¿Y Fertinal, Apá?

¿Y si no hay pruebas de presión e intimidación a Emilio Lozoya por la compra de Agronitrogenados, ni de sobornos a legisladores con dinero ilegal de Odebrecht? Entonces, el ex Director de Pemex siempre podrá preguntar…

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Emilio Lozoya dispondrá de seis meses para probar que fue presionado, intimidado e instrumentalizado para adquirir Agronitrogenados, así como para aportar videos y recibos probatorios de que el gobierno de Peña Nieto entregó a legisladores dinero de Odebrecht para aprobar la Reforma Energética.

> Es mucho, demasiado, y muy valioso lo que López Obrador y Gertz Manero esperan que Lozoya les entregue, tanto que ha sido por ello el otorgamiento de la gracia de seis meses de libertad, que fenecerán el 31 de enero 2021

> Por lo pronto ya hay debate sobre la existencia de las “pruebas”. El viernes Javier Coello Trejo dijo que no las conoce, que nunca las vio y que siempre aconsejó a su cliente hablar con la verdad

Acondición de que lo determinen los médicos que atienden su salud, Emilio Lozoya ya debe estar en su hogar con su señora madre (que permanece en prisión domiciliaria), su padre y su hermano, o quizás lo haga mañana o en cuanto sea dado de alta en el hospital. Resentirá la ausencia de su hermana y esposa, aún prófugas.

Durante seis meses, mientras la Fiscalía General de la República complementa las investigaciones en su contra, podrá circular con total libertad sin mayor limitación que el brazalete electrónico que delataría un improbable intento de abandonar el país o la zona conurbada de la Ciudad de México.

Dispondrá de un largo respiro de seis meses para construir la narrativa probatoria de que fue presionado, intimidado e instrumentalizado para adquirir Agronitrogenados, operación que ha servido al presidente López Obrador para acusar de corrupción al gobierno anterior por adquirirla de AHMSA con supuesto sobreprecio de 200 millones de dólares.

Asimismo, en estos seis meses el ex director de Pemex deberá dotar a la Fiscalía General de la República de los videos y recibos probatorios de que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó dinero aportado por la empresa brasileña corruptora, Odebrecht, a legisladores para aprobar la Reforma Energética.

En este tiempo que parece largo en época de  pandemia, pero que se irá como un suspiro, deberá satisfacer las necesidades del fiscal Alejandro Gertz Manero, dispuesto a construir su propio monumento con el gran caso del primer cuarto del Siglo XXI, y las expectativas del presidente López Obrador de contar con municiones letales para que la oposición le haga lo que el viento a Juárez en las elecciones intermedias de 2021, de tal suerte que pueda mantener el control de la Cámara de Diputados y  los cimientos legales de la Cuarta Transformación no sean minados si sus enemigos logran arrebatar a Morena la mayoría.

Es mucho, demasiado, y muy valioso lo que López Obrador y Gertz Manero esperan que Lozoya les entregue, tanto que ha sido por ello el otorgamiento de la gracia de seis meses de libertad, que fenecerán el 31 de enero 2021.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero no habría aceptado negociación alguna sin tener la mínima certeza de que Emilio pueda probar la presión e intimidación de Peña Nieto y Videgaray.

Todo cambiará si por las razones que se quiera, el ex director de Pemex no prueba a satisfacción del juez haber sido presionado, intimidado y obligado a servir de instrumento para cometer acciones ilegales, pero tampoco aporta las pruebas documentadas que ayuden a procesar a ex legisladores panistas, algunos de ellos hoy gobernadores de sus entidades, así como a directivos del PRI en el primer tercio del sexenio anterior.

Parece imposible que este escenario desastroso para la 4T pudiera presentarse porque la FGR no habría aceptado negociación alguna sin tener la mínima certeza de que Emilio pueda probar la presión e intimidación de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray en los casos en juicio.

De la misma forma, no habría aceptado sólo de palabra la existencia de los videos que, de no haber sido engañados los periodistas a quienes se les ha filtrado la especie, mostrarían a los legisladores recibiendo dinero para aprobar leyes, o teniendo al menos copias fotostáticas de los recibos que prueben la recepción de los recursos.

Supongo que todo esto existe y que satisfizo a la FGR, de lo contrario no habría ocurrido el desenlace favorable para Emilio en los episodios de martes y miércoles; es decir, no estaría a punto de regresar a su hogar y en condiciones de circular libremente por la Ciudad de México y su área conurbada.

