Alerta Amber: se agradecerán informes sobre paradero del Partido Verde

Compartir:

El inicio de fin de semana pasado, algo que ya a estas alturas nos cuesta trabajo identificar en confinamiento, el gobierno de la 4T ratificó su rechazo a todo lo que signifique el legado de la reforma energética de la pasada administración.

Por principio, por conveniencia, por ideología, por lo que sea, para esta administración todo cambio en el sector energético es motivo de rechazo contundente y aplica su más rancia interpretación de gobernabilidad: recuperar la soberanía y el control de la rectoría del Estado en el manejo de este complejo sector. Retórica pura, nacionalista, prejuiciosa, abusiva e irresponsable.

Mediante un burdo decreto del Ejecutivo Federal que eufemísticamente llamaron Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional se violentó un enorme entramado de preceptos constitucionales, acuerdos comerciales, protocolos y compromisos internacionales, leyes generales de toda índole y reglamentos para desconocer compromisos de interconexión y de cooperación entre los particulares generadores de energía eléctrica sustentable para con el Sistema Eléctrico Nacional a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Son proveedores de energía eléctrica sustentable, más barata y en beneficio de los consumidores finales.

Nuevamente este gobierno, y en contrasentido de su reiterada cantaleta, vulneró el estado de Derecho y los derechos adquiridos por particulares a través de contratos de prestación de servicios legalmente constituidos y bajo la normatividad nacional e internacional en perjuicio de la propia confiabilidad de la inversión nacional y extranjera. En momentos en donde la certidumbre de la inversión es una prioridad para iniciar el proceso de reconstrucción de la economía nacional en beneficio de la generación de empleos, terrible para el país y penosa circunstancia para la imagen internacional del país.

Evidentemente, esto concluirá en las instancias judiciales y deberá resarcirse el daño económico y financiero a los perjudicados.

Al final, nada de esto me sorprende, era previsible y el gobierno de la 4T esta plenamente consciente de los costos que esto implicará, pero me llama la atención una cosa; ¿y a todo esto qué dice el Partido Verde Ecologista de México, y su dueño el afamado “Niño Verde”, Jorge Emilio Martínez?

En la pasada administración fue un activo promotor de todo aquello que formará parte de lo que se llamó la transición energética, promotor también de todas las iniciativas de protección al medio ambiente, del uso más intensivo de la industria sustentable, de la más enérgica legislación para castigar el dolo en materia de medio ambiente.
En sus asientos legislativos del Senado nació la reglamentación de la agencia medio ambiental encargada de la supervisión y cumplimiento de la norma medio ambiental, activo promotor de la suscripción del país al Acuerdo de Paris para el cumplimiento de metas de energía limpia y del Protocolo de San José, todo esto acorde con sus propios documentos fundadores como partido ecologista.
Hoy es aliado político en el Congreso de la Unión del gobierno de la 4T, y qué dice al respecto de este pernicioso decreto del Ejecutivo, que va en contra de todo lo que ellos promovieron y que son sustento de su propia identidad política.

Qué dicen a todo esto que va exactamente en contra del propio derecho humano para un mejor medio ambiente, según estipulan en sus propios documentos básicos. Esta acción política de la 4T va en contrasentido de todo lo que es, enarbola y trabajó en los últimos años el Partido Verde en este país.

¿Alguien sabe si por mera dignidad o por mero apego a sus principios fundacionales han dicho algo?

Mejor dicho: ¿Alguien sabe del paradero del Partido Verde Ecologista Nacional de México? A lo mejor y todavía existe.

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...