Peligroso desprecio a la CNDH

Inaceptable demeritar su labor y encomienda

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nació en 1990. Su origen obedece a la demanda mundial a partir de la firma de la Carta de los Derechos Humanos o Carta de San Francisco de 1948, que establecía como necesidad para preservar la paz en la posguerra mundial, crear los organismos necesarios en cada Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mantener vigilancia y seguimiento a la plena vigencia de ese humanitario acuerdo internacional.

El antecedente más remoto está en el Ombudsman de 1809 en Suecia, que en nuestra historia nacional corresponde al “abogado del pueblo” figura que fue creada por el potosino Ponciano Arriaga constituyente reformista que creó “La Ley de Procuraduría de Pobres” que a su vez, en alguna de sus vertientes, dio lugar a la defensoría de oficio pero que, en su concepto y alcance es mucho más necesaria para conformar una trinchera de defensa de los derechos fundamentales de quienes no pueden acceder a la justicia formal por su ignorancia, lejanía o falta de recursos para la contratación de un abogado.

Era obvio también, que pese a la importancia y fuerza del alcance del juicio de amparo para imponer a las autoridades que agravian a un particular la rectificación y sujeción a la ley, para cesar la arbitrariedad y restablecer el respeto a sus garantías como ciudadano; éste medio también adolecía de no ser de acceso al común de los mexicanos, por lo que hubo de crearse un organismo apto para actuar con inmediatez y eficacia ante los abusos de autoridad.

En un gesto de sometimiento a la presión internacional contra México se instaló la llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue presidida por Jorge Carpizo quien pronto advirtió que requería de plena autonomía y ser liberada de su dependencia de la Secretaría de Gobernación como Salinas de Gortari lo pensó subvirtiendo las recomendaciones internacionales en la materia.

Desde entonces la lucha de la CNDH ha sido imponente porque su misión se desenvuelve precisamente frente al poder político y de los grupos coludidos por sus intereses comprometidos. Ha tenido altas y bajas, dependiendo del titular en el cargo, pero la línea de servicio a la defensa de los débiles fue la constante que acredita su existencia. Su actual dirigente desde el 16 de noviembre de 2014 es el Dr. Luis Raúl González Pérez con probada trayectoria en el campo del derecho constitucional y vocación social que, en los momentos más oscuros de nuestra vida pública que han manchado el nombre de México ante el mundo, con valor y patriotismo no ha escatimado en denuncias, reclamaciones y llamado a instancias judiciales ante todas las autoridades responsables, para exigir el respeto pleno de los derechos humanos de los mexicanos.

Por la imparable represión, persecución y asesinatos de ciudadanos por autoridades, policías, soldados, marinos, ministerios públicos etcétera, cuyos autores intelectuales han sido desde el Presidente de la República hasta gobernadores y presidente municipales, González Pérez no ha escatimado levantar la voz en defensa de personas y comunidades víctimas de esos excesos en el ejercicio de cargos públicos. De entre otros eventos trágicos en los que se ha intervenido, recientemente la presencia de CNDH hizo la advertencia frente a la puerta falsa de militarizar el servicio policiaco creando la Guardia Nacional, lo que le ha ocasionado abiertas y ocultas amenazas e intimidaciones.

Como había ocurrido desde su nacimiento la CNDH presentaba su informe anual para el conocimiento ciudadano, frente al titular del Poder Ejecutivo federal toda vez que, precisamente, es a través de la denuncia pública de donde se desprende la fuerza moral que ejerce la Comisión y que no calla ante los responsables intelectuales y constitucionales de la violación a los Derechos Humanos. Son los órganos de procuración y administración de justicia los que tienen a su cargo sancionar a los autores materiales, dejando muchas veces, por conflicto de interés, libres de juicio a los más altos niveles del servicio público cuando por acción u omisión, permiten que México viva un estado permanente de agravios y de impunidad. La Comisión tiene la elevada tarea de no condescender ni temer hablar con la verdad, cuando de la protección a los más vulnerables se trata.

Ocurre que en ésta ocasión y precisamente en el gobierno de la “Cuarta Transformación” de Andrés Manuel López Obrador, la CNDH no ha encontrado la disposición del presidente para hacerle llegar en acto público el informe anual y comentar ante el mismo, el estado que guarda la situación nacional respecto a éste fundamental tema que es el parámetro más importante para medir a un gobierno en su desempeño a cargo de la nación.

La razón por la que López Obrador rehúye este acto es desconocida pero, teniendo en cuenta la experiencia en otros casos, no deja de ser posible que se trate de una lamentable venganza por la persistencia de la Comisión en el cumplimiento de su noble tarea en la exigencia a toda autoridad política para mantener el Estado de derecho y eliminar cualquier concesión o simulación para mantener la sistemática inmunidad que se ofreció erradicar.

“Obligado es rectificar el error”. Demeritar directamente la labor y encomienda del Ombudsman o hacerlo a través de recursos como el señalado, no serán posiciones de poder que dignifiquen como se quiere la vida nacional y sí podrán significar graves retrocesos en favor de los enemigos del orden y la justicia.

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