‘DI LO QUE PUEDAS PROBAR, LO QUE NO, NÓ’

Por lo pronto ya hay debate sobre la existencia de las “pruebas”. El viernes por la mañana, Ciro Gómez Leyva entrevistó al anterior abogado de Lozoya. Javier Coello Trejo dijo que no las conoce, que nunca las vio y que siempre aconsejó a su cliente hablar con la verdad. “Di lo que puedas probar, lo que no, nó”, explicó. Esto, añadió, no significa que no existan.

Sin embargo, se antoja difícil que en tres años de relación profesional que, por decisión de Emilio concluyó en junio pasado porque Coello Trejo no estuvo de acuerdo con su “estrategia”, el cliente se hubiese abstenido de mostrar las pruebas a su abogado, si existen.

“Di lo que puedas probar, lo que no, nó”, consejo que, en su momento, Javier Coello Trejo dio Lozoya.

También es probable que, de existir, el ex director de Pemex las hubiese guardado a buen recaudo desde que salió de la empresa para utilizarlas precisamente en momentos como este.

Por otra parte, supongo que Lozoya está preparado para la reacción negativa tanto de la FGR como del gobierno de López Obrador en caso de que, por falta de pruebas, se tambalearan en el juzgado los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

Es de imaginar lo que ocurrirá si Emilio frustra los planes construidos por la FGR y la 4T. El costo mínimo sería su ingreso a prisión y la continuidad de la persecución contra su familia.

No es fácil meterse en los zapatos de Lozoya y de quien negoció en la FGR en su nombre sin auxilio de abogado. ¿Qué se puede hacer cuando la madre, la hermana y la esposa son usadas para convencer a un acusado de cooperar?

Cualquiera estaría dispuesto a hacer o decir lo que se le pida si con ello libra a las mujeres de su familia de pisar la cárcel, como ya ocurrió a su señora madre (sobre quien persiste el peligro de regresar a prisión), o de continuar huyendo, como ocurre a la hermana y esposa del ex director de Pemex.

Para decirlo de otra manera, no es fácil negociar con una pistola en la sien, como ha ocurrido a muchos otros.

No obstante, el ex director de Pemex tiene un arma a su favor para emparejar el marcador por si Agronitrogenados y Odebrecht no cumplen las expectativas de López Obrador y Gertz Manero, como podría ocurrir.

La cuestión es que se decida a usarla.

UN TEMA QUE QUEMA LAS MANOS

Como su regreso a México fue allanándose al juicio de extradición, las cuestiones judiciales no tienen por qué reducirse necesariamente a Agronitrogenados y Odebrecht; de hecho, si al transitar por la zona metropolitana viola algún ordenamiento de tránsito puede sufrir las consecuencias que cualquier ciudadano.

Es decir, en el momento que lo disponga puede pedir al juez que también considere un caso que podría quemar las manos a quienes fueron sus superiores jerárquicos en el sexenio en que fue servidor público, también al de López Obrador, por razones que se ignoran y que, todo indica, no está en el interés de la Fiscalía.

Parodiando a aquel exitoso anuncio automotriz podría preguntar: ¿Y Fertinal, Apá?

Emilio puede probar que fue presionado, ignoro si intimidado, pero presionado sí para adquirir Fertinal

Podrá narrar, como ya consta al fiscal Gertz Manero, que a mediados de 2013 Massimo Covarrubias y su hermano, propietarios de Fertinal, solicitaron audiencia acompañados de Antonio Souza, miembro del despacho De Evercore, cuyo titular es Pedro Aspe Armella y del cual salió Luis Videgaray para ingresar a la política.

Presentaron la propuesta de que Pemex adquiriera Fertinal en mil millones de dólares, que Emilio rechazó. Los hermanos Covarrubias no se dieron por derrotados; en 2014 regresaron, acompañados por Martín Werner, quien era el DG de Goldman Sachs, con una oferta de venta por 900 millones de dólares.

En esa ocasión, los asesores de Lozoya le informaron que la Secretaría de Hacienda, encabezada por Videgaray, tenía mucho interés en concretar la operación.

Semanas después, Videgaray lo citó en su oficina alterna, en las calles de Julio Verne en Polanco, para ordenarle la realización de la operación porque convenía a los compromisos del Pacto por México y porque, además, se requería apoyar a Banco Azteca, por el riesgo que tenía por un crédito con Fertinal.

Lozoya habría contestado que, si bien el negocio hacía sentido, no era el momento adecuado por la crisis económica de Pemex en cuanto a liquidez, y que por supuesto la empresa que dirigía no iba a meterse en esta operación para ayudar a un banco privado.

Lozoya salió de la oficina de Videgaray con el compromiso de evaluar la empresa, pero molesto porque Hacienda había incrementado desde 2014 los impuestos a Pemex y ahora pretendía que comprara una empresa cuando las prioridades y necesidades eran otras.

