Ley Bonilla inconstitucional: TEPJF

Amador Rodríguez de mapache a desprestigiado ‘constitucionalista’

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En colaboraciones anteriores se fundamentó, debidamente, que el decreto 351 de la famosa “Ley Bonilla”, para ampliar el periodo de gobierno, de dos a cinco años, en Baja California era inconstitucional.

La defensa de tan aberrante determinación estuvo solamente bajo el patrocinio de dos actores privilegiados y beneficiarios, a futuro, con tres años más de gobierno: El entonces candidato y, luego, gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, y el hoy secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Rodríguez Lozano, afamado mapache electoral y de pésimos antecedentes en Chiapas por vulnerar los principios constitucionales del sufragio libre, universal, secreto y directo, para hacer gobernador al vicioso de Juan Sabines Guerrero y al débil candidato Rutilio Escandón Cadenas, se ha propuesto defender lo indefendible. Ya hablaremos de los saldos lamentables en Chiapas.

Basado, únicamente, en su formación anticonstitucional y antidemocrática, Amador Rodríguez asegura, sin ningún sustento jurídico-constitucional, que la reforma electoral para beneficiar a Bonilla Valdez es legal y legítima. Su insostenible argumento lo definió a raíz de que cuando se reformó la Constitución de Baja California en el 2014 no se notificó a los ayuntamientos para enterarlos y manifestar su aprobación.

Con total falta de conocimiento de las leyes y de la técnica constitucional, Rodríguez Lozano intentó, además, defender a Bonilla Valdez con el cuento de que el Tribunal Electoral Federal “jamás entró al fondo del asunto y que el recurso se rechazó por extemporáneo”.

Su ignorancia y torpeza jurídicas son evidentes. Si el recurso fue rechazado por no haber sido presentado en tiempo, la justicia electoral no tiene obligación ni es procedente analizar si los agravios expuestos son válidos o no. Incluso, en el extremo de haberle concedido la razón a la “Ley Bonilla”, si el recurso se presentó extemporáneo, la reforma para reducir el periodo de gobierno bajacaliforniano de dos a cinco años seguirá vigente.

Sin embargo, más allá de toda ética política y jurídica, Amador Rodríguez Lozano defiende el intento de usurpación Bonilla con base en una resolución amañada del instituto electoral de Baja California. Sin ningún fundamento electoral, jurídico y constitucional, el organismo “autónomo” aprobó bajo consigna la prolongación de mandato de dos a cinco años.

Sólo que tres días antes de la elección para gobernador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por segunda ocasión, la determinación del instituto electoral. Si dos veces había sido revocado un recurso por las mismas causas, no había razón para intentarlo de nuevo. Sin embargo, la ambición lleva a extremos impredecibles. De nuevo, Bonilla Valdez y su secuaz Rodríguez Lozano lo intentaron, y, de nuevo, el Tribunal Electoral de la Federación volvió a calificarlo como ilegal y anticonstitucional.

En su perorata sin argumentos, y sin ninguna justificación, el delincuente electoral Rodríguez Lozano llega al extremo de querer justificar la reforma con el descabellado pretexto de que los electores no saben si votaron por dos, cinco o seis años, porque en ninguna parte de la boleta (sic) dice si el término fue por dos años; pues de qué correccional o penitenciaría egresó Rodríguez Lozano para presentarse a violar impunemente una ley que precisaba dos años de mandato constitucional, en tanto que nunca una boleta electoral precisa el tiempo del cargo por el cual se vota.

Para conservar el nombramiento de secretario de Gobierno que hoy ostenta, y no merece, a Amador Rodríguez le salió el espíritu de servicio social a la comunidad cuando con cinismo, y sin ningún recato, asegura que ellos (Bonilla y Amador) quieren gobernar cinco años para hacer más por el pueblo.  ¿A qué se refiere el delincuente electoral? ¿Cinco años para disponer de más tiempo para depredar el tesoro de Baja California?

O que diga de dónde proceden los cuantiosos recursos para participar en ferias tan selectas para exhibir sus preciados caballos, como, por ejemplo, en Jerez, España. Propietario del rancho Señora Fina, enclavado en el municipio de Tijuana, del estado del que hoy es secretario de Gobierno, Amador se ufanó, y ufana, de ser el dueño de ejemplares valuados en 200 mil dólares (4 millones de pesos): “Genio”, “Alarcón”, “Hosco”, “Mito”, “Afortunado”, “Hebreo” y “Atlántico”.

Basta con ver una nota del 15 de mayo de 2009, bajo la firma de Pilar Nieto, inserta en el Diario de Jerez, en el que se felicitaba al ex ministro de Justicia de Chiapas por su exitosa participación con caballos que alcanzaban los 30 millones de pesos.

Por su parte, Jaime Bonilla Valdez justifica su intento de asalto a la silla principal de Mexicali con el cuento de que en la amañada consulta popular “el pueblo habló”; le autorizó para quedarse cinco años, en vez de dos. Según el hoy gobernador en funciones, el 84 por ciento de los participantes (que no electores) se pronunció por darle el pase automático para permanecer tres años más como gobernador.

Lo malo para sus pretensiones reeleccionistas son las graves irregularidades en esa consulta popular, en la que se presentaron electores que votaron hasta cuatro veces, la falta de tinta indeleble, para evitar múltiples votaciones, la ausencia de un padrón para comprobar la identidad de quienes se apersonaron a avalar las pillerías electorales y, desde luego, el socorrido acarreo masivo para asegurar que “el pueblo habló”.

Con todo y todas esas trampas, apenas votó el 5 por ciento del padrón, o sea, a Jaime Bonilla Valdez le faltó el consenso del 95 por ciento de los que le ruegan duplicar su permanencia como gobernador “constitucional” de Baja California.

Lo malo  es que el primer severo revés ya les vino a Bonilla Valdez y a su segundo en el gobierno de la usurpación en ciernes con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su ejecutoria, los siete magistrados de la Sala Superior, por unanimidad, se pronunciaron en el sentido de que la reforma publicada el 17 de octubre de 2019 es “inconstitucional”.

Los argumentos son irrefutables. “El Decreto 351, con el que se amplió el periodo gubernamental en Baja California, transgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y a ser votado”.

Un principio fundamental quebrantado, en transgresión del pacto federal, es el contenido en el artículo 116 de la Carta Magna, que textual dispone: “La elección de los gobernadores de los estados será directa” y, en estricta técnica constitucional, lo que Jaime Bonilla pretende es una reelección de facto.

Queda ahora por resolver, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD y el PRI -con la abstención de Morena- en contra de la famosísima “Ley Bonilla”. Desde luego que la sentencia del Tribunal Electoral Federal ya condicionó, de antemano, el pronunciamiento que vaya a hacer la Corte Suprema.

Por lo pronto, será la primera intervención de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat para conocer su filiación partidaria de si obedecen a Morena o a la Constitución. Ampliaremos…

 

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