La austeridad que llegó para quedarse

Una conducta ataviada por un voluntarismo en el entendido que las cosas cambian a partir de la voluntad de quien está en el poder

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El advenimiento de una nueva moral pública y privada puesta en marcha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para la fustigación de la corrupción, decadencia de las elites y sectores poblacionales del país envilecidos por el narcotráfico, crimen organizado y una violencia incomprensible que produce miedo, dolor y muerte, se está haciendo presente.

Una conducta ataviada por un voluntarismo en el entendido que las cosas cambian a partir de la voluntad de quien está en el poder; son parte del revestimiento diseñado como esquema de sustento de toda actividad pública que llegó para quedarse, denominado austeridad.


Un estigma en el actuar que ningún gobierno futuro se podrá sacudir, y, todo servidor público deberá aprender a cohabitar y responderle.

Un régimen marcado por la llamada “austeridad republicana”, como un elemento sustancial del cambio de políticas públicas demandado por una sociedad “hastiada” por el derroche, corrupción e impunidad de sus gobernantes que, lamentablemente, por sus efectos producidos a través del tiempo, se tiene que generalizar, muy lejano de la estructura funcional de cultura y eficiencia que se debe producir cuando se gobierna con compromiso social.

Una oportunidad histórica en la toma de decisiones, no necesariamente compresible y asimilable principalmente por los afectados, pero, esenciales para alcanzar resultados efectivos de equidad y justicia, al menos con el destino de los dineros públicos.

Un recorte que toca la puerta de los partidos políticos, aunque, con la excepción de Morena, pueda significar la “estocada final” para la consumación de la  desaparición de estas agrupaciones; cuyos subsidios millonarios públicos ha contribuido a todo, menos al fortalecimiento de la democracia nacional, convertidos en los subsidiados más caros del mundo.

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

La esencia del proceso democrático a través de un sano financiamiento es, devolver los partidos políticos a las comunidades de origen; orientados en la búsqueda sistemática de civilidad utilitaria para la representación que sirven, con un esquema de actuación revestido de austeridad, cercano con la sociedad para que puedan palpar su necesidades y apremios, no un negocio de familias, amigos y de la clase política.

La pregunta que se expresa permanentemente es: ¿Por qué los mexicanos deben financiar a los partidos políticos para cubrir una nómina burocrática que no aporta al país; para la realización de sus asambleas que sólo buscan robustecer su posición de partido y de sus líderes; para atender su vida interna y zona de confort que se ha creado alrededor de ellos?

Prerrogativas que la ciudadanía percibe como “privilegios de la clase política”, un financiamiento público que reciben para su funcionamiento en aras del sano fondeo de las agrupaciones políticas, percibiéndoseles una crisis de credibilidad, lo que obliga al cambio del modelo de financiamiento a partidos.

 

UN SUBSIDIO QUE AFRENTA

Para el año en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó repartir 4 mil 965 millones de pesos para los siete partidos políticos vigentes (Acción Nacional,

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena).

El acuerdo además prevé un segundo escenario en caso de que el Partido Encuentro Social (PES) recupere su registro, cuyas sombras para estos efectos ronda un patrocinio cuestionable.

Una afrenta de asignación de recursos financieros públicos, cuando se regatea el presupuesto para las “estancias infantiles”,  “Recursos para Atender a las Mujeres Víctimas de Violencia en su Hogar y a sus Hijos”, y muchos otros programas sociales y culturales que han sido cancelados; convirtiéndose actualmente los reseñados en los más emblemáticos y cuestionados, por las medidas de austeridad decretadas por el Ejecutivo federal, cuyas necesidades financieras en su conjunto, no ascienden a mil millones de pesos, con un destino más que justificado.

Aunque López Obrador a inicio de su administración hizo un llamado a los partidos políticos para que regresen o no reciban la mitad de sus prerrogativas, monto de recuperación que oscila en cerca de los 2 mil 500 millones de pesos, había quedado en un llamado de buenas intenciones.

Un reducto que no se había tocado, aunque era una demanda formulada por una sociedad desencantada por su actuar.

Una exigencia en el limbo,  que buscaba su consolidación de manera constitucional como una “obligación” y no solamente una concesión temporal, se vislumbra su consumación en el futuro próximo.

 

UN ACIERTO

Como un acierto que debe tener el respaldo de sus contrapartes, no sólo de palabra, sino en los hechos que la configuren, Tatiana Clouthier y Mario Delgado, diputados de Morena, presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para reducir 50 por ciento el presupuesto anual que se le otorga a los partidos políticos para actividades ordinarias.

La propuesta la sustentan en la modificación del Artículo 41 Constitucional, con el fin de reducir de 65 a 32.5 por ciento del multiplicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con esta adecuación, el artículo quedaría con el siguiente texto: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

 

NUEVOS PARTIDOS

Por otra parte, también se debe de legislar para restringir o hasta eliminar la creación de nuevos partidos políticos, ya que, al cierre oficial de recepción de solicitudes de enero pasado, el INE recibió 102 solicitudes, peticiones que en su mayoría representan instituciones cuyo lideres no son conocidos, existen políticos y familiares que en su momento conformaron alguna fuerza política que también persiguen este objetivo, sin que quede claro que una mayor apertura de representación política abone al fortalecimiento de la democracia mexicana.

Pluralidad, cuya experiencia nacional sólo ha traído la paralización del país al carecer de la mayoría definitoria.

Porque los hechos así lo describen, la diversidad política no trae necesariamente un equilibrio de fuerzas, no se pueden sustraer los partidos antisistema, lejos de producirse una nueva, más ágil y productiva interlocución entre ellos y el gobierno, encaminada a un constante reacomodo de alianzas y a una visión de acuerdos sobre la base de agendas amplias, benefactoras del amplio espectro de la sociedad que conforma a México.

Porque la política no deben hacerla los políticos, sino que los ciudadanos deben ser quienes tomen las decisiones de un partido, como la elección de dirigentes y candidatos; pero en cambio se deja que las “cúpulas mafiosas” elijan.

Bienvenida la austeridad para los partidos políticos, el país no necesita héroes o redentores, sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, contrapesos que sí lo sean, ciudadanos que reconozcan sus derechos y luchen por su protección.

Los partidos y la clase política de México deben reasignar sus recursos para atender las demandas sociales más apremiantes.

Instalar un nuevo paradigma nacional fundado en la transparencia y en la participación ciudadana.

Actuar como Karl R. Popper señalara: “No importa quién gobierna si no qué contrapesos se tiene para evitar posibles abusos de parte de quien gobierna”, y para esta importante función, los partidos políticos no necesitan recibir millonarios subsidios, cuando el país tiene más satisfactores por cubrir.

 

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