Mesa de Reconciliación en Chiapas instrumento de libertad para delincuentes acusados de delitos graves

Inentendible que con nefastos antecedentes continúe en funciones

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Raciel López Salazar. Asociación delictuosa

En colaboración anterior hice mención de que el 8 de julio de 2009, en una de sus tantas alucinaciones, Juan Sabines Guerrero decretó la creación de la Mesa de Reconciliación en Chiapas. Agregué que el espíritu original de este órgano de liberación de sentenciados era para poner en libertad anticipada a quienes hubieran transgredido la ley con delitos catalogados como de carácter político. Se trataba, así, de reducir parcialmente la pena a reos que habían participado en el bloqueo de una carretera, la toma de edificios públicos, la retención de personas como medida de presión gubernamental y liberar a prisioneros centroamericanos indocumentados.
Lo malo fue que la Mesa de Reconciliación degeneró en un espacio publicitario privilegiado para liberar asesinos, traficantes de robo de vehículos, violadores, narcotraficantes, “polleros”, contrabandistas, tratantes de personas y todas las formas punibles de delincuencia organizada, además de resultar un redituable negocio para quienes elaboraban los proyectos de liberación.
La prostitución de la Mesa de Reconciliación quedó en evidencia cuando se puso al descubierto que de 2009 a la fecha se ha liberado a 1,906 delincuentes acusados de delitos graves, y muy graves. De los casos más emblemáticos de la Mesa de Reconciliación destacan aquellas 93 liberaciones de las que Raciel López Salazar, como procurador general de Justicia en Chiapas, en el año 2014, se desistió de la acción penal cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, presidía la Mesa de Reconciliación.
Bajo un verdadero acto de asociación delictuosa, López Salazar dio curso a la petición de los voceros de la Mesa de Reconciliación, María de Lourdes Hernández Bonilla, Rafael León González y Jorge Arredondo Santomé, para la liberación de delincuentes en todas las modalidades de delitos. Sólo que con una gravísima violación procesal, al negarse a dar vista a las víctimas o a sus deudos para que estuvieran en posibilidad de promover los recursos correspondientes.
De los más emblemáticos son aquéllos 10 casos de liberación de reos por homicidio calificado debidamente probados y confesos los inculpados. Los 12 de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado. Los 9 de robo con violencia. Y el delito más detestable de todos, los 6 casos de violación agravada y violación equiparada para que los violadores quedaran impunes gracias a la Mesa de Reconciliación.
Por hoy sólo algunos de los nombres de los liberados oficialmente, a través de la Mesa de Reconciliación, sin ningún sustento jurídico y mucho menos constitucional, en ese fatídico 2014 y bajo la trágica gubernatura de Manuel Velasco Coello:
Jerónimo Gómez Saragos y Antonio Gómez Saragos, en el expediente penal 273/2009 del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la atención de delitos graves del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, como probables responsables del delito de robo con violencia y delincuencia organizada y los que resulten.
Daniel Guzmán Vázquez, en la causa penal 09/2006, del Juzgado Tercero Penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, como probable responsable en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, robo con violencia y asociación delictuosa.
Daniel Burguete Maza, ante el Juzgado Cuarto del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa penal 230/1996, como probable responsable de la comisión del delito de homicidio y, posteriormente, procesado en el Juzgado Primero del Ramo Penal en el expediente número 117/2009.
Judith Villanueva Cortés, Ramiro Castellanos López, José López Castellanos, Nelson Díaz Hernández, Marvel Román Gutiérrez, Óscar Cruz López y Rosario Cruz Morales, como probables responsables del delito de abigeato en la causa penal 329/2002, en el Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla.
Daniel López Camacho, como probable responsable en la comisión del delito de violación agravada en el expediente penal 65/2010, a cargo del Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla-Chiapa de Corzo.
Eduardo Zárate González, procesado en el Juzgado del Distrito Judicial de Venustiano Carranza, en la causa penal número 030/2001 y en la 56/2003, como probable responsable en la comisión de los delitos de violación y violación equiparada.
La responsable y peticionaria de estas liberaciones, al margen de la Constitución Federal y de las leyes penales, fue la entonces magistrada María de Lourdes Hernández Bonilla, la misma que ha ejercido, indiscriminadamente, nepotismo jurisdiccional desde el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Por lo pronto ya aparecieron otras dos parientes en el Juzgado de Chiapa de Corzo y en la Primera Sala Civil, pero ese es otro tema.
José Guadalupe Castillo Celestino, como probable responsable del delito de tortura, en la causa penal 98/2010, a cargo del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapa y Tuxtla Gutiérrez.
El artífice y gestor de esas liberaciones fue el licenciado Rafael León González, el mismo que pretendió inducir a la jueza Isabel Álvarez Ramos para que emitiera sentencia condenatoria en contra de Omar Fernando Rosales Toledano por un delito de feminicidio jamás probado.
Antonia Gómez Rodríguez, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en relación de parentesco, en la causa penal 121/2004, ventilada en el Juzgado del Distrito Judicial de Yajalón.
Pedro Ignacio Martínez Pérez, acusado del delito de trata de personas y lenocinio, en el Juzgado Primero Penal de delitos graves en el distrito de San Cristóbal de Las Casas, según consta en la causa penal 72/2012.
Como autor de estas ilegales liberaciones figura el licenciado Jorge Alfredo Arredondo Santomé, en funciones de vocero de la Mesa de Reconciliación, cuando siempre fue el verdadero responsable de la elaboración de los dictámenes para liberar a delincuentes con delitos debidamente probados.
En el exceso de sus funciones, Arredondo Santomé determinó que uno de los asesinos del doctor Betanzos en Tapachula (Hojas Libres de 29 de junio de 2014), Giovanni, debería de quedar libre bajo el cuento de que en la enfermería del penal El Amate lo habían contagiado de sida al tratarle un problema dental. El argumento, insostenible, jamás pudo ser probado.
La burla a la administración de justicia resultó patética. Cuando Manuel Velasco Coello entregó a Giovanni su carta de liberación fue recibido con un estruendoso aplauso porque había aprendido inglés dentro de la cárcel. Se homenajeaba así a un asesino confeso de un delito extremadamente grave gracias a la Mesa de Reconciliación.
Por eso no es entendible que con todos esos antecedentes, la Mesa de Reconciliación continúe en funciones para liberar a delincuentes que nunca pudieron probar su inocencia. Por el contrario, en la última liberación, Rutilio Escandón Cadenas hizo una apología del ilegal instrumento reconciliatorio: “Qué mejor regalo del Día de las Madres que su libertad”.
Desde luego, eso fue un elogio para los beneficiarios de una inmerecida libertad anticipada, pero para las víctimas, las esposas de las víctimas, los hijos de las víctimas y las madres de las víctimas, la excarcelación decretada el 10 de mayo resultó una mentada de madre. Ampliaremos…
P. D. El autor de este espacio tiene en su poder cada uno de los dictámenes de liberación. Las ilegalidades institucionales son evidentes y se observa un peligro para la sociedad en cada liberado

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