Pablo Salazar y los atentados a la libertad de expresión en Chiapas

Pese a prendas morales y antecedentes represivos se presenta como el salvador de la entidad

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A finales de noviembre de 2004, en su XX reunión nacional, en la ciudad de Campeche, la Asociación Mexicana de Editores (AME) acordó nominar a Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador del estado de Chiapas, enemigo número 1 de la libertad de expresión.  La determinación tenía sustento.  El 20 de junio de 2000, el periódico Cuarto Poder daba a conocer que el candidato de la Alianza PAN-PRD-PT-Verde-Convergencia había ejercido, durante 25 años, con título y cédula profesional falsos, a los que se agregaban la cartilla del Servicio Militar Nacional y acta de nacimiento también falsificados en las imprentas clandestinas de Santo Domingo.

Descubierta su irregularidad académica, se le abrieron dos averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, por usurpación de profesión, falsificación de documentos oficiales y falsedad en declaraciones entre otros.  Las pruebas eran irrefutables.  La Universidad Autónoma de Chiapas certificó que Salazar Mendiguchía se ostentaba con la cédula profesional 745078 para obtener una plaza de maestro de derecho constitucional.  Sólo que el número correspondía a María Leticia Altúzar Coello, licenciada en psicología egresada de la Universidad Autónoma de Morelos.

La condición de usurpador y falsificador de Salazar Mendiguchía se corroboró cuando Lauro Castillo Sánchez, abogado general de la Universidad Autónoma de Puebla, informó que “el alumno Pablo Abner Salazar Mendiguchía había aprobado apenas 22 de las 56 materias que integran el plan de estudios de la carrera de abogado, notario y actuario.   Por lo tanto, no existe registro ni antecedente, en el departamento de exámenes profesionales, de que haya presentado el examen de grado correspondiente”.  Por su parte, la Dirección General de Profesiones certificó que no existía constancia alguna del título de Salazar Mendiguchía.

Con esas prendas llegó al gobierno del estado de Chiapas.  Vociferó en los medios que todo era un complot para desacreditarlo como candidato y que pronto daría respuesta a las imputaciones sin sustento.  Fue su primera promesa de campaña.  Pasó el tiempo, terminó el sexenio y el compromiso quedó incumplido. Y no sólo eso.  Salazar Mendiguchía incurrió en doble usurpación y falsificación.  Entre agosto y diciembre de 2000 “aprobó” –caso insólito en México- 34 materias que le habían quedado pendientes desde 1975.  Regularizado vía fast track, en febrero de 2001 obtenía su cédula profesional.  Para lograrlo contó con la complicidad de Enrique Doger Guerrero, rector de la Universidad Autónoma de Puebla.  De todos modos, su condición de falsificador y usurpador continuó.  Aun cuando  sus nuevos documentos contaban, ya, con el aval de papelería, sellos y firmas auténticos, su condición de licenciado en derecho jamás podrá ser sustentada en los correspondientes estudios académicos.

Llegado a la gubernatura, Salazar Mendiguchía cobró afrentas y venganzas personales en contra de quien lo exhibió como falsificador y usurpador.  Desató una feroz persecución en contra de Conrado de la Cruz Jiménez, director del Cuarto Poder de Chiapas, de su esposa, María Morales Ruiz, y de su hijo, Conrado de la Cruz Morales.  Sin ningún sustento, a De la Cruz Jiménez se le inventó el delito de defraudación fiscal por un monto de 45 millones de pesos, como si se tratara de un medio de circulación nacional, con ingresos no probados para  llegar a una obligación fiscal de ese tamaño.  El director de Cuarto Poder murió en Miami el 15 de enero de 2007 después de un exilio forzado de más de 3 años.  Fue, a no dudarlo, una muerte inducida desde el poder.

