia del préstamo siempre ha sido negada por el abogado de la empresa, Xavier Olea Peláez, quien trató de sostener ante tribunales y autoridades judiciales que todo había sido una simulación con la intención de despojar a Arthinia Internacional de la colección que reúne 42 obras de autores como Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Diego Rivera, Chagall, entre otros.

En los alegatos de Olea Peláez contra el obispo, el litigante incluso llegó a pedir que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investigara al religioso para determinar la procedencia legal del dinero que dijo haber prestado a Olga Azcárraga Madero, así como para esclarecer cómo y bajo que condiciones endosó el pagaré al ex administrador de la empresa afectada.

El fondo del litigio no era más que determinar quién sería el poseedor de la colección de arte valuada actualmente en más de 130 millones de dólares que ambas partes disputaban. El conflicto inició en 2003, siete meses después de la muerte de Olga Azcárraga, cuando se conoció la existencia de un pagaré de 130 millones de dólares a favor del obispo, quien lo endosó a Jaime Matute, ex administrador de Olga Azcárraga. Con el pagaré, Matute presentó una demanda para embargar los derechos litigiosos de un juicio donde se dirime la propiedad de 42 pinturas.

Sobre el fallo en su contra, el abogado Olea Peláez aseguró que van a seguir dando la pelea, y prevé que esta resolución no será el final del caso. De acuerdo con el litigante, en los próximos días presentará ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja contra dos de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado y del ministro Sergio Valls, a quien responsabilizó de incurrir en un conflicto de intereses por haber invitado a su festejo de cumpleaños a Cepeda.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó los señalamientos de una supuesta intervención del ministro Valls en favor de Cepeda.

En un comunicado, la Suprema Corte señala que: “La independencia de los magistrados y jueces que integran el Poder Judicial de la Federación está garantizada no sólo por el compromiso de los mismos, sino en el caso de los tribunales colegiados, por su propia composición colegiada”.

Hay 1 comentarios. Los comentarios están cerrados

zorro dice:

es vergonzoso que estas lacras sigan burlandose de la ley y lo peor es que pareciese que el gobierno les tiene no miedo, panico

Escrito el 01/07/11 | 02:44 pm