Y todo por apoyar a un banco privado.

De inmediato, conforme a una narrativa, que, supongo, consta al fiscal Gertz Manero desde finales de 2019, solicitó audiencia al presidente Peña Nieto para informarle que por ningún motivo Pemex podría adquirir esas plantas; primero, porque solicitaban un precio fuera de rango y, segundo, porque Pemex no tenía dinero.

La respuesta fue que se pusiera de acuerdo con el secretario de Hacienda.

Emilio considera que fue a partir de ese momento que se agravaron sus relaciones con Videgaray.

En un encuentro con el mandatario, el secretario de Hacienda habría asegurado a Lozoya que no se preocupara por dinero porque los recursos provendrían de la Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyos consejos de Administración presidía. La instrucción fue que se encargara del camino institucional de aprobación de proyectos.

Al final la operación se realizó sin que Pemex aportara recursos porque Emilio siempre se opuso y porque el financiamiento provino de la banca de desarrollo, tanto para el pago del capital como de refinanciamiento del crédito.

Sin embargo, hubo problemas que superar. Fue necesario contratar el despacho Withe &Case para revisar la operación en el aspecto jurídico y a Price Watherhouse Coopers en el técnico.

Los recursos para la adquisición los aportaron Nafi y Bancomext violando los reglamentos de ambas instituciones.

Por los montos de la operación fue necesario que las aprobaran los miembros de los consejos de Administración de ambas instituciones: Fernando Aportela, Idelfonso Guajardo Villareal, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Martínez y Martínez, José Antonio Meade, Fernando Galindo Fabela, Francisco Rosenzweig Mendiauldua y Jesús Elizondo Flores.

Según Emilio, aunque los contratos se firmaron a finales de 2015, esa fue la gota que derramó el vaso y precipitó su salida de Pemex el 8 de febrero de 2016.

Lozoya sostiene que en diciembre de 2105 fue citado por Peña Nieto y Videgaray para platicarle detalles de la concreción de la operación.

El encuentro fue previo a la reunión navideña del gabinete. Aún faltaba firmar algunos contratos, así como negociar ciertas cláusulas. Había que hacerlo a la rapidez posible por la necesidad de liberar un recurso importante para las campañas y “El Proyecto”, lo que esto fuera.

Según Emilio, como esto nunca lo había escuchado le preocupó la dimensión de la operación. Se habló de la entrega en dólares o pesos mexicanos al PRI. Cuatro semanas después renunció a Pemex.

DEUDAS, PRÉSTAMOS, PAGOS… Y OLVIDO

De todo esto tiene conocimiento tanto la FGR como Palacio Nacional. Por eso sorprende que tanto a Gertz Manero como a López Obrador no les interese enjuiciar a Lozoya por Fertinal, no obstante que Pemex denunció el 5 de marzo la supuesta ilicitud de la compraventa.

La inexplicable decisión de sepultar el tema ha provocado desencuentros entre el presidente y la Revista Proceso en una de las conferencias mañaneras, si bien Fertinal ya había sido tema de IMPACTO.

López Obrador llegó al extremo de negar que hubiese investigación sobre Fertinal bajo la premisa de que su administración no había iniciado acción alguna en contra de sus antecesores, pues se había concretado a continuar las que encontró.

Su respuesta fue desconcertante porque toda la atención la puso en Alonso Ancira, AHMSA y Agronitrogenados: “No hay, no existe (denuncia sobre Fertinal). Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso… Ya es conocido que la Fiscalía General está actuando en el caso de la planta de Coatzacoalcos de fertilizantes … que compró el gobierno al señor Ancira, no hay otra denuncia sobre esto. Eso es lo que le puedo informar…”.

El presidente López Obrador ignoraba o aparentó porque en la denuncia del 5 de marzo sobre Fertinal sólo incluía cinco líneas sobre Agronitrogenados; es decir, el interés de Pemex en este sexenio estaba en las irregularidades en la adquisición de la que fue empresa de Covarrubias, no en la de Ancira.

Pero en el sexenio anterior, Lozoya, ya bajo presión para adquirir Fertinal, pidió la integración de una comisión interdisciplinaria con la misión de garantizar que la operación de compraventa quedara jurídicamente perfecta.

Aún así, seguía oponiéndose a la operación. Cuando se emitió el boletín para informar al país de la operación, uno de los subsecretarios de Videgaray, Miguel Messmacher, pidió corregirlo, de tal suerte que se cruzaron correos electrónicos a fin de que la noticia saliera en los términos que quiso el secretario de Hacienda.

