Manuel Velasco, artífice del pacto Peña-López Obrador

La imposición de Fernando Castellanos, única posibilidad de sobrevivencia del Partido Verde

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En la revista Proceso de 27 de mayo pasado, Jenaro Villamil entrevistó a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República.

El tema central es el intento del PRI de “reeditar” el modelo de fraude electoral en el Estado de México el año pasado.

El sustento de Santiago Castillo sería impecable si las cosas hubieran permanecido igual que en el 2017.

Según el ex fiscal general de la FEPADE, en el país hay 6 mil 491 programas sociales operados desde el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios, en los que están implicados Eviel Pérez Magaña, titular de la secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, delegado del PRI en Chiapas, y la ex coordinadora de Prospera, Paula Hernández.

Sólo que el escenario político en Chiapas evidencia exactamente lo contrario de los argumentos expuestos por Nieto Castillo y revela el acuerdo explícito entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Peña Nieto. O sea, la alternancia en el 2018 pasa necesariamente por Chiapas.

Si los números de las encuestas al día de hoy son ciertos de que López Obrador lleva una ventaja de 2 a 1 sobre Ricardo Anaya y con un José Antonio Meade muy rezagado en un lejano tercer lugar, pareciera ser que la elección ya está definida.

Esa circunstancia hace prácticamente imposible replicar en el país el fraude electoral del año pasado en el Estado de México y al cual se remite Nieto Castillo.

A 28 días de la elección, y con la enorme brecha en las preferencias electorales entre Andrés Manuel y José Antonio Meade, nadie creería en un triunfo del candidato priísta. Por el contrario, un fraude de las proporciones que vaticina el ex fiscal abriría la puerta a una violencia generalizada en el país que verían con beneplácito los grupos desestabilizadores, los grupos guerrilleros y la irrupción abierta de la delincuencia organizada.

Así que más vale pactar que caer en una subversión incontrolable llegada de varios lados.

La primera señal ya se dio desde Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Coello colocó a tres personas de su entorno, en lugares cercanísimos a Andrés Manuel López Obrador, aunque políticamente nada representen para el estado.

Rutilio Escandón Cadenas, su empleado en el Tribunal Superior de Justicia, sin mérito alguno es el candidato de Morena a la gubernatura. Por el contrario, en cada mitin el rechazo de la militancia que dice representar se ha convertido en una constante.

Sin un discurso articulado y con falta de contenido ideológico, con desconocimiento total del estado y sin propuestas claras de gobierno, no le queda más que repetir el nombre de López Obrador. Es recurrente oírlo decir: “Vamos a ganar, Morena va adelante en Chiapas”. Pero nunca se atreve a decir. “Voy a ganar, así lo indican las tendencias electorales”. Por el contrario, sin presencia entre los electores y la ciudadanía deambula en el sótano de las preferencias electorales, atrás de José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores. AMLO sí, Rutilio no.

Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil de León Villard, candidatos al Senado de la República, emigraron del PRI-Verde para convertirse en furibundos morenistas. Con un pragmatismo acomodaticio de antología, Eduardo Ramírez hoy se deshace en elogios a López Obrador, cuando que lo llamó mentiroso porque criticó los programas sociales de Manuel Velasco, como medio de coacción del voto, en tanto López Obrador llamó mercenario de la política a su nuevo aliado incondicional.

Esas candidaturas necesariamente contaron con la anuencia del gobierno de Peña Nieto y del presidente del PRI, René Juárez Cisneros.

Manuel Velasco jamás se hubiera atrevido a contravenir una disposición del Gobierno de la República y del priísmo nacional que finalmente lo hicieron gobernador.

Velasco Coello nunca quiso a Roberto Albores Gleason como su sucesor y siempre le cerró el paso. Su elegido de ocasión, antes de los pactos y coaliciones, era Eduardo Ramírez Aguilar para postularlo por el PRI-Verde.

El poder central se impuso y obligó a Velasco Coello a aceptar a Roberto Albores como candidato del PRI-Verde-Panal.

Sólo que el avance de Andrés Manuel López Obrador le dio a Manuel Velasco la oportunidad de negociar una nueva alternativa de candidaturas en Chiapas. Así, operó para que los partidos que apoyaban a Albores Gleason se retiraran y lo dejaran solo. Con ello surgió la candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, con todas las trampas y apoyos para hacerlo candidato a gobernador por el Verde y las franquicias locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Castellanos Cal y Mayor pidió licencia al cabildo municipal el 27 de marzo de 2018. La Constitución de Chiapas establece que para ser candidato a gobernador se requiere estar separado del cargo cuando menos 120 días antes de la elección. Esa sola prevención lo invalida para participar en la elección del 1 de julio, puesto que permaneció como alcalde hasta 95 días antes de los comicios.

Pero como en Chiapas todo se puede y la ciudadanía no protesta, han pasado 68 días y Tuxtla Gutiérrez todavía no tiene presidente municipal. La intención es obvia. Guardarle el lugar a Fernando Castellanos por aquello de que le revoquen la candidatura ante la impugnación presentada por el PAN y el PRI ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero hoy otro motivo más para cortarle sus aspiraciones inmerecidas. Castellanos Cal y Mayor encabeza la lista de diputados federales plurinominales, por la tercera circunscripción, con lo que no puede aspirar simultáneamente a dos cargos de elección popular sin ser sancionado con la cancelación del registro.

Lo malo es que los antecedentes de los candidatos llegados del establo de Manuel Velasco dificultan cada vez más la operación del fraude electoral a cargo del “conspicuo” mapache Amador Rodríguez Lozano.

Rutilio Escandón ha perdido todas las elecciones en las que ha participado y es rechazado por sus propios correligionarios. Y Fernando Castellanos en 2015 perdió la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez frente al panista Paco Rojas. Pudo convertirse en edil gracias al descomunal fraude electoral que costó al tesoro público más de 250 millones de pesos, para “derrotar” a Paco Rojas por apenas 227 votos.

Con esos antecedentes quién podrá creerle a Rutilio o a Fernando que ganaron una elección estatal, cuando que son desconocidos en la mayor parte del estado de Chiapas.

Sólo que el ascenso y triunfo del Partido Verde en este 2018 es un asunto de sobrevivencia estatal y nacional.

El único y último gobernador que tiene es Manuel Velasco, en tanto que Chiapas es el que mantiene su registro en el país. Si el Verde pierde esta elección no volverá a tener otro gobernador, pero además como tiene el 7 por ciento de la votación nacional y Chiapas representa el 5 por ciento, la pérdida de la gubernatura significa la pérdida de su registro como partido político.

El trueque es evidente.  En la contienda presidencial, los votos en Chiapas serán manipulados a favor de López Obrador, pero para la gubernatura, se hará cuanto truco sea necesario para hacer ganar al candidato del Verde, cualquiera que resulte nominado. Y la orfandad política para Rutilio Escandón.

Así, en Chiapas se abarató la política, se pervirtió la democracia, se atenta contra las instituciones y se ofende la soberanía popular.  Ampliaremos…

 

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