Isabel Álvarez Ramos desnudó el sistema judicial en Chiapas

Ministerios públicos, obligados también a comparecer a juicio

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El pasado 6 de junio, la jueza Isabel Álvarez Ramos fue vinculada por delito cometido en contra de la administración de justicia previsto y sancionado por el artículo 422, fracción I, del Código Penal: “Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva contraria a las actuaciones seguidas en juicio”.

Bajo esa insostenible figura jurídica, el juez de control del distrito judicial de San Cristóbal, Gabriel Grajales Pascasio, dictó orden de cateo y aprehensión en contra de Álvarez Ramos. Lo malo es que el juez no pudo acreditar el delito como para ordenar lo que es una evidente privación ilegal de la libertad por un asunto jurisdiccional que quedaba, en apelación, a disposición de la Sala Penal y, como siguiente instancia, la intervención de un Tribual Colegiado de Circuito.

En colaboraciones anteriores se ha analizado, con todo detenimiento, que a Omar Fernando Rosales Toledano jamás se le pudo comprobar el asesinato de Viridians Flores Ramírez, por lo cual, la jueza Isabel Álvarez Ramos dictó sentencia absolutoria, pero, además, por la trascendencia del caso es posible la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y agotadas todas las instancias nacionales, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así, con su orden de cateo y aprehensión, al margen de la ley, el juez de control -o de consigna, para lo que hoy no hay distinción- Gabriel Grajales Pascasio se anticipó, simultáneamente, a cuatro instancias de carácter local, nacional e internacional.

La pinza del abierto contubernio jurisdiccional la cerró el otro juez de consigna César Rodríguez Robles, adscrito al juzgado de juicios orales del penal de Chiapa de Corzo.  El día de la audiencia en que, fuera de la ley, negó la fianza a que tenía derecho la jueza Isabel Álvarez Ramos se comportó como un vulgar pandillero habilitado como juez para amenazar a la audiencia que se encontraba en la Sala de juicios orales. Sólo que, por esta circunstancia, Rodríguez Robles incurre, este sí, en el delito de la Procuración y Administración de Justicia, sancionado por el artículo 424 del Código Penal: “No conceder la libertad bajo fianza cuando se solicite si procede legalmente”. Y desde luego que procedía, por tratarse de un delito menor.

Palabras más, palabras menos, el ahora conocido como cantinero jurisdiccional se atrevió a advertir que no iba a permitir ningún desacato y estaba dispuesto a castigar severamente (sic) cualquier desorden.  Peligroso encontrarse con juzgadores de farándula, ignorantes del derecho.  Un juez no castiga.  Impone penas y son otras autoridades las que la ejecutan, pero todavía más.

Como la Sala se encontraba repleta y había exceso de auditorio para los lugares disponibles, como nunca, amenazó con sacar (sic) a todos los que se encontraran parados, en una evidente falta de respeto para los presentes.  Uno de los destinatarios de la amenaza para abandonar la Sala de juicios orales fue el licenciado Noé Maza Albores, presidente, en Chiapas, de la Comisión  Internacional de Derechos Humanos, junto con todo el personal del propio  organismo que lo acompañaba.

Sólo que el juez de consigna César Rodríguez ocultó, convenientemente, que la Sala se encontraba llena con personal del Poder Judicial para sabotear la audiencia.  Por instrucciones superiores de alguien, o de alguienes, o del mismo Juez Rodríguez, todo el personal del juzgado de juicios orales y del juzgado del antiguo sistema tradicional recibió la instrucción de ocupar  todos los lugares para tener el menor auditorio posible externo.

Ello quedó en evidencia cuando trabajadores de los dos juzgados manifestaron su decisión de retirarse. Inmediatamente se les transmitió la orden de permanecer en el interior del recinto y, además, sentados, para evitar lugares disponibles. Ahí está el video de la audiencia que sustenta este aserto irrefutable para documentar un abuso y una mancha más a la “administración de justicia en Chiapas”.

Todo el aparato del poder del Estado se ha confabulado en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos, con la complicidad de jueces venales (no penales).  Desde que el gobierno de la cuija Manuel Velasco Coello ordenó dictar sentencia condenatoria, hasta el aval que Rutilio Escandón Cadenas otorgó para consumar tamaña infamia.

En la averiguación previa, y en la causa penal en contra de la jueza Álvarez Ramos, aparece como única culpable, pero en gravísima violación a la presunción de inocencia y también en violación a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Así se lo hizo saber el juzgado federal tercero de distrito al abusivo y desacreditado Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

En la averiguación previa, y en la causa penal, deberían de estar también, como corresponsables, los ministerios públicos que hicieron las investigaciones y sobre la cual, la jueza Isabel Álvarez Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Omar Fernando Rosales Toledano.

Si de buscar justicia y la verdad legal se trata hay que llamar a los muchachos del bandido procurador Raciel López Salazar para que declaren con relación a los hechos que hasta hoy imputan, dolosamente sin sustento y por anticipado, a Álvarez Ramos.

Aparece en la averiguación previa Carlos Netzah Rumbo Rodríguez, quien, como ministerio público, comenzó la averiguación previa por los delitos de secuestro y feminicidio, y por lo cual compareció Omar Fernando Rosales Toledano.

Continuó con la investigación el ministerio público Miguel Cruz Chacón para entregar los resultados de sus conclusiones a la también ministerio público Cynthia Velázquez Sánchez y pasar, enseguida, la estafeta ministerial a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, ministerio público de la Fiscalía especializada contra secuestros.

Esta última autoridad es clave en el desenredo de la madeja que provocara el manoseo en la investigación del delito de homicidio.  Jubilian Sarmiento procedió al levantamiento del cadáver y, por lo tanto, es el primero que supo si se trataba de Viridians Flores Ramírez o fue sustituido por uno diverso. El aserto tiene sustento. Por consideraciones hechas en colaboraciones anteriores, el perito médico legista llegó a la conclusión que no se trataba del cuerpo de Viridians, pero sobre todo llamar al ministerio público que ordenó la cremación del cadáver al otro día del asesinato, cuando es una grave anomalía porque la investigación apenas estaba en curso.

Siguieron en la fase de la investigación los ministerios públicos Sergio Alberto Salomón Hernández y Julio Armando Calvo Leal, quien, al igual que sus homólogos, jamás ha comparecido para explicar el por qué integraron así la averiguación previa sobre la cual, la jueza Isabel  Álvarez Ramos dictó sentencia absolutoria. En esencia, son más responsables los ministerios públicos que la juzgadora hoy denostada judicial y mediáticamente.

Lo bueno de todo este affaire inventado y manipulado en contra de Isabel Álvarez Ramos es que ya desnudó, íntegramente, al corrupto sistema judicial en Chiapas, propio de la Edad Media y acorde a la “Cuarta Transformación.”  Ampliaremos…

 

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