Pablo Salazar, enemigo número 1 de la libertad de expresión

Escandaloso fraude electoral para imponer a Juan Sabines

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En su paranoia por regresar al escenario político nacional como diputado federal o senador de la República, Pablo Salazar Mendiguchía se atreve a vociferar que cuando dejó el gobierno de Chiapas “heredó al pueblo absoluta gobernabilidad”. Lo que no dijo en su video de la ignominia es que heredó al pueblo de Chiapas exactamente lo contrario de lo pregonado en su perorata al imponer como su sucesor a Juan Sabines Guerrero, un personaje irresponsable, vicioso y sin ninguna preparación política y académica.

Con la imposición de Sabines Guerrero, Salazar Mendiguchía concluyó el ciclo de destrucción de las instituciones republicanas en Chiapas (Impacto 15 de febrero de 2017).  Sabines Guerrero no podía o, cuando menos, no debía ser gobernador.  Nadie conocía su origen, como tampoco su lugar de nacimiento.  Sus asentamientos en diversos registros civiles del país dejaban la duda de si realmente era chiapaneco.  Nacido el 20 de agosto de 1968, su primera acta de nacimiento la recibió, en el Distrito Federal, con la sola inscripción de su progenitora, María de los Ángeles Guerrero.

Cuatro años después, en agosto de 1972, don Juan Sabines Gutiérrez, gobernador de Chiapas entre 1979 y 1982, no tuvo más alternativa que reconocer a Juan el pequeño como su vástago.  La petición vino, directamente, de la señora Patricia Clark, esposa del entonces gobernador de Chihuahua Óscar Flores Sánchez, sólo que para esconder la paternidad impuesta, don Juan Sabines decidió registrarlo en Tepetlaoxtoc, un minúsculo poblado del Estado de México.

Ya para 1980, y don Juan gobernador, encargó a su cercanísimo colaborador Pedro López Ayanegui hacer nativo de Chiapas al hijo reconocido a la fuerza.  Con una tercera acta de nacimiento, ahora, Sabines Guerrero se ostentaba como nacido en Pijijiapan, Chiapas. Inició así la historia de la farsa total, como lo fue en su pésimo y trágico gobierno, de 2006 a 2012.

Ante la negativa del PRI de hacerlo candidato a la gubernatura, Sabines Guerrero renunció a su partido y se puso a disposición de las huestes de Andrés Manuel López Obrador en el PRD para enfrentar al candidato del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas.

Autoritario, intolerante y represor, como siempre fue Salazar Mendiguchía, puso a disposición de Sabines Guerrero todo el aparato de Estado para hacerlo  gobernador. Con ello, todas las instituciones electorales estuvieron siempre disponibles para favorecer su candidatura. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana despachaba como presidente Noé Díaz González, antiguo correligionario de Salazar Mendiguchía en el despacho jurídico que compartían, aun cuando Salazar Mendiguchía usurpaba la profesión de licenciado en derecho.

Como director de Organización se desempeñaba Andrés González, colaborador de Salazar Mendiguchía desde 1993, cuando fue vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral.  La misión de González estaba bien definida: Alterar el padrón electoral y distribuir geográficamente las casillas en función de las preferencias electorales hacia Sabines Guerrero.

María de Lourdes Morales Urbina, directora de Capacitación Electoral, hizo abierto proselitismo a favor de Sabines Guerrero.  En recompensa, y sin ningún mérito, Sabines Guerrero la premió como magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.  Hoy, Morales Urbina se encuentra sujeta a proceso penal porque como presidenta del Instituto Estatal Electoral incurrió en diversas irregularidades en la elección del diputado migrante.

En la Contraloría de la Legalidad Electoral, Oswaldo Chacón Rojas, actual presidente del Instituto Estatal Electoral, nombrado directamente por Salazar Mendiguchía, tenía la instrucción de sancionar el más mínimo detalle del candidato del PRI, Aguilar Bodegas, y desestimar  cualquier denuncia en contra del neoperredista Sabines Guerrero.

