> Si de investigar se trata se debiera empezar con la ilegal compra de la concesión del tren Chiapas-Mayab, que, con recursos de dudosa procedencia, arrebataron a la concesionaria original, Genesse & Wyoming

 

La soledad de un Presidente se da cuando sus colaboradores carecen de la única virtud exigida en quienes se deposita la confianza: Lealtad.

Un Presidente nunca había sido sentado en el banquillo de los acusados en su quinto año de gobierno como la empresa Infraiber sentó a Enrique Peña Nieto en un capítulo más de una historia de manipulación y engaño que esa compañía ha construido a lo largo de más de dos años con la ayuda de medios y actores políticos interesados en desgastar la imagen presidencial.

Tecnología Aplicada Infraiber S. A. de C. V., la empresa propiedad de Pedro Topete Vargas, ha acusado, directamente, al Presidente de la República de cargos sumamente graves, ni más ni menos que conspirar contra la libre empresa y ponerse a nivel de jefe de una pandilla que logró afectarla económicamente al quitarle un contrato de servicios en el Estado de México.

Otra vez, un viejo conocido de IMPACTO, La Revista, el abogado Paulo Díez Gargari, oportunista y ventajoso, se lanza a la yugular del Presidente para presentarlo como un delincuente capaz de ordenar quién vive y quién muere en el mundo de las empresas en el país.

El argumento es harto conocido, y así lo expuso de nuevo este personaje en su escrito de denuncia presentado ante la Procuraduría General de la República, a cuyo titular, además de presionarlo para que investigue al jefe del Poder Ejecutivo, solicita que se excuse de las investigaciones por “su cercanía” con Peña Nieto. Vaya manera de intimidar a un funcionario público: Poner en duda su trabajo y anticipar que cualquier resolución desfavorable será porque es un empleado más de la parte acusada.

La denuncia en la PGR fue un escándalo. Se retomaron notas en casi todos los diarios, estaciones de radio y medios digitales, en las que nadie cuestionó cuáles son los argumentos concretos con los que se pretende enjuiciar al Presidente y quiénes son los empresarios que lo acusan y, sobre todo, por qué.

La historia se construyó a partir del interés de medios cuya agenda informativa consiste, exclusivamente, en cuestionar al gobierno federal, quienes abrieron espacio a los dueños de Infraiber y comenzaron a hacer eco de un guión con el que el negocio de Topete empezó a presentarse como víctima, primero, de una empresa, luego del gobierno del Estado de México y, ahora, del propio Peña Nieto.

Esta vez no fue distinto. Por ejemplo, en la entrevista que hizo Sergio Sarmiento a Paulo Díez, aquél dejó que su entrevistado contara, libremente, una historia que en el México indignado vende bien; que lanzara duras acusaciones contra Peña Nieto, y no interrumpió jamás a este fiscal mediático, Díez Gargari, que volvió a ser el ángel exterminador o, al menos, el dedo flamígero que, desde los medios, defiende al pueblo de México de un gobierno corrupto hasta la médula, según dice.

Pero ¿realmente este personaje es un paladín de la honestidad, el ombudsman anticorrupción que necesita el país, capaz de señalar y de llevar a tribunales al propio Presidente de la República?

La realidad es que a los periodistas nos falta valor, ética y, en cierto modo, vergüenza y cariño a la profesión. Cuando una persona como Paulo Díez se presenta ante un medio, como lo ha hecho desde hace más de dos años, para lanzar acusaciones, exclusivamente, contra una empresa constructora, y cuidándose de mencionar a otras que, de ser ciertos sus señalamientos, estarían en las mismas condiciones que OHL, lo menos que uno puede pensar es que estamos frente a lo que en periodismo se conoce como una “fuente interesada”.

Tendríamos, entonces, que preguntar cuáles son las motivaciones que mueven al declarante para haber presentado casi un centenar de denuncias en contra de la compañía OHL, y contra funcionarios públicos, con un sesgo que rebasa a la obsesión.

De hecho, si uno mira bien, Paulo Díez sólo ha tenido un único trabajo desde finales de 2014: Salir a medios a construir, pedazo a pedazo, la historia que, ahora, periodistas como Sarmiento le toman y, lo peor, presentan a sus auditorios como si fuera cierta.

 

SU DELINCUENCIAL MODUS OPERANDI

En IMPACTO, La Revista hemos publicado el antecedente de este escándalo que presenta al Presidente como un vil delincuente, intereses económicos y políticos que la opinión pública no puede perder de vista. Y no se trata de justificar acciones ilegales que hayan cometido desde el gobierno federal para beneficiar o para defender a OHL.

El origen de lo que hoy tiene en el banquillo de los acusados a un Presidente de México es una inmoralidad del tamaño de la que Paulo Díez y Pedro Topete denuncian, hoy, con Sarmiento y con Carmen Aristegui, con Reforma y con Proceso.

Lo que no dice el vocero de esta campaña bien planificada para desgastar, primero, la imagen de una empresa, después para extorsionar y presionar a funcionarios públicos federales y, ahora, para terminar de hundir en el descrédito al Presidente de la República, es que los motiva el malestar por la pérdida de un contrato multimillonario en el Estado de México.

