¿Una nueva Constitución?

Legado de nuestros verdaderos constituyentes del pasado no puede ser sepultado en la memoria

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Venustiano Carranza, gran constituyente

El primer o tercer informe presidencial tiene un preámbulo que no deja dudas. Andrés Manuel López Obrador es presa de un auto-idolatría que pudiera caber en cualquier sexenio anterior, pero que es incompatible con su republicanismo. Días antes, en una reunión intramuros con los legisladores de Morena, llegó a decir que apenas en nueve meses había logrado “las reformas equivalentes a una nueva Constitución (Reforma 30 de agosto, p.6)”.

Tal exceso no es resultado de una simple retórica muy común en sus antecesores, sino de una visión autista de la historia que no reconoce más que la que empieza con él mismo. Las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 son del pasado histórico que se hace presente y que se proyectará al futuro porque corresponden a largos procesos de reconocimiento y consenso para definir, en términos de una ley suprema, lo que la conciencia comunitaria tiene como aspiración.

La primera de ellas republicana y federal, traslada la experiencia de los legisladores mexicanos integrados en el Congreso de Cádiz en 1812. Fundamentalmente es la aportación de Miguel Ramos Arizpe, en la propuesta federalista de la organización jurídico-política de las naciones de ultramar y de los nuevos derechos ciudadanos que ya no deben anclarse en el poder distante, ni en la tradición monárquica y centralizada que había padecido México por el periodo de su dependencia de la Península Ibérica.

La de 1857 es precisamente la síntesis, después del periodo de emancipación de la Independencia, para sacudirse los poderes sobrevivientes que impedían la vigencia plena de la soberanía y libertad del gobernado en la conformación de un estado autodeterminado.

La actual de 1917 de la que ni por error el Presidente menciona al autor de la iniciativa, el gran constituyente que la hizo posible Venustiano Carranza, es la que recopila los ideales y programas de la Revolución política y social de Francisco I. Madero, para plasmarlos como texto de un cuerpo jurídico que obligue a los gobiernos y a sus ciudadanos a cerrar filas en torno a una mejor sociedad sustentada en la justicia y el orden para heredar una patria digna a los mexicanos de mañana y de siempre.

Si alguna virtud tuvo el presidente Constitucionalista Carranza, fue plantear su propuesta sin arrogancias ni posturas autoritarias y dogmáticas. El Congreso Constituyente estuvo alejado de imposiciones presidenciales y si bien sus postulados reformistas fueron asumidos por la gran mayoría de ellos, jamás se cerró la puerta para que las más avanzadas aportaciones en materia de justicia social, educación, trabajo etcétera, quedaran insertas en la plataforma de nuestro horizonte civilizatorio.

México entregó al mundo la primera Constitución socialdemócrata y se adelantó en el reconocimiento de las garantías sociales al nivel de las tradicionales del individuo, como el mismo refrendo de la separación de las iglesias del Estado y, la irrenunciable obligación de éste para proporcionar educación a todos los mexicanos y posibilitar su inserción libre en las actividades productivas conforme a sus decisiones personales que lo dispusieran a la solidaridad nacional a partir de la igualdad de todos los nacidos bajo el mismo cielo de la República. Muchas naciones modernas han ido adoptando con posterioridad estos principios que, desde entonces, son baluarte y distintivo de nuestra patria para con el planeta.

Por ello resulta por lo menos arrogante y un despropósito intentar la inconcebible autoría de una Nueva Constitución por habérsele agregado reformas todavía de dudosa eficacia como la Guardia Nacional y sin siquiera haber tocado las que con anticipación se hicieron como fueron la energética, agraria, rectoría del Estado, etcétera, por sus antecesores priístas y panistas que mutilaron el cuerpo constitucional para darle legalidad al neoliberalismo que tanto sataniza López Obrador pero que, a su vez, persiste en la práctica pese a la proclama verbal de no creer en ello.

Si se fuese justo hoy, lo que procede es una actitud de humildad, gratitud y la grandeza de aceptar que el legado de nuestros verdaderos constituyentes del pasado, no puede ser sepultado en la memoria por la soberbia de un egocentrismo que no va a llegar a buen puerto si persiste en atribuirse hazañas que no existen más que en sus intenciones. Un momento de recato sincero y patriótico debe llevar a estas conclusiones.

Nuestra historia constitucional, como bien lo advirtió Octavio Paz, tiene la belleza y esperanza de los grandes ideales que sólo en momentos y espacios reducidos hemos podido llevar a la realidad. Por lo tanto corresponde más a la sabiduría de un gobernante, abrevar en esas fuentes para conformar el México moderno que antes ya concibieron como el horizonte de la patria. Un error sería despreciar estos antecedentes para, presuntuosamente arrogarse una transformación que prescindiría de nuestra propia experiencia nacional, para rescatar los elementos de políticas de estado que puedan hacerla posible.

Sería recomendable pedirle al Presidente de México López Obrador, repasar el pensamiento y el testimonio de mexicanos como Ramos Arizpe, Vallarta, Carranza para, sin necesidad de inventar el hilo negro, acudir a la gran recopilación, ordenamiento y redacción, con lenguaje moderno, que hizo el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM como iniciativa no de una nueva Constitución, sino de la actualización de la Constitución vigente para su reedición manteniendo lo esencial en términos de su contenido de organización y garantías del Estado mexicano.

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