Pablo Salazar destructor de las instituciones republicanas en Chiapas

Inexplicable osadía de presentarse como el mejor gobernador en la historia de la entidad

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Pablo Salazar Mendiguchía. La conclusión es simple

Prematuramente envejecido, con cara de angustia desde una retórica fuera de lugar, con propuestas diametralmente distantes a lo que fue el “gobierno de la esperanza” y en un intento desesperado por convertirse en Senador de la República o, cuando menos, diputado federal por el partido que sea, Pablo Salazar Mendiguchía tiene la osadía de presentarse ante el electorado chiapaneco como el mejor gobernador en la historia de Chiapas.

En una reedición de su slogan de campaña “La Esperanza para el 2000”, hoy acuña una frase que, aun cuando demagógica y simpática, no deja de ser chistosa: “Movimiento por la Esperanza.”  El usurpador de la profesión de licenciado en Derecho propone una “rebelión ciudadana organizada y pacífica”.

En la misma frase lleva el germen de la contradicción y su ignorancia del derecho, que nunca estudió.  Una rebelión jamás será pacífica.  Al contrario, la rebelión está tipificada, en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado de Chiapas, como delito en contra de la seguridad de la nación y en contra del orden constitucional establecido.

Si lo que Salazar Mendiguchía pretendió fue utilizar metafóricamente la palabra rebelión, debió de haber buscado otra figura retórica que no lo exhibiera como el alumno tronado en derecho constitucional y garantías individuales.  Nunca aprobó esas materias, pero fue maestro de derecho constitucional en la Universidad Autónoma de Chiapas, según consta en el contrato de servicios profesionales de enero de 1993.

Lo malo para los alumnos de la universidad y del “maestro” Salazar Mendiguchía es que se acreditó como licenciado en Derecho con la cédula profesional 745078, registrada a nombre de María Leticia Altuzar Coello, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Morelos.

La conclusión es simple.  Si un joven de 24 años es capaz de falsificar sus documentos académicos, incluida cartilla del servicio militar y acta de nacimiento, un adulto de 46 años con el poder del estado como gobernador terminaría en delincuente oficial y en ratero consumado.  Otra vez la conclusión es simple: Salazar Mendiguchía lleva 11 años sin trabajar y vive como magnate, lejos de aquélla miseria que padeció durante 40 años.

Salazar Mendiguchía es, sin duda, el gran destructor de las instituciones republicanas en Chiapas.  Uno de los primeros destinatarios de la furia del pabliato fue Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Nombrado a propuesta del gobernador Salazar Mendiguchía, dio por sentado que sería otro incondicional y dócil colaborador.  Se equivocó Salazar Mendiguchía cuando le llegaron las primeras recomendaciones severas por actos de barbarie ministerial a cargo de su temible procurador, Mariano Herrán Salvatti, y su nefasto secretario de Seguridad Pública, Horacio Schroeder Bejarano.  Documentaremos después las principales recomendaciones.

Fue por eso que Salazar Mendiguchía ensayó varias formas de someter a  López Hernández. Le puso marcaje personal con la asesora en derechos humanos María de Lourdes Morales Urbina, adscrita a la Secretaría de Gobierno, con la misión de obligar a Pedro Raúl a entregar las recomendaciones por anticipado para que Salazar Mendiguchía y sus colaboradores pudieran modificarlas.  O sea, se trataba de que Salazar Mendiguchía, Herrán Salvatti y Schroeder Bejarano hicieran a gusto sus propias recomendaciones.

Lo malo para Salazar Mendiguchía fue que no pudo doblegar a López Hernández.  Buscó, entonces, la manera de desacreditarlo.  Utilizó los buenos servicios de Víctor Trujillo, al que la prensa libre de Chiapas bautizó como “Brozo, el payaso billetozo”, para difundir que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos había utilizado recursos de la institución para comprar equipo de espionaje.

Fue un acto difamatorio que Salazar Mendiguchía jamás pudo comprobar, pero le permitió mandar una andanada de auditorías sin ningún resultado para sus fines perversos.  La agresión fue, entonces, mayor.  La casa de López Hernández, curiosamente, resultó baleada y su propietario agredido físicamente, de lo que dio testimonio la embajadora de Gran Bretaña en México.

Finalmente, ante tantas amenazas, Pedro Raúl hubo de dimitir al cargo y en su lugar fue nombrada Yesmín Lima Adam, incondicional de Herrán Salvatti, de quien había sido jefe de asesores cuando Herrán Salvatti ocupó la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud (FEADS).

El círculo de la violación a los derechos humanos en Chiapas se cerró cuando la dócil Lima Adam  firmaba las recomendaciones que su antiguo jefe Herrán Salvatti le enviaba para su publicación en el órgano oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Otro de los episodios de barbarie de Salazar Mendiguchía fue el asalto al Poder Judicial del estado el 24 de marzo de 2001.  Como todos los actos de autoritarismo practicados por el pabliato, quiso imponer presidente en el Tribunal Superior de Justicia con el cuento de que quería revolucionar la administración de justicia en Chiapas.  Sólo que los magistrados le dijeron que no, y de los 25, 17 de ellos reeligieron al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Noé Castañón León.

Presionado, y bajo amenazas de muerte, Castañón León hubo de renunciar.  El pleno de los magistrados, por mayoría calificada, nombró como presidente a Jorge Clemente Pérez, y no al que Salazar Mendiguchía pretendía imponer.  Para la soberbia de Salazar Mendiguchía,  era una afrenta del Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo.

Fue ahí donde Salazar Mendiguchía ordenó al procurador Herrán Salvatti invadir la sede del Poder Judicial. En un espectáculo inédito, la Policía Judicial se apropió de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para sacar a los magistrados con amenazas y apropiarse de sus oficinas.  Ese episodio es una de las grandes vergüenzas que por siempre definirá el estilo de quien hoy se presenta como la alternativa de la esperanza, un vulgar represor, Salazar Mendiguchía.

El espectáculo que siguió fue, en exceso, ignominioso en contra de un poder constitucionalmente establecido.  Sin instalaciones propias, los magistrados sesionaban en un parque público en tanto recuperaban su recinto, ocupado por la Policía Judicial, al mando de Herrán Salvatti.

El Congreso del estado tampoco escapó a la dictadura pablista.  Por disposición de su Ley Orgánica correspondía al PRI la presidencia de la Gran Comisión al tener 21 de los 40 diputados locales.  Salazar Mendiguchía promovió la creación de la Comisión de Régimen Interno para que el voto legislativo fuera paritario, y no por cada diputado.  Con ello, el voto del PRI, con 21 diputados, valía lo mismo que el voto del Partido Alianza Social, con un solo diputado, lo que le aseguraba mayoría y la aprobación de todas sus iniciativas.

Las ofensas al Poder Legislativo continuaron. Como al gobernador Salazar Mendiguchía no le aprobaron el Presupuesto de Egresos ni la nueva estructura de la Administración Pública Estatal, el Poder Ejecutivo comenzó a funcionar sin presupuesto aprobado y con secretarías inexistentes.  En represalia por ese desacato, Salazar Mendiguchía mandó a sitiar el recinto de la soberanía popular con una turba previamente  alcoholizada  dedicada a manosear a cuanta mujer salía o pasaba por la casa de la representación estatal.

Sin embargo, lo más grave de la administración salazarista fue el escandaloso fraude electoral para imponer a Juan Sabines como gobernador.  Salazar Mendiguchía sabía que Sabines era un vicioso irresponsable y no le importó el destino del pueblo de Chiapas.  Continuará y ampliaremos…

 

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