Tecnología Aplicada Infraiber S. A. de C. V., la empresa a la que se menciona como una “auditora independiente” del flujo vehicular en las autopistas del Estado de México, no es más que una de esas compañías que se crean de la noche a la mañana para hacer un negocio con recursos públicos.

Sarmiento perdió la oportunidad de preguntar cuándo se constituyó la compañía, y Carmen Aristegui, aunque lo sabe, nunca lo va a decir a su auditorio porque sería tanto como desenmascarar a los falsos paladines justicieros que esos medios utilizan contra el gobierno federal.

La verdad es que Infraiber vio a la luz jurídica, en diciembre de 2010, apenas tres meses antes de que le entregaran en el Estado de México, sin licitación previa, un contrato valuado en 4 mil millones de pesos.

En IMPACTO hemos documentado que existe un modus operandi delincuencial de Pedro Topete Vargas, el socio mayoritario de Infraiber, de conseguir, a finales de sexenios federales o estatales, contratos o negocios que sólo se obtienen cuando se comparte beneficios o “porcentajes” a funcionarios que salen o que entran.

Pedro Topete no sólo obtuvo el negocio de contar los vehículos que pasan por las autopistas del Estado de México meses antes de que entrara el nuevo gobierno; también negoció con funcionarios panistas de la SCT, que le reconocieran la ilegal compra de la concesión del tren Chiapas-Mayab, que, con recursos de dudosa procedencia, le compraron a la concesionaria original, Genesse & Wyoming.

Es decir, ¿los medios quieren que se investigue la corrupción?

¿Sí?

Que empiecen a preguntar ¿cómo se otorgó el contrato a Infraiber?

¿Qué papel jugó Gerardo Sánchez Henkel, jefe del área jurídica de la SCT de Dionisio Pérez Jácome en el gobierno de Felipe Calderón, para que Pedro Topete se hiciera dueño del tren Chiapas-Mayab?,

Y, de paso, ¿cómo es que un empresario de medio pelo se hizo socio de la poderosa constructora ICA en una autopista del Estado de México, hecho por el cual se convirtió en juez y parte en el contrato de auditoría vehicular que le quitaron?

¿TIENE LA PGR LAS MANOS AMARRADAS?

Paulo Díez afirma que el Presidente de México ordenó a sus funcionarios, concretamente al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, que le quitaran el contrato a Infraiber para que OHL pudiera reportar flujo de vehículos inferiores a los reales.

Las carreteras se concesionan a empresas que las construyen, en un esquema que toma en cuenta la inversión realizada y un tiempo de recuperación a través del cobro de peaje; de ser cierto lo que dice el vocero de Infraiber, ese es un delito que debe ser castigado porque atenta contra el patrimonio del país.

Pero, en el caso opuesto, si las denuncias, reiteradas, contra OHL y contra funcionarios del Estado de México, de la SCT y, ahora, contra el propio Presidente Peña Nieto, están motivadas, como se aprecia notoriamente que lo están, por la inmoralidad de un reclamo que suena a venganza y a extorsión, debería la PGR poner a cada quien en su lugar.

Muy probablemente algún policía le sembró un arma de fuego a Paulo Díez, en septiembre del año pasado, cuando lo detuvieron para presentarlo con el fin de que declarara sobre el caso de las llamadas telefónicas intervenidas a funcionarios públicos y empresarios que Infraiber divulgó y que ahora presenta como parte nodal de su historia con la que se presenta como víctima de una injusticia.

Pero eso no se ha dirimido en ningún juzgado y, lo que es más importante, eso no quita que se tiene que investigar el espionaje.

Hay, además, una acusación penal en contra del dueño de Infraiber por extorsión; la denuncia de hechos fue presentada por parte de ejecutivos de OHL, que aseguran que Topete les pidió apoyo para recuperar el contrato que le habían quitado o, de lo contrario, responsabilizaría a OHL y la desacreditaría mediáticamente, como lo ha hecho estos años. Es decir, de la amenaza a la extorsión cumplida.

Por ahora, Topete se conforma con que le entreguen 100 millones de dólares.

¿Por qué la PGR no ha procedido en esos casos y en el expediente de lavado de dinero que existe contra Pedro Topete Vargas?

¿Por qué la SCT sólo le retiró la concesión del tren Chiapas-Mayab al dueño de Infraiber y se ha negado a proceder legalmente por el fraude y el engaño cometido por éste y por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, que se prestaron al juego y al negocio de Topete?

Simple. Mientras el Presidente no tenga colaboradores leales, su cabeza seguirá en la picota, expuesta al escarnio público por vivales investidos como “héroes de la moralidad”.

Y en esta lista debo consignar, además, a todos los que, según Paulo Díez, socio y abogado de Topete, son sus amigos y condiscípulos: Luis Videgaray, José Antonio Meade, Virgilio Andrade, un familiar de Arely Gómez y todos con quienes se relacionó cuando trabajó en el Fobaproa.

 

 

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