Reforma judicial en Chiapas, falaz, inconstitucional, impositiva, discriminatoria, ridícula, centralizada y corrupta

Poder cerrado y reservado

Compartir:
Congreso de Chiapas, como en los mejores tiempos del PRI

El pasado 9 de diciembre, el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno del estado de Chiapas, envió al Congreso del Estado una “iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de Administración de Justicia e Integración del Poder Judicial”.

A decir del diputado Marcelo Toledo Cruz, la iniciativa está suscrita por el doctor (sic) Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado. Lo malo es que la iniciativa, además de su inconstitucionalidad, adolece de otras irregularidades, como se evidenció en colaboración del 29 de diciembre de 2019:

1.- Falaz. El dictamen, trámite legislativo, acuerdo, aprobación o cualquier artilugio que se le quiera endilgar, viene firmado por el “doctor” Rutilio Escandón Cadenas. Ya quedó acreditado que el gobernador únicamente posee título de licenciado en derecho y carece del grado superior académico de maestría y doctorado.

2.- Inconstitucional. El nombramiento de magistrados debe cumplir con los mismos requisitos exigidos para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos, 10 años de antigüedad con título profesional de licenciado en derecho. La reforma judicial de Chiapas dice que basta con que el aspirante a magistrado tenga título y cédula profesional con apenas un día de antigüedad como profesional del derecho.

La propuesta de disminución de percepciones a los árbitros del Centro de Justicia Alternativa  vulnera profundamente los derechos humanos contenidos en el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque cualquier trabajador  ajusta su ritmo de vida a un presupuesto establecido, con base a su percepción mensual, y la disminución  repentina  de su ingreso lo inhabilita para cumplir compromisos contraídos con anterioridad.

Por eso, decir que los árbitros del Centro de Justicia Alternativa no pueden ganar más que un secretario de Acuerdos de juzgado es inmoral y atentatorio a la dignidad humana. Rutilio Escandón ya lo experimentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia.  Disminuyó el sueldo de magistrados y eliminó  los viáticos y gasolinas  a los notificadores y actuarios en grave violación a la Constitución, que prohíbe disminuir el sueldo a los magistrados durante el tiempo de su encargo.

Pretender aplicar retroactivamente la ley atenta en contra del espíritu del artículo 14 constitucional.

3.- Impositiva. López Obrador habla de la cuarta transformación, en tanto que en Chiapas es la cuarta regresión (Pablo, Sabines, Manuel y hoy Rutilio). De la iniciativa firmada por el diputado Marcelo Toledo Cruz, y seis diputados más, se observa que con fecha 9 de diciembre, el ciudadano doctor Rutilio Escandón Cadenas envió la iniciativa de decreto.

La lectura de tan infortunado documento se realizó en la sesión congresional del 10 de diciembre y se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Como en los mejores tiempos del PRI, para el 11 de diciembre, el  decreto estaba aprobado por unanimidad, firmado, sometido a consulta y aprobado por 100 municipios en menos de dos días.

Esa rapidez exhibe la trágica sumisión legislativa.  Los diputados y los presidentes municipales ni siquiera leyeron lo que firmaron, sometidos a los caprichos y veleidades del poder ejecutivo.

4.- Discriminatoria. La reforma “profunda” al Poder Judicial es atentatoria al derecho humano contenido en el párrafo quinto, artículo primero, de la Carta Magna, que prohíbe, de manera absoluta, la discriminación en todas sus formas. La burda reforma judicial restringe otro derecho humano de los mexicanos, nativos de Chiapas, para “poder ser nombrados en cualquier empleo cargo o comisión con las calidades establecidas en la ley”. Así lo manda y ordena la fracción VI del artículo 35 constitucional.

En un acto de veleidad  extrema,  la iniciativa previene que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados deberán ser de carrera judicial para una mejor impartición de justicia.  Hay abogados postulantes que conocen a profundidad el derecho y, eventualmente, no se les puede negar la posibilidad de formar parte del poder judicial.

El mejor ejemplo es el del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sin trayectoria judicial y hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero exitoso como abogado, al que no se le puede reprochar su inclusión en el Poder Judicial Federal, en tanto que en Chiapas hay cuando menos una docena de jueces y magistrados que deberían ser destituida y sometida a proceso penal.

La disposición para nombrar al titular del Centro de Justicia Alternativa es de carcajada. La desafortunada  reforma establece que el director deberá ser un juez de primera instancia, lo que desnaturaliza el principio para el cual fue creado. El Centro es un organismo especializado en el que el director, los subdirectores, los árbitros, conciliadores y mediadores, se han formado desde que este surgió, en el año 2011, y conocen a profundidad su función. Pensar en que proponer a un juez resulta innovador está totalmente fuera de contexto jurídico.

Lo mismo ocurre con la designación de los consejeros del Consejo de la Judicatura, que convierte al organismo en un cuerpo de élite y todavía más discriminatorio. La célebre reforma inconstitucional reserva la función de consejeros sólo para quienes hayan sido jueces y magistrados,  con lo que se vulneran, flagrantemente, los principios contenidos en los artículos primero y 35 ya mencionados.

5.- Ridícula. La infame reforma está plagada de errores gramaticales, pésima sintaxis,  uso indiscriminado de gerundios donde no deben de ir y la pobreza de sinónimos que en otra ocasión comentaremos.

Con el ánimo de hacerse los chistosos o ingeniosos acuñan una frase de ridiculez extrema: “Es verdad que Chiapas, por ser una entidad que forma parte del Estado mexicano, es un nudo de la misma caña…”. ¿Nudo de una misma caña? La frase, además de ridícula, nada tiene que ver con lo sigue del  texto, el cual se refiere al Consejo de la Judicatura, pero sin relación con el nudo ni la caña. El derecho en general y el constitucional son cosa seria como para rebajarlo a nivel de comentario de mercado.

6.- Centralización y corrupción. Desaparece el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano autónomo y se sustituye por un Tribunal Administrativo como parte del Poder Judicial. Esta disposición vulnera el principio establecido en la fracción V del artículo 116 de la Constitución de la República: “Las constituciones y leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para emitir sus fallas…”. Al quedar sometido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, sus fallos perderán esa autonomía Constitucional.

Los jueces burocráticos, al sustituir la función de un tribunal colegiado del Trabajo, se vuelven propensos  a la corrupción, lo mismo que las Salas Unitarias, al dejar la decisión al criterio de un solo juzgador, en lugar de que colegiadamente resuelvan tres magistrados, con mejor conocimiento y más dificultad para proponer y lograr el sentido de una resolución.

Así, la reforma inconstitucional es atentatoria a los derechos humanos de los gobernados, a la seguridad jurídica de quienes concurren en demanda de justicia y al Estado de derecho, pero, sobre todo, el Poder Judicial se vuelve un poder cerrado y reservado sólo para quienes ahí se hayan iniciado.  Ampliaremos…

 

[email protected]

 

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...