Existen las actas en las que los consejeros de Pemex aportaron sus puntos de vista, pero más aún se decidió la contratación de dos empresas que asesoraran y vigilaran la operación, una en cuestiones jurídicas y la otra para vigilar los números.

Una de ellas, PriceWaterhouse, descubrió que Fertinal sobrevaluó contablemente sus activos en 500 por ciento a fin de que llegaran a 1,047 millones de dólares, una cifra aproximada a la oferta que Evencore propuso a Pemex.

Por alguna razón, PriceWaterhouse cometió el error de entregar dos documentos en un mismo día. En uno señalaba la sobrevaluación de los activos y en el otro no habla de valores.

Pero el problema no son los activos, sino los créditos para la operación.

Fertinal debía a Banco Azteca y a Arrendadora Azteca 415 millones de dólares. Para que se pudiera otorgar el crédito total (más de 600 millones de dólares) se necesitaba la autorización de Nafinsa y de Bancomext. No hubo problemas para obtenerla porque Luis Videgaray era presidente del Consejo de Administración en ambas entidades.

Con este dinero le pagaron a Azteca, pero además esta institución hizo un préstamo adicional de 50 millones de dólares que ingresaron a un fideicomiso en Invex. Al día de hoy nadie sabe qué pasó con ese dinero.

En septiembre de 2015, Fertinal realizó una asamblea que acordó, no obstante, no tener dinero, dejar una reserva de 300 millones de pesos y repartir dividendos por 871 millones.

¿Cómo fue posible acordarlo en septiembre si la operación se realizó hasta diciembre? ¿De dónde les venía la seguridad de que Pemex compraría la empresa?

Más aún, los pagarés que Banco Azteca tiene de las empresas suecas que fueron accionistas, nunca aparecieron. Sus representantes acudieron ante un juez con la versión de que los perdieron y el juzgador los validó. Esas empresas suecas (West Side Capital Markets, LLP, NPK Holding Ab y Base Rock BVBA) poseían el 43 por ciento de Fertinal.

Al final, la compra de Fertinal no la pagó Lozoya, sino José Antonio González Anaya que lo sucedió el 16 de febrero de 2015.

PASAPORTE A LA LIBERTAD

Como se puede advertir, elementos sobran para que la Fiscalía General de la República vaya más allá de Lozoya, que se opuso a la adquisición de Fertinal.

Quizás especial atención debe poner al destino de los 50 millones de dólares del fideicomiso perdido.

La denuncia de Pemex señala no solo el posible sobreprecio con que Pemex compró Fertinal, sino el delito en el que habrían incurrido las instituciones que concedieron el crédito, Nacional Financiera y Bancomext a sabiendas que el valor de venta estaba inflado.

En el mismo delito también habría incurrido Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Conforme a la denuncia, Pemex sostiene que se compró Fertinal en un precio superior en 193 millones de dólares, aproximadamente, al que pudo haberse pagado, de tomar en cuenta la diferencia entre el valor de los activos de la empresa de 597 millones de dólares, frente a su pasivo de 582 millones de dólares.

La denuncia asienta que en la operación hubo uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de servicio público y el delito especial que amerita dictar de dos a 10 años de prisión a los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan crédito.

Esto último porque “el hecho que la ley señala como delito fue cometido por aquellos que el 16 de diciembre de 2015, a sabiendas que Grupo Fertinal, S. A. de C. V. se encontraba en condiciones financieras técnicamente equiparables a la quiebra, otorgaron créditos como si fuera solvente”.

Narra Pemex que “El monto total del crédito ascendió a 635 millones de dólares americanos. El contrato se suscribió bajo la declaración de que Fertinal era solvente”.

Conforme a la denuncia, el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aprobó “el Proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal, por un monto de hasta 635 millones de dólares americanos”

La denuncia del 5 de marzo menciona como vendedores a Banco Azteca, Inmobiliaria Las Cañadas, Westside Capital Markets, LLP. NPK Holding, AB, BASEROCK BBVA, Fabio Massimo Covarrubias Piffer, Carlos Guillermo Ibarra Covarrubias, Giancarlo Fustini Ventilari, Pablo Ignacio Duhart, Angel Ricardo Carmona Garduño, Ignacio Sierra Noriega y Anna Chiara Piffer, todos ellos fideicomisarios vendedores. Así como NPK Holding y Grupo Fertinal.

Con esto, y aún más, Lozoya puede conseguir el pasaporte a la libertad y la de su madre, esposa y hermana si el juicio sobre Agronitrogenados y Odebrecht no da a la FGR y al gobierno federal los dividendos que persigue.

Esto a condición de que al presidente López Obrador y al fiscal Gertz Manero les llegue a interesar meterse en Fertinal. Pero ha pasado más de un año y nada.

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