A su hijo le vaciaron el Código Penal al endilgarle delitos que nunca cometió.  En ocho causas penales le inventaron falsedad en declaraciones, corrupción de menores, fraude, robo con violencia, asociación delictuosa, defraudación fiscal y lavado de dinero.  Después de 3 años y 8 meses de prisión, y de haber ganado cerca de una veintena de amparos, De la Cruz Morales recobró su libertad sin que se le pudiera probar delito alguno.

A Morales Ruiz se le condenó a pagar fianza, para no perder su libertad, por el delito de encubrimiento a favor de su hijo. Fue un acto de abuso de autoridad, atentatorio a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.  El delito de encubrimiento no existe entre parientes y aquellas personas que tengan alguna relación de amistad o estén ligadas por lazos de amor.  Morales Ruiz, como madre de De la Cruz Morales, tenía el derecho de proteger a su hijo por cualquier medio, sin incurrir en delito alguno.

En la agenda de la represión de Salazar Mendiguchía se practicaron siete cateos a la familia De la Cruz Morales, y el aseguramiento de  todas las propiedades, con el deliberado propósito de dejar sin garantías las abultadas cuentas derivadas de los acosos fiscales para obligar al cierre del único medio que daba cuenta de las tropelías de Salazar Mendiguchía.

Un hecho insólito, en pleno siglo XXI, exhibe al gobierno vengativo y represor de Salazar Mendiguchía. En una de sus cuantas incursiones, en los centros comerciales más lujosos  de San Pedro Garza García, Nuevo León, Pablo Salazar López, hijo del ruin gobernador, fue detenido con cuatro de sus guardaespaldas al detectárseles posesión de armas de alto poder.

El episodio fue publicado en el periódico Norte de Monterrey.  Los servicios de “inteligencia” de Salazar Mendiguchía detectaron que la nota sería reproducida en el Cuarto Poder de la familia De la Cruz Morales.  Comisionado, Horacio Schroeder Bejarano, secretario de Seguridad Pública del pabliato, visitó personalmente a la señora Elsa Selvas, esposa de De la Cruz Morales, para prevenirla de que si el episodio de Pablito se publicaba se tomarían medidas represivas en contra del hijo de De la Cruz Jiménez y Morales Ruiz, preso en el penal de El Amate.

La decisión de los dueños del Cuarto Poder fue inquebrantable,  con costos personales, familiares, sentimentales y de dolor.  En venganza,  De la Cruz Morales fue recluido en una versión moderna de El Apando, que recordaba los tiempos más funestos del legendario Palacio Negro  de Lecumberri.  Durante siete días estuvo aislado, sin luz, en una celda de dos por dos, sin visita alguna y con alimentación restringida para doblegar la voluntad de los propietarios del Cuarto Poder.  No lo consiguió Salazar Mendiguchía.  Las críticas represivas  a su administración continuaron en el mismo tono y en el mismo sentido.

El atentado a la libertad de expresión se manifestó también con la famosa ley mordaza que elevaba los delitos de prensa de 3 a 9 años de prisión, penalidad, incluso, mayor que el incesto, el homicidio imprudencial o el ultraje a los símbolos patrios.  La reforma al artículo 173 del Código Penal iba dirigida contra el director del Cuarto Poder.  Su texto represivo así lo evidencia: “Serán responsables de los delitos cometidos a través de los medios de comunicación… a los autores de la difusión o escrito, sí éstos… no estuvieren domiciliados en el estado o estuvieren exentos de responsabilidad, serán responsables los dueños, gerentes o directores…”.

Lo anterior quería decir que si un columnista nacional que colaboraba en el Cuarto Poder o un legislador federal o local, por tener fuero, no estaba sujeto a responsabilidad, pero incurría en difamación, la pena recaía, entonces, en el editor, y no en el autor de la nota.  Era, pues, más grave criticar a Salazar Mendiguchía y a sus funcionarios que agredir, por ejemplo,  los símbolos patrios.

Así pues, con esas prendas morales y antecedentes represivos, Salazar Mendiguchía se presenta como el salvador de Chiapas.  Ampliaremos…

 

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