Lo mismo que el fiscal electoral Julio César Fernández Hernández, sancionaba todo lo que pareciera delito electoral del abanderado del PRI, pero guardaba cómplice silencio del reparto de despensas, la compra de votos, la retención de las credenciales de elector y la amenaza de la suspensión de los programas sociales si no votaban por Sabines Guerrero.  Fernández Hernández había sido consejero del Poder Judicial gracias a Salazar Mendiguchía.

El Congreso del estado, regenteado por Edgar de León Gallegos, cercano colaborador de Salazar Mendiguchía cuando fungió como director del Colegio de Bachilleres, era el encargado de amenazar con la cuenta pública a los presidentes municipales para operar la elección, en sus  municipios, a favor de Sabines Guerrero.

La parte represiva de la elección estuvo a cargo del procurador Mariano Herrán Salvatti para inhibir la participación de los colaboradores de Aguilar Bodegas.  Dan cuenta de ello los 200 detenidos el día de la elección, entre los que se encontraban menores de edad.

Y con todo ese operativo político-policiaco, Sabines Guerrero apenas “pudo ganar” con 2 mil 800 votos, lo que evidenció su escaso arraigo y su desconocimiento ante el electorado chiapaneco.

De todas esas atrocidades, únicamente el diario Cuarto Poder dio puntal seguimiento y difusión.  Esta circunstancia y la denuncia pública, el 20 de junio del 2000, del título, la cédula profesional, la Cartilla del Servicio Militar y el acta de nacimiento falsos de Salazar Mendiguchía, propiciaron una inédita persecución en contra del director Conrado de la Cruz Jiménez y su familia.

El terrorismo fiscal fue el primer acto intimidatorio en contra del rotativo.  Para entregar una simple orden de verficación acudían seis  ministerios públicos con una treintena de agentes judiciales.  El resultado de las auditorías fue inaudito.  Adeudos al fisco federal por 45 millones de pesos, sólo comparables con los ingresos de un medio nacional como el Universal o el Excélsior.

El 25 de abril de 2008, a Conrado de la Cruz Morales, hijo de los señores Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, se le detuvo ilegalmente en Cancún y prácticamente se le vació el Código Penal bajo los cargos de evasión fiscal, corrupción de menores, robo agravado y otros tantos delitos inventados.  Después de 3 años y 8 meses de prisión injusta obtuvo su libertad al no probársele ningún delito.

Un episodio que recuerda los mejores tiempos del apando en el  Palacio Negro de Lecumberri tuvo su origen en el municipio de San Pedro Garza García,  Nuevo León.  De compras en una plaza comercial, a Pablo Salazar López, hijo del gobernador de Chiapas, se le detuvo cuando personal de seguridad  detectó que sus acompañantes iban armados.  El escándalo hizo llegar a la Policía Judicial y a seguridad pública del estado y municipal, siendo remitidos al Ministerio Público.

La nota publicada en el Norte de Monterrey se reprodujo en el Cuarto Poder.  Antes de su publicación, Salazar Mendiguchía se enteró y mandó a su secretario de Seguridad Pública, Horacio Schroeder Bejarano, con la amenaza de que si se publicaba apandarían a Conrado de la Cruz Morales, preso en el penal de El Amate.

Desde Miami, Conrado de la Cruz Jiménez, exiliado con su esposa, María Morales Ruiz, dio la instrucción: “Que se publique”.  Conrado hijo estuvo encerrado, durante una semana, en un cuarto de 2 por 2,  a oscuras y con alimentos de infra subsistencia.

Fue por ello que en la declaración Campeche 2004, la Asociación Mexicana de Editores (AME) declaró a Salazar Mendiguchía enemigo número 1 de la libertad de expresión y refrendó esa deshonrosa distinción en Huatulco 2005 y Zacatecas 2006.  Continuará y ampliaremos…

 

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