Obligado regreso al DNIII con los jóvenes

Reconfiguración de nuestras Fuerzas Armadas debilita su participación en la más urgente de las necesidades de sobrevivencia nacional

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El Ejército Mexicano nace como Institución de carácter constitucional a partir de su precedente en 1913 cuando Venustiano Carranza lo organiza para restablecer la vigencia del orden constitucional que se había roto tras el asesinato del Presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Desde siempre ha sido objeto de seducción y uso indebido por los regímenes presidencialistas a partir del general Álvaro Obregón. Se le ha querido desviar para reprimir movimientos de protestas o simplemente para imponer con su presencia un signo de fuerza para inhibir situaciones de levantamientos o insurrecciones en distintos puntos del país. El trágico 1968 evidenció las consecuencias de dicha degradación fuera de su elevado origen y alta misión habiendo dejado una huella terrible de lo que ello significa en la historia de los desacatos a los ordenamientos constitucionales nacidos de un proceso revolucionario que vio correr ríos de sangre cuando la traición castrense los aleja de su compromiso con el bien de la patria.
La Constitución de 1917 producto de la respuesta más racional y patriótica frente a la violencia desatada en el territorio nacional ordena en su artículo 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en las fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas”. La única excepción consignada en el artículo 29 para salirse de ese marco sería el del tiempo obligado ante una invasión o perturbación grave de la paz pública (levantamiento armado dentro del país) en el que el Presidente con autorización del Congreso podría decretar la suspensión de garantías en todo o parte del país, mientras se remonta la emergencia. Esta excepción es sagrada sin lugar a excederse en tiempo ni en despliegue más allá del permiso específico concedido.
Lo que ha sido un nuevo uso de funcionalidad del Ejército, aceptado, deseado y reconocido en el texto constitucional es el de la entrada de las Fuerzas Armadas con el más claro propósito de servicio en el caso de desastres o calamidades que puedan presentarse en el país por condiciones climatológicas, sismos, inundaciones y como ahora podría ser por la proliferación de incendios forestales. Para ello fue creado el Plan DNIII que no pocos auxilios salvando vidas ha logrado en sus operativos de emergencias como único medio organizado para llegar a los sitios más remotos de difícil acceso para ayudar a los damnificados. Esta heroica tarea ha sido aplaudida por el pueblo cuando en los desfiles anuales por la Independencia nacional, el público los ovaciona y vitorea con emoción y gratitud.
Esta tan lógica ampliación del uso del Ejército ha pasado de largo en este sexenio a raíz del cambio habido para atender la inocultable necesidad de apagar la epidemia de violencia que se propaga en el país. Así se creó la Guardia Nacional que, a querer o no, continúa la línea de la gendarmería peñanietista que a su vez inició Calderón para atender una necesidad nacional de combatir el narcotráfico y ahora el crimen organizado. Ello a su vez derivó de la insuficiencia, incapacidad y deshonestidad de las autoridades estatales y municipales que serían las directamente responsables de esta vital función. Sin embargo la realidad se ha venido imponiendo “fue peor el remedio que la enfermedad”, ni la delincuencia se abatió ni el Ejército dejó saldo positivo en esta incursión. Es así que en el balance no se ha considerado lo que este trastocamiento ha significado al ser asumido por la Cuarta Transformación. Basta con constatar la ausencia del Plan DNIII en la emergencia actual de la multiplicación al infinito de incendios forestales a lo largo y ancho de la República.
Ni con los cuerpos de Protección Civil, bomberos y brigadistas se puede atender este desastre nacional que atenta contra el futuro de todos. El DNIII sería el instrumento más adecuado con el equipo, destreza y decisión para afrontar este fenómeno que puede dejar daños irreversibles en la viabilidad ecológica del país entero. Hoy el Ejército no sólo está absorto en la Guardia Nacional sino convertido en el apoyo presidencial hasta para la construcción de aeropuertos. La total reconfiguración de nuestras Fuerzas Armadas debilita su participación en la más urgente de las necesidades de sobrevivencia nacional.
Sería deseable que el Ejército no sólo recobrara su lugar inmediato en el Plan DNIII sino, sería más afín a sus propósitos de apoyo nacional el proyectar una nueva versión del Servicio Militar Nacional para hacerse cargo de miles y cientos de miles de jóvenes que participarían del reclutamiento por un año para cumplirlo instruyéndolos como apoyo en las misiones propias de las emergencias y preparándolos por ejemplo para medidas preventivas educando a las comunidades rurales para evitar la incineración de pastizales. Simultáneamente se les ofrecerían posibilidades de preparación en oficios para actividades productivas a su salida del periodo. Con el apoyo del pago ofrecido a los jóvenes que no trabajan ni estudian, se les estimulará para que a su vez retribuyan con su colaboración en el Servicio Militar al bien de la sociedad y de su propio futuro.

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