Reelección presidencial, las lecciones de la historia

Respetar y hacer respetar la Constitución, obligación de titular del Ejecutivo federal

Compartir:
Firma de compromiso de no reelección acto de histrionismo político exacerbado

La inconstitucionalidad de la reforma a la Carta Magna de Baja California para prolongar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez ha llevado al centro del debate nacional la supuesta o real intención, oculta, de Andrés Manuel López Obrador de intentar reelegirse en el 2024.

La polémica ha obligado al Presidente de la República a firmar ante notario público el compromiso de no transgredir el principio maderista contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso, y por ningún motivo, podrá volver a desempeñar ese puesto”.

La actitud presidencial, más bien, parece un acto de histrionismo político exacerbado. La firma ante notario público en nada garantiza que las circunstancias, dentro de cinco años, obliguen a cambiar la promesa presidencial. Sólo que no hay que olvidar las lecciones de la historia: Las reelecciones del siglo XIX con Anastasio Bustamante, las 11 presidencias de Santa Anna, los 15 años de Benito Juárez y la segunda postulación de Sebastián Lerdo de Tejada.

El siglo XX fue prolífico en afanes reeleccionistas. Antes de su última relección, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman en la que mintió al electorado: “México está listo para la democracia, y si se forma un partido de oposición lo consideraré como una bendición, y no como un mal. Estaremos listos para inaugurar un gobierno democrático. No tengo la intención de permanecer en la presidencia”.

Esa última reelección de 1906 propició la Revolución de 1910 y el surgimiento de caudillos que lucharon contra la dictadura y pretendieron perpetuarse en la silla del Águila. Venustiano Carranza quiso repetir y terminó asesinado. Álvaro Obregón logró la reforma constitucional que le permitiría volver al poder en 1928 y fue masacrado, de 19 balazos, con 6 pistolas de diferentes calibres. Y Plutarco Elías Calles asumió el papel de jefe máximo de la Revolución, pero cesó su vida política en el exilio.

Miguel Alemán, presidente de 1946 a 1952, era demasiado joven para dejar el poder e intentó repetir en la presidencia. Convocó a los ex presidentes Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho a consensuar si era posible su reelección. Portes Gil le salió al paso y le manifestó su acuerdo con la reelección bajo un certero argumento: “Propongo al general Cárdenas como el candidato presidencial del PRI”. El ex presidente declinó y, al mismo tiempo, envió un mensaje al presidente Alemán: “Ese es un tema del cual yo no hablo”. Ahí terminó la discusión reeleccionista y la postulación de don Adolfo Ruiz Cortines.

En 1975, el presidente Luis Echeverría exploró, primero, la posibilidad de ampliar su mandato de seis a ocho años, y después intentar reformar la Constitución para postularse un sexenio más. Sus aspiraciones reeleccionistas terminaron el 5 de febrero de 1975, en el Teatro de República de Querétaro, cuando el presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles, fulminó, en definitiva, sus pretensiones santanistas y porfiristas con un célebre discurso antirreeleccionista.

Diría en aquella ocasión el gran estudioso del liberalismo mexicano y respetado ideólogo de PRI: “Cuando se ha realizado alguna reforma que, por circunstancias temporales, parece hecha para un hombre –permitir la reelección en 1928- se ha debido reformar la reforma. De ahí aprendimos a no reformar para un hombre, por históricamente conveniente que parezca…”. “Por lo consiguiente, aquellos aturdidos que pretenden la reelección lesionan a la Revolución, niegan nuestras instituciones y ofenden al revolucionario Luis Echeverría…”.

Con ello, don Jesús canceló la demencia a perpetuidad esbozada por un Echeverría negado a entender que el poder tiene fecha de caducidad. No necesitó criticarlo. Con el elogio lo obligó a aplaudir la posición del presidente priísta.

Carlos Salinas de Gortari también pensó su propia relección en la persona de Luis Donaldo Colosio. Contrario a lo que se pregonó, el decreto del 31 de diciembre de 1999 para permitir el acceso a la Presidencia de la República a mexicanos que no fueran hijos de padres mexicanos por nacimiento fue con dedicatoria a Jaime Serra Puche, cuyos padres no habían nacido en territorio nacional. Ironías del destino, el beneficiario fue Vicente Fox.

La clave de esa ambición presidencial la dio José Ángel Gurría, subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, cuando confió a un grupo de inversionistas japoneses que sus inversiones en México estaban seguras porque el grupo de Salinas de Gortari gobernaría hasta el 2018. La alusión llevaba la dedicatoria de que uno de esos gobernantes volvería a ser Carlos Salinas.

La historia ya es conocida. Colosio fue asesinado y esa o esas balas mataron los intentos reeleccionistas del salinato y las aspiraciones presidenciales de Manuel Camacho.

Por eso no es necesario que Andrés Manuel López Obrador se comprometa ante la ciudadanía y el electorado de que no está en sus planes reelegirse cuando esas solamente son palabras vanas. Tiene un camino más certero y más confiable. La fracción II del artículo 105 de la Carta Magna otorga al Presidente de la República la facultad de interponer acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada por el Congreso del estado de Baja California.

Cumpliría así con el juramento rendido ante el Congreso de la Unión de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. La Constitución de Baja California es una ley inferior que deriva de la Carta Magna y el Presidente de la República está obligado a vigilar que no contraríe el mandato supremo de toda la Unión.

De no proceder jurídica y constitucionalmente en contra de la ya afamada “ley Bonilla”, el presidente López Obrador mandaría a la nación el funesto mensaje de que Baja California es el laboratorio para sondear la posibilidad de una reelección presidencial en ciernes para el 2024.

Ya en 1992, el gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbalá, renunció al interinato que ocupaba para tener el pretexto idóneo de postularse como candidato del PRI a un gobierno de elección popular por seis años más.

Desde luego, el beneficiario era Carlos Salinas, que en dos años más dejaría la Presidencia de la República. La respuesta ciudadana sería el termómetro para decidir su segunda postulación presidencial o declinar en su intento. Afortunadamente, la presión política y social abortó la candidatura de Martínez Corbalá y Salinas se vio obligado a nombrar candidato a Colosio.

Esas son las lecciones de la historia que jamás deben olvidarse. Y, sobre todo, recordar la sentencia porfirista pronunciada en 1870, en el plan de la Noria, en contra de la reelección de Benito Juárez, y, en 1876, en el plan de Tuxtepec, para oponerse a un segundo mandato presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada: “Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última Revolución.”
Proféticas las palabras que terminaron con 30 años de dictadura porfirista. Ampliaremos…

[email protected]

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...