Perú, ex presidentes perseguidos, procesados y encarcelados

Odebrecht, corrupción transnacional solapada en México

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El pasado 17 de abril, la nota que dio la vuelta al mundo fue el hasta hoy “suicidio” del ex presidente de Perú Alan Gabriel Ludwig García Pérez, llamado simplemente Alan García. Por dos ocasiones ocupó la Presidencia de la República. La primera entre 1985 y 1990, a los 36 años, con lo que se convirtió en el presidente más joven en la historia de su país. Y la segunda entre el 2006 y el 2011, al derrotar, en segunda vuelta, al que posteriormente sería su sucesor: Ollanta Humala.
Las dos presidencias de Alan García estuvieron marcadas por la persecución política y actos de corrupción no probados que lo obligaron a abandonar su fuero de senador vitalicio en 1991. Así, el ex presidente García Pérez terminó exiliado en Colombia y Francia ante las agresiones del régimen de Alberto Fujimori; posteriormente detenido y sentenciado a 25 años de prisión.
Los pormenores del “suicidio” de Alan García tienen como antecedente actos de corrupción que el ministerio público peruano le fincó por su real o aparente participación como beneficiario de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Según los reportes oficiales, cuando al ex presidente García Pérez se le notificó su comparecencia ante el ministerio público pidió esperar un momento para hacer una llamada.
Sin embargo, el resultado real o aparente fue que se dio un tiro en la cabeza. Con todo, el ministerio público allanó la casa del ex presidente cuando ya no había necesidad, puesto que el Código Penal peruano establece que la acción penal se extingue en el momento de la muerte del probable responsable de un delito.
La república de Perú y sus gobernantes caminan entre la democracia, las casualidades y la corrupción transnacional a cargo de la empresa Odebrecht, y mantiene perseguidos, procesados o encarcelados a cuatro ex presidentes.
El sucesor de Alan García en 1990 fue Alberto Fujimori, quien pretendió perpetuarse en el poder hasta que en el 2001, en pleno tercer periodo presidencial, tuvo que huir hacia Japón. Cometió la osadía de regresar y fue aprehendido para ser sentenciado a 25 años de prisión acusado de usurpación de funciones, peculado por 2 mil millones de dólares, secuestro y el homicidio de 15 personas, 9 estudiantes y un profesor, catalogados como delitos de lesa humanidad.
Alejandro Toledo derrotó a Alan García en las elecciones presidenciales del 2001, pero Alan García sucedió a Toledo al vencer, en el 2006, a Ollanta Humala, quien en el 2011 recibió la Presidencia de la República del propio García Pérez.
Lo curioso es que estos tres ex presidentes en línea resultaron unidos por la corrupción patrocinada desde las opulentas oficinas de la constructora brasileña Odebrecht. En política no existen casualidades. Durante esos tres periodos presidenciales, la transnacional obtuvo en Perú contratos irregulares por cerca de 2 mil millones de dólares y concesiones por 8 mil 700 millones más.
Según la empresa Odebrecht, Toledo habría recibido 20 millones de dólares en sobornos y 700 mil dólares en apoyo para su campaña presidencial en el 2001, en tanto que Ollanta Humala se habría beneficiado con 3 millones de dólares para las elecciones del 2016, cuando resultó electo presidente del Perú.
Apenas en marzo pasado, el también ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski fue separado del cargo por actos de corrupción derivados de la presencia de Odebrecht en su campaña del 2016, de la cual recibió apoyos electorales por 500 mil dólares, según Jorge Barata, representante de Odebrecht. Se agregan a esos dineros clandestinos diversos sobornos, desde que Kuczynski era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo en Estados Unidos y destinatario de una orden de captura internacional.
La corrupción en Perú alcanzó también a la hija del ex presidente Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, candidata, dos veces, a la presidencia por Fuerza Popular, cumple, actualmente, 36 meses de prisión preventiva al comprobarse que recibió de Odebrecht un millón 200 mil dólares durante su aspiración residencial del 2011.
La acusación la realizó, otra vez, Jorge Barata, de curioso apellido después de todas las transacciones millonarias de corrupción que Odebrecht ha patrocinado en el Continente Americano, incluido México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Bajo esos señalamientos, Odebrecht es, ya, un referente obligatorio de la corrupción internacional. El ídolo -o ex ídolo- de la izquierda brasileña Luiz Inacio Lula de Silva resultó también reclutado por el capitalismo transnacional. Terminó condenado a 12 años de prisión por sobornos recibidos de su paisana Odebrecht, calculados en 2 mil 500 millones de dólares, por contratos y favores otorgados a través de la petrolera paraestatal Petrobras.
México también fue parte del remate electoral que Odebrecht institucionalizó en América Latina para patrocinar campañas presidenciales y, después, cobrar dividendos cuando sus beneficiarios asaltaran el poder. En México, la corrupción financiada por Odebrecht no proviene de un dato menor. La fuente es la Corte Federal de Nueva York, en donde se documenta que en el 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, Odebrecht aceptó pagar un soborno de 6 millones de dólares a “un alto funcionario de una empresa paraestatal a cambio de que Odebrecht ganara un proyecto relacionado con la producción de petróleo”.
Para entender la colusión entre el gobierno de México y la brasileña Odebrecht basta con ver las declaraciones de su representante en México al asegurar que en el 2012 entregó a Emilio Lozoya Austin 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. Lozoya sería después director general de Pemex; durante su gestión, Odebrecht ganaría, en 2014, la licitación del gasoducto los Ramones, que atraviesa los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares y toda la información se encuentra disponible en el portal de Transparencia del gobierno mexicano.
Desde luego que la connivencia entre el poder económico y el poder político en México es evidente. Las diferencias son notables entre países. En Brasil, la institución del ministerio público ha llevado a la cárcel a los poderosos propietarios de las dos empresas constructoras más grandes de América Latina, las brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y encarcela a su ex presidente Lula da Silva, en tanto que en Perú, un ex presidente se “suicida”, otro se encuentra prófugo de la justicia, uno más encarcelado y el último sujeto a proceso penal; en México, todos se encuentran felices y protegidos desde el poder, gozando de la riqueza, mal habida, que da la impunidad. Ampliaremos…

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