Medina Mora, una renuncia anunciada desde el poder

AMLO, controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Compartir:
Eduardo Medina Mora. Caída

La caída (que no renuncia) de Eduardo Medina Mora evidencia cómo el sistema político mexicano encumbra, en un instante, a los favoritos del momento y, con esa misma facilidad, los destruye por disposición de quien detenta el poder desde la Presidencia de la República. Sólo así se entiende una renuncia sin explicación del mismo afectado, y de ninguna autoridad.

Iniciado, en el sector privado, en funciones económicas y, financieras, en el sector agropecuario, y en el Consejo Coordinador Empresarial, para transitar como espía y policía del Estado mexicano, hasta desempeñarse en la diplomacia del servicio exterior mexicano y, finalmente, convertirse en juzgador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como José Antonio Meade, le tocó ser panista y priísta de primer nivel en un caso inédito de la historia política mexicana. Con Vicente Fox tuvo a su cargo espiar, desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a críticos y opositores del régimen. Después, para Medina Mora, la tragedia de uno le significó el bienestar y el ascenso político. Como subsecretario de Seguridad Pública le tocó sustituir al Secretario Ramón Martín Huerta, fallecido en un accidente de helicóptero cuando iba a abanderar a los custodios del penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México.

La buena fortuna lo acompañó cuando Felipe Calderón lo nombró Procurador General de la República y, sin ninguna experiencia diplomática, embajador en el Reino Unido y en la Unión Americana.

Otra vez, la tragedia de unos fue el éxito y la permanencia política de Medina Mora. En el 2006, en el municipio de San Salvador Atenco, del Estado de México, grupos ejidales se oponían a la construcción del aeropuerto que sustituiría el del Distrito Federal. Aquel fatídico episodio terminó en dos muertos y 11 mujeres violadas. Esa tragedia, que enlutó a hogares y familias, permitió a Medina Mora establecer una sólida relación con el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Esa buena suerte continúo cuando Peña Nieto, con el poderoso grupo de 19 gobernadores priístas, asaltó la Presidencia de la República. Medina Mora siguió como embajador ante Estados Unidos y en el 2015 fue propuesto como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del fallecido Sergio Valls.

La buena racha de casi 20 años de trayectoria terminó el pasado 3 de octubre cuando, sin ningún motivo y explicación, presentó su renuncia ante el presidente López Obrador. Los motivos de la dimisión, ninguno. Simplemente, en una misiva redactada en forma de telegrama, como quien cuida el número de palabras, lacónico expresa: “Señor Presidente, reciba mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Nadie, sin un motivo de peso o bajo una presión política desde la primera magistratura, renuncia antes de los 11 años de concluir su cargo como juez del Tribunal Constitucional del país. Se trataba, desde luego, de una renuncia anunciada cuando, en el 2015, el presidente de Morena, López Obrador, lo acusaba ser parte de la mafia del poder al lado de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Azcárraga, entre otros.

El banderazo de salida lo dio Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda. Lo acusó  de transferencias bancarias por 100 millones de pesos, no acordes a sus ingresos, y de beneficiar a amigos y empresarios desde el alto cargo del ejercicio ministerial.

De la primera acusación, Eduardo Medina Mora dio respuesta a cada una de las imputaciones. El silencio de Nieto Castillo evidenció que todo fue un artilugio mediático como preámbulo a la renuncia forzada. De la segunda acusación, Nieto Castillo reproduce los viejos vicios del priísmo arcaico, abusivo y represor al entrometerse en la función jurisdiccional de un poder constitucionalmente autónomo.

Si un ministro endereza su voto a favor o en contra ante tal o cual tema jurídico es su responsabilidad, sin quedar sujeto a ninguna sanción. Es su posición jurídica como para que un funcionario de segundo nivel del Ejecutivo Federal se ponga a criticarlo.

Lo malo es que la renuncia, sin explicación, de Medina Mora  transgrede el orden constitucional mexicano porque involucra a los tres poderes de la Unión. El artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textual dispone: “Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidos al Ejecutivo y, si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

La oscuridad de la ley es evidente. En ninguna parte se especifica qué se entiende por causas graves. Sólo que no hay que buscar mucho para encontrar una causa grave. Una enfermedad incurable podría ser una razón incuestionable que el renunciante plantearía sin ningún problema.  En cambio, una más grave y vergonzoso lo obligaría a guardar silencio.

La causa grave podría encontrarse en el artículo 95 de la Carta Magna, para inhabilitar al ministro o destituirlo del cargo: “Robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y, genéricamente, otro que lastime la buena fama en el servicio público”.

Si el Presidente de la República aceptó la renuncia de Medina Mora, y corresponde al Senado su aprobación, los dos poderes tienen la obligación de explicar ante la ciudadanía y el electorado los motivos de la renuncia que no explicó Medina Mora. Y si se encuentra dentro de alguna de las hipótesis del artículo 95, o uno más grave, por ejemplo, lavado de dinero, proceder política y penalmente en contra del ministro renunciado.

De quedar la renuncia en el limbo político y jurídico entraría al terreno de las especulaciones, como se ha desatado en los comentarios y medios nacionales. Si Andrés Manuel López Obrador ya tiene el control del Congreso de la Unión, toca ahora someter al Poder Judicial para aprobar o bloquear leyes a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

Hay varias que interesan al presidente López Obrador. La ley de extinción de dominio, la transformación de los delitos fiscales en delincuencia organizada para que el presunto culpable, en lugar de presunto inocente, permanezca preso y despojado de sus bienes. La ley de remuneraciones, en la que nadie puede ganar más que el Presidente, suspendida por el ministro Alberto Pérez Dayán y congelada por la Suprema Corte.

Y la más aberrante e insostenible, sin ningún sustento constitucional: La Ley Bonilla, para usurpar voluntad popular de los bajacalifornianos y darle al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, la concesión de ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años.

El día de hoy, el presidente AMLO tiene tres de los cuatro ministros, al que se suma el voto del ministro presidente Arturo Zaldívar con una desafortunada expresión: “Hay que oír el mandato de las urnas”. Pone así a la Corte al nivel de una oficina electoral en lugar de defender su papel de Tribunal Constitucional.

En el libro “AMLO vida privada de un hombre público”, Jaime Avilés reproduce, en la página 80, una frase impecable del entonces opositor al régimen López Obrador: “Yo sostengo que el principal problema ha sido la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás”.

Encaminarse a controlar los tres poderes no es el mejor síntoma democrático para el pais. Y hacia allá va México.  Ampliaremos…

 

[email protected]

 

 

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...