Raciel López Salazar, la infamia en la fiscalía general chiapaneca

¿Qué autoridad moral le asiste para procurar justicia cuando, con total conocimiento, libera delincuentes o encarcela a gente inocente?

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Como estaba anunciado desde la presentación de la quinteta para ocupar la fiscalía general del estado de Chiapas, Raciel López Salazar, procurador en funciones, era el elegido para prolongar, durante nueve años más, la corrupción en la procuración de justicia.  Los otros aspirantes, vergonzosamente, iban de relleno, para cumplir con el requisito de burlar el orden constitucional.

Salvo honrosas excepciones de juristas destacados y honorables –Arturo Morales Urioste en el gobierno de don Salomón González Blanco, Armando Mijangos Ross con don Juan Sabines Gutiérrez y Roberto Serrano Ornelas durante la administración del general Absalón Castellanos Domínguez-, la procuración de justicia en Chiapas se ha degradado, en extremo, con los últimos tres procuradores, y hoy con su fiscal general.

Con exceso de retórica, cada vez que se hace referencia al procurador se le acomoda el calificativo, inmerecido, de representante social, abogado del pueblo, cuando es el represor social, verdugo y azote de los chiapanecos con la aplicación manipulada y selectiva de la ley.  Desde este mismo espacio se han dado incontables ejemplos del abuso en el uso del derecho penal.

La manipulación de las instituciones republicanas en Chiapas para fines personales ha sido evidente.  En el año 2003, Pablo Salazar quiso proteger su salida con la creación de la primera fiscalía general del estado y terminó en la cárcel. Ayer como hoy, Salazar propuso a su procurador Mariano Herrán para ocupar el cargo de fiscal, por siete años, de 2003 a 2010, y con posibilidades de una reelección.

Si la trampa jurídico-constitucional hubiera sido lo esperado, Herrán, apenas este año, habría entregado el puesto que se había previsto ocupar por 17 años.  El resultado fue absolutamente adverso.  Herrán pasó de fiscal general a recluso en el penal de máxima seguridad de El Rincón, en el estado de Nayarit.  López Salazar fue el brazo ejecutor de la venganza del vicioso Juan Sabines Guerrero en contra de Salazar y su fiscal Herrán.

A la fiscalía general del estado le siguió el Ministerio de Justicia, para recompensar al mapache electoral Amador Rodríguez Lozano. Nativo de Baja California, Rodríguez Lozano fue el estratega electoral de Salazar para organizar y dirigir el escandaloso fraude electoral que haría gobernador, en el 2006, al mayor ladrón en la historia de Chiapas: Juan Sabines Guerrero.

Para consumar el atentado constitucional, Sabines y Rodríguez Lozano mintieron al pueblo de Chiapas.  Inculto, ignorante, tonto y desconocedor de la historia en la exposición de motivos, Sabines alteró la historia de México al asegurar que el Ministerio de Justicia era una figura juarista que no existía desde esa época.

El Ministerio de Justicia existió desde la Constitución de Cádiz, en el artículo 222.  En cuanto al México independiente, el Ministerio de Justicia fue una creación de su alteza serenísima Antonio López de Santa Anna en una República centralista, y no en una República federalista y juarista, como aseguró  Sabines.  Incluso, antes de Juárez hubo 53 ministros de justicia y la desaparición del Ministerio de Justicia se dio hasta 1905, durante la presidencia de Porfirio Díaz. Son, pues, las mentiras basadas en la ignorancia y el interés personal.

Hoy, de nuevo, se insiste en una fiscalía general para garantizar la permanencia del bandido procurador López Salazar.  ¿De verdad cree que permanecerá 17 años en el cargo?  La experiencia,  el hartazgo social y un nuevo gobierno demostrarán que nueve años son demasiados para soportar a quien está acostumbrado a torcer, permanentemente, el recto sentido de la ley.

Durante sus ocho años al frente de la procuraduría, a López Salazar se le han acumulado los pasivos jurídicos y personales.  En el año 2009 se le solicitaron 89 solicitudes de desistimiento de la acción penal para favorecer a delincuentes con delitos considerados como graves.  Sin ninguna justificación, de los más emblemáticos son aquellos 10 casos de liberación de reos por homicidio calificado debidamente probado y confesos los inculpados.  Los 12 de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado.  Los 9 de robo con violencia.  Y, lo más detestable, la liberación de seis violadores acusados se violación agravada y violación equiparada, para quedar impunes.

Lo inaudito llegó cuando, en un magno evento, el comisionado de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, Felipe de la Torre, con ligereza inusitada, entregó a López Salazar un premio por su destacada participación en el combate a la trata.  Lo malo es que en la causa penal 344/2013, López Salazar liberó al responsable Montejo, precisamente, por el delito que le mereció un premio: Trata de personas.

Cabe, pues, preguntar ¿qué autoridad moral le asiste a López Salazar para procurar justicia cuando, con total conocimiento, libera delincuentes o encarcela a gente inocente?  Con ello, el hoy fiscal general se convierte en la antítesis de la procuración de justicia, en una versión kafkiana del mundo de la absurdidad, exactamente al revés de lo que debe ser la aplicación recta y justa de la ley, de ahí que, con su actuación antijurídica, el ex procurador López represente una crisis jurídica, social y humanitaria.  Jurídica porque la ley se aplica a conveniencia y con destino opuesto a donde debe de llegar.  Social porque la sociedad no tiene la certeza de una justicia apegada al Estado de derecho que debe de prevalecer.   Y humanitaria porque es la conclusión de la violación permanente y reiterada de los derechos humanos por parte del ministerio público.

Sin embargo, López Salazar viola también, sistemáticamente, la Constitución del estado de Chiapas al mantener como fiscales a personajes que no cumplen con el dispositivo constitucional.  El código político local es claro: Los fiscales deberán ser chiapanecos por nacimiento.  El caso más patético es el del déspota, iracundo y abusivo de los dineros del estado, Sergio Iván Cruz Ledezma, originario de Jalisco.

Suspendido de la Procuraduría General de la República, su compadre López Salazar, en abierto fraude a la ley, lo cobijó como encargado de la fiscalía de servidores públicos.  Sólo que lo agradable para el patibulario Cruz Ledezma es que con ese carácter ha ocupado siete fiscalías, cobra en todas como titular y todavía recibe estímulos por operativos exitosos, al margen del presupuesto de egresos del estado.

El otro gran beneficiario de su cercanía con el procurador López, sin ser chiapaneco, es el fiscal de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Felipe Neri León Aragón, hermano de aquél Rodolfo León que participó en el fuego cruzado cuando en 1993 fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara.

Falta por desentrañar las compras fraudulentas, sin licitación y con el cuento de la seguridad interna, cotizadas hasta en más de tres veces su valor, en especial aquél helicóptero a un sobreprecio de 45 millones de pesos pagado dos veces, una con fondos federales y otra con fondos del estado.

Es evidente que con todos esos atributos, López Salazar está impedido para ser fiscal general del estado.  Lo bueno de su permanencia es que los delitos hasta hoy cometidos siguen vigentes.  El artículo 114 de la Constitución del estado de Chiapas y el 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la interrupción de la prescripción en tanto ocupe el cargo que hoy ostenta.  Ampliaremos…

 

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