Juicio a Isabel Álvarez Ramos en Chiapas, agresión transexenal

Juzgado federal ordena su reinstalación inmediata

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Los atentados a las garantías individuales y a los derechos humanos de la jueza Isabel Álvarez Ramos en Chiapas han rebasado ya el ámbito transexenal. Comenzaron con el gobierno fallido de Manuel Velasco Coello. La evidencia de que existía marcado interés por condenar a Omar Fernando Rosales Toledano por feminicidio salió del teléfono del asesor de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Rafael León González.

En un acto de inmoralidad jurisdiccional, León González ordenó a la jueza Isabel Álvarez Ramos el sentido de la sentencia: Debería de ser condenatoria. El enlace de la presidencia del Poder Judicial, desde el teléfono celular 961 13 498 47, envió al teléfono 967 16 447 77, de Álvarez Ramos, el mensaje, vía WhatsApp, que lo hace sujeto de responsabilidad penal y administrativa.

La orden era tajante. La Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Raciel López Salazar, tenía interés de que la sentencia fuera condenatoria. Así se lo advirtió Rafael León a Isabel Álvarez Ramos cuando en el WhatsApp le hizo saber que se trataba de una petición de los vecinos, en alusión a que ambas instituciones, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, colindan pared con pared.

Sólo que con Manuel Velasco, la sanción a la jueza Álvarez Ramos quedó en una disposición de carácter administrativa con separación temporal del cargo. No se entiende ahora por qué la verdadera y severa agresión viene del gobierno de Rutilio Escandón al exponer a la jueza a un injustificado atropello mediático anticipado antes de que se sepa si es o no responsable penal o administrativamente.

En un Estado autoritario y centralista es impensable el ejercicio de la división de poderes para justificar que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en decisiones del Tribunal Superior de Justicia como otro poder. Falso. Dice un viejo proverbio de la política mexicana que las hojas de los árboles no se mueven si no es con la voluntad del Presidente o del Gobernador. O mejor aún. Ningún perro ladra si no lo autoriza la voz del amo.

El banderazo de salida para la exposición mediática de la jueza en periódicos, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil la dio la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura, María Itzel Ballinas Barbosa, cuando, en conferencia de prensa, anunció que la jueza de primera instancia Isabel Álvarez Ramos quedaba separada del cargo temporalmente a partir del 31 de octubre de 2018.

El concierto en contra de la jueza ha sido inocultable. El débil argumento para cesarla temporalmente en funciones fue el informe y la denuncia simultánea signada por el magistrado visitador Carlos Alberto Bello Avendaño con el auxilio del licenciado Walter Constantino Vleschower, comisionados por el director de Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, César Amín Aguilar Tejada.

Puro bandido en funciones de “impartidores de la justicia” y garantes de la ley. Walter Constantino siempre ha sido un eficaz juez de consigna desde los tiempos en que como juez venal (no penal) cobraba en la nómina del procurador Mariano Herrán Salvatti. Y Aguilar Tejada famoso por su propensión a inducir el sentido de las sentencias de jueces y magistrados que ya hemos tratado ampliamente en colaboraciones anteriores. Por tan valiosos servicios, Constantino Vleschower fue “distinguido” como juez de consigna en Chiapa de Corzo.

Son testigos de la intromisión de Aguilar Tejada los magistrados Rodolfo Courtois Zepeda, de la segunda Sala Penal de Tuxtla, y Pedro Raúl López Hernández, de la sala mixta de San Cristóbal de las Casas. No hay autoridad moral de ninguno de los tres para erigirse en censores de una jueza que ejerció a plenitud su autonomía judicial.

La denuncia de Carlos Alberto Bello Avendaño es chistosa y fuera de contexto. Dice que la jueza dictó la sentencia en tiempo récord de una hora con 20 minutos. El burro hablando de orejas. El tiempo récord lo impuso Bello Avendaño en la visita extraordinaria que realizó al juzgado penal de la que era titular Isabel Álvarez Ramos. Comenzó a las nueve de la mañana del 30 de octubre de 2018 y a las 12 del día había terminado su dictamen. En tres horas leyó 15 mil hojas y presentó formal denuncia. A las dos de la tarde, el Pleno del Consejo de Caricatura (sic) se reunió en sesión extraordinaria para suspender, temporalmente, a la jueza Álvarez Ramos sin goce de sueldo.

Con la separación de la jueza, el Consejo violó flagrantemente, dos veces consecutivas, los derechos humanos de la que hoy también es imputada penalmente. Primero la separó de su función sin procedimiento administrativo de por medio. Así consta en el resolutivo del amparo 1337/2018, cuando el juzgado tercero de distrito en Tuxtla Gutiérrez destaca esta gravísima irregularidad al exhibir en su ejecutoria al Consejo de Caricatura.

Al respecto diría el tribunal federal: “Hasta el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, los consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado iniciaron el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la licenciada Isabel Álvarez Ramos, Cecilia Elizabeth Román Trejo y Teresa de Jesús Viza Juárez (después trataremos el por qué era totalmente improcedente la separación de la secretaria y actuaria del juzgado)”.

Entonces, ¿quién es el principal infractor de la ley? ¿La jueza, por emitir una sentencia conforme a derecho? ¿O el Consejo, por usurpar atribuciones que no le corresponden? Con ello, el Consejo comete dos actos jurisdiccionales inéditos. Separa del cargo a un funcionario judicial sin procedimiento administrativo y prejuzga lo que es facultad de órganos jurisdiccionales superiores. Si la juez dictó una sentencia sin apegarse al debido proceso, la Sala penal es la instancia superior para confirmar o revocar la sentencia. Y de lo que resuelva la Sala toca conocer en amparo a un tribunal colegiado de circuito.

El Consejo es un órgano administrativo sin facultades para destituir a jueces y magistrados por resoluciones jurisdiccionales. Bajo esas gravísimas intromisiones, el Consejo usurpó funciones de juzgado de primera instancia, de Sala penal y de órgano federal colegiado, por lo que su conducta es sancionable en términos del artículo 417 del Código Penal: “Ejercer funciones que no le corresponden o excederse en las que tiene conferidas”. Por tratarse de delito perseguible de oficio, cualquier ciudadano puede presentar denuncia ante el Ministerio Público.

La segunda gran violación del Consejo a los derechos humanos de la jueza es su decisión de privarla de la totalidad de su sueldo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando un funcionario es separado temporalmente de su cargo tiene derecho al treinta por ciento de sus remuneraciones mensuales. Así lo destaca el juzgado tercero de distrito en su ejecutoria de amparo, pero todavía más: El Consejo violó el principio de presunción de inocencia y once artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1º, 3º, 4º, 6º, 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123.

Es la resolución del juzgado tercero de distrito ante tanta transgresión de la ley para sancionar ilegalmente por consigna.
Por todo lo anterior, y otras consideraciones que después trataremos, el juzgado federal acordó dejar insubsistente la separación de las tres funcionarias judiciales y reinstalarlas, inmediatamente, en el cargo. Ampliaremos…

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