La ‘3de3’, como las fiestas, no a todos deja contentos

> La medida aplica a las partes (física y moral) que participen en operaciones contractuales, prestación de servicio o comercial, en general, con el gobierno

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> En forma directa, va dirigida a funcionarios públicos y empresarios. Éstos últimos, así como la oposición, que no reunió los votos necesarios ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, han calificado la ley como incompleta u ‘ocurrencias de madrugada’.

> ‘Estamos convencidos que de la mano de las organizaciones civiles hemos construido un sistema sólido y potente para la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción’: Senadores del PRI-Verde.

Dicen que cada quien habla como le va en la feria.

Y entre las ferias que más reacciones desatan está el Congreso de la Unión. A veces del Senado para la Cámara de Diputados, y viceversa, de la Cámara Baja a la Alta, y, de ahí, desde los partidos políticos, los grupos civiles (siempre utilizados por otros poderes para bien o para mal), los empresarios o segmentos sociales que sientan que le pisaron los callos.

Todo trabajo legislativo resulta como el jolgorio de una boda: A nadie se le da gusto al 100 por ciento.

Esto acaba de ocurrir el fin de semana pasado, en parte, con el nuevo Sistema de Justicia Penal, implementado, ya, en todo el país, pero puesto en marcha, oficialmente, la medianoche del viernes por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Y, en mucho, con la Ley Anticorrupción, que contempla la llamada norma “3de3”. Es decir, la obligación de que las partes que participen en operaciones contractuales, prestación de servicio o comercial, en general, con el gobierno presenten declaraciones fiscal, patrimonial y de interés.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue elaborado por el Congreso, desde semanas atrás, ante la urgencia de transparentar las operaciones entre particulares y organismos de gobierno.

Uno de los sectores que más clamaba por la Ley Anticorrupción fue el empresarial, que como una de las partes activas en las operaciones y licitaciones con el gobierno debía ser incluida, además de los funcionarios públicos, como obligados a aportar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

El punto neurálgico de la norma era que los informes se hicieran públicos.

En las discusiones en el Senado, primero, y, posteriormente, en la Cámara de Diputados, se alegó, por parte de la oposición, que PRI y Verde, con la ayuda de legisladores de otros partidos, habían mayoriteado una versión modificada del documento final.

Para la elaboración de la propuesta, desde un principio, se avaló la participación de organizaciones de la sociedad civil para diseñar los formatos de presentación y publicidad de las declaraciones, y de quiénes estarían forzados a presentarlas.

De acuerdo al PRI y el Verde, en su Artículo 10, la sociedad civil  “invocó como excepción a la publicidad de los datos estrictamente personales así calificados por la Ley de la materia”.

Y en el Senado “se invocó como excepción a la publicidad que se pueda afectar la vida privada o los datos protegidos por la Constitución”.

Así, el prietito en el arroz fueron, la semana pasada, el miércoles, los artículos 29 y 32, y 14 senadores que no votaron por diferentes razones.

La oposición hizo su berrinche y el sector empresarial se sintió agredido porque, como parte de las transacciones, son el segundo elemento en importancia para lograr el fin del sistema contra la corrupción.

“La realidad de este país nos tiene a todos fastidiados”, dijo, el miércoles, Escudero al defender la postura

Los ímpetus se elevaron cuando PRI y Verde alcanzaron la mayoría y la ley se votó, lista para enviarla a la Cámara de Diputados.

El asunto generó una disputa entre el PRI-Verde y varios organismos empresariales, como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial.

Los empresarios hablaron de “ocurrencias de madrugada” ante el hecho de que el senador, de Nueva alianza, Manuel Cárdenas presentara un paquete de reservas, entre ellas adiciones al Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

¿Pero dónde está la bolita? ¿En el formato? ¿Cuando se concurse por una licitación o cuando se sepa quién la ganó?

Un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas, determinará qué tanta de la información contenida en cada una de las tres declaraciones será de pleno dominio público.

‘DE GRAN CALADO’

Tras su paso por el Senado, el PRI-Verde comentaron cinco puntos sobre la aprobación de las leyes que integran  el Sistema Nacional Anticorrupción:

1.- El Senado de la República dio respuesta a la iniciativa ciudadana con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Ley General del Sistema y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.- La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como Ley “3de3”, que fue aprobada con 94 votos a favor y 23 en contra.

3.- Los senadores del PRI y del Partido Verde impulsamos y aprobamos la petición de las organizaciones de la sociedad civil: Que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas.

4.- Atendiendo la iniciativa ciudadana impulsamos que los formatos para la presentación de las declaraciones sean emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Participación Ciudadana se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

5.- Los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde tenemos un compromiso con la sociedad mexicana y con el combate efectivo a la corrupción; por eso aprobamos que los servidores públicos y, además, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos deba, bajo protesta de decir verdad, presentar las tres declaraciones señaladas.

En la Cámara de Diputados, César Camacho, líder de la bancada priísta, defendió lo aprobado. “El Sistema Nacional Anticorrupción es muy complejo; tiene que analizarse para comprenderlo a cabalidad, en forma integral, y no con parcialidad”.

El “3de3”, señaló, es sólo una parte de la nueva norma.

El senador, del Verde Ecologista, Pablo Escudero negó a Ciro Gómez Leyva lo que algunos empresarios tomaron como una venganza del PRI-Verde por la presión constante ejercida por la iniciativa privada nacional a sacar la Ley Anticorrupción.

“No existe venganza. Se trata de una ley potente que va a cambiar el paradigma de este país y que requiere de un esfuerzo de toda la clase política y de todos los empresarios. En menos palabras: Se trata de seguir la ruta del dinero de la corrupción. Es el ‘follow the money’”, indicó

Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, reviró: “Si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político, y también a un particular, la idea de hacer obligatoria la declaración ‘3 de 3’ para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales”.

“Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, señaló.
Para el PRI y el Verde, lo aprobado en las dos cámaras del Congreso fue una Reforma de “amplio calado… La mayor modificación que haya tenido la administración pública mexicana en décadas”.

Destacó que por primera vez, y de manera inédita, se contará con un comité de participación ciudadana.

Como en el resto de reforma aprobadas, ninguna sin el reclamo de unos u otros, la de Anticorrupción estará a prueba, como el mismo nuevo Sistema de Justicia Penal, y sus buenos o malos resultados serán aplaudidos, o recriminados, a quienes estamparon su firma y dieron su voto para su implementación.

Así de sencillo.

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