Sentencia de feminicidio en Chiapas, apegada a derecho

Remoción de la jueza Isabel Álvarez Ramos

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Omar Fernando Rosales Toledano

El 8 de junio de 2013 resultó privada de la vida, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la joven Viridians Flores Ramírez. El señalado responsable del feminicidio fue su pareja sentimental, Omar Fernando Rosales Toledano, con quien procreó a un hijo.
Todo el proceso penal estuvo plagado de irregularidades, desde la supuesta declaración en la que el inculpado, Rosales Toledano, aceptaba su responsabilidad en el feminicidio. Sólo que el día 14 de junio de 2013, cuando se pretendió interrogarlo, se encontraba internado en el hospital de especialidades Vida Mejor, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para recuperarse de diversas lesiones, intoxicación y deshidratación.
El estado físico de Omar Rosales hacía imposible su declaración. Así queda de manifiesto en el informe que el agente del Ministerio Público Óscar Besares Arellano rindió: “No fue posible tomarle declaración por cuanto el ciudadano Omar Fernando Rosales Toledano estaba ‘IDO’ (sic), por lo que ni siquiera las personas que llegaron a visitarlo pudieron hablar con él. Y una de ellas era su padre”.
Más adelante apareció la infamia que daría origen a los cinco años de prisión que padeció Rosales Toledano. El agente de la policía ministerial Pascual Vera Teco manifestó que el día 15 de junio de 2013, al tener la custodia de Omar Rosales, llegó el Ministerio Público con un papel para que Rosales Toledano lo “HUELLARA” (sic) sin la presencia de su abogado y en estado inconsciente.
La trampa inculpatoria quedó al descubierto. Tomó las manos de Omar Fernando y colocó los dedos pulgares en el documento elaborado ex profeso, pero todavía más. En el documento “huellado” aparece la firma de una persona diversa a Rosales Toledano, con lo que la declaración prefabricada carece de validez. Una, porque el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la confesión rendida sin la asistencia del defensor carece de todo valor probatorio”. Y, otra, porque, de acuerdo con los reportes ministeriales, Rosales Toledano jamás declaró.
Bajo esos signos ominosos de culpabilidad forzada, Omar Rosales fue puesto a disposición del juez primero penal de Tuxtla Gutiérrez sin orden de aprehensión y sólo con el dicho del Ministerio Público, a pesar de que la procuraduría de Justicia de Chiapas tuvo varios días disponibles para solicitar la orden de aprehensión, como ordena el artículo 16 de la Carta Magna. Y, sin embargo, no lo hizo, con lo que la detención y la formal prisión fueron ilegales, y violaron los derechos humanos de Omar Rosales Toledano.
Los atracos a la procuración y administración de justicia resultaron el recuento de nunca acabar. Según la averiguación previa, Viridians Flores Ramírez recibió diversas puñaladas en su anatomía y, una vez sin vida, fue arrojada en el puente San Cristóbal, desde una altura de 250 metros. Los dictámenes médicos periciales demuestran que las características físicas de Viridians Flores no corresponden a la necropsia practicada sobre un cuerpo diferente.
Más allá de cualquier opinión o apreciación subjetiva, el doctor Juan Rubén Hernández Chávez, médico forense de la procuraduría estatal, determinó: “En la necropsia practicada al cadáver no se encontraron presentes la cicatriz abdominal, consecuencia, indudable, de la extirpación de la apéndice efectuada a Viridians Flores Ramírez, ni tampoco la cicatriz abdominal como consecuencia de la cesárea que dio terminación al embarazo de la misma Viridians. Ambas intervenciones estuvieron a cargo del doctor Héctor Amado Flores Orantes”.
En su conclusión, el médico legista Hernández Chávez sentencia: “Puedo afirmar que el cadáver autopsiado NO corresponde al de la C. Viridians Flores Ramírez”. El aserto es simple y contundente: Viridians tenía dos cicatrices que no se encontraron sobre el cadáver auscultado, lo que quiere decir que no hay cadáver para demostrar la culpabilidad de Omar Rosales.
Las infamias de la procuraduría a cargo de Raciel López Salazar continuaron en cascada. Con absoluta irregularidad se autorizó la cremación del cuerpo de Viridians al día siguiente de su asesinato, con lo que se distorsionó el sentido y el resultado de una investigación que todavía estaba en curso y no había concluido. Se trataba de proteger a alguien o de incriminar a Rosales Toledano.
El lanzamiento del cuerpo desde una altura de 250 metros también carece de soporte científico. Así lo manifiesta el doctor Juan Rubén Hernández Chávez, quien hace una descripción minuciosa de las características que presenta un cuerpo cuando cae de esa altura ya sea sentado, de cabeza o de pie. La conclusión es que con cualquier forma de caída hay una multifragmentación ósea por la fuerza del impacto. Otra vez se llega a la determinación de que NO se trata del cuerpo de Viridians Flores Ramírez.
Con todas esas evidencias irrefutables, la jueza Isabel Álvarez Ramos dictó al supuesto “feminicida”, Omar Fernando Rosales Toledano, sentencia absolutoria. Con ello, el poder estatal se le vino encima. Sin facultades jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas decidió su remoción inmediata por una sentencia irregular (sic) aún sin conocer los pormenores de su decisión judicial.
Así, el Consejo de la Judicatura se convertía, de facto, en un tribunal de alzada y juzgaba a priori un acto soberano de la titular de un órgano jurisdiccional. La intromisión del Consejo de la Judicatura es, a todas luces, irregular. Ello es así porque después de la sentencia del juzgado de primera instancia corresponde conocer, en apelación, a la Sala Penal como autoridad superior.
Lamentablemente, la sala que conoció del asunto en segunda instancia revocó la sentencia, a pesar de todas las irregularidades en la integración de una averiguación previa inducida, con una severa y grave omisión: En ningún momento hace referencia a los exámenes médicos que son la base de la inocencia de Omar Fernando Rosales.
Lo malo es que para juzgar la actuación de la jueza Álvarez Ramos, y separarla del cargo, el consejo habilitó al símbolo de la corrupción del Poder Judicial en Chiapas: Walter Constantino Vleschower, quien, sin autoridad moral, en un solo día analizó 15 tomos de mil hojas cada uno para concluir que Álvarez Ramos había emitido una sentencia no apegada a derecho.
Sin embargo, hay un dato inequívoco que ilustra el interés gubernamental por sentenciar a Omar Rosales. El ex juez Rafael León González se comunicó, vía WhatsApp, con la licenciada Álvarez Ramos para ordenarle el sentido de la sentencia. Diría el comunicado: “Licenciada, buenas noches; te solicito apoyo para con la petición de los vecinos; agradeceré me informes una vez que hayas dictado sentencia. Gracias”, pero agrega el mensajero habilitado “que la licenciada Isabel Álvarez Ramos, jueza del ramo penal de San Cristóbal, en la causa penal 28/2018 dicte SENTENCIA CONDENATORIA en contra de OMAR FERNANDO ROSALES TOLEDANO como penalmente responsable del delito de FEMINICIDIO en agravio de VIRIDIANS FLORES RAMÍREZ (las mayúsculas son de Rafael León, el mismo que hace seis años pretendió torcer el sentido de una sentencia en la que participaba el autor de esta columna)”.
Queda, entonces, el veredicto final, a cargo de un Tribunal Colegiado de Circuito. Si este órgano jurisdiccional federal revoca el fallo de la sala, una vez más la administración de justicia en Chiapas quedará exhibida en su proclividad a vulnerar el Estado de derecho. Ampliaremos…

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