Inseguridad en Chiapas, recuento de nunca acabar

Cuentas alegres de las autoridades estatales continúan

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Durante las reuniones de la Mesa de Seguridad en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y la secretaria de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda, aseguran que Chiapas es una comunidad segura y que la impunidad va a la baja.

Lo malo es que la realidad virtual, desde la perspectiva del gobierno del estado, es una, y la realidad a la que se enfrentan los ciudadanos es otra. En su editorial del lunes 1 de julio, el diario Contra Poder cabeceó: “No más mentiras sobre la seguridad en Chiapas”.

El texto exhibe una realidad, irrefutable, que a diario enfrentan los chiapanecos. En un mínimo recuento de lo que realmente se padece en la entidad pone de manifiesto lo que sucede todos los días en la capital, Tuxtla Gutiérrez. El 28 de junio asaltan a un joven que llevaba unos dicen 50 mil, otros 100 mil y los más 980 mil pesos, que acababa de retirar del banco HSBC.

Lo curioso es que cuadras atrás había sido baleado y perseguido en un tramo suficientemente largo como para que apareciera, cuando menos, una patrulla para poder auxiliarlo. Pareciera un contubernio entre los empleados bancarios, los delincuentes y los “cuerpos de seguridad”. Los comentarios en las redes sociales así los evidencian. ¿Cómo sabían los asaltantes que llevaba esa cantidad de dinero? Investiguen a los empleados bancarios responsables de entregar el dinero. Finalmente, el asaltado terminó muerto y, hasta ahora, ningún responsable.

El Contra Poder es lapidario en su crítica a la inseguridad en Chiapas: “El sábado (29 de junio) asaltan a una persona dentro de un gimnasio en Tuxtla Gutiérrez. Ese mismo día, en Tapachula, roban al interior de la iglesia La Resurrección. El domingo (30 de junio), en San Cristóbal de las Casas, asesinan a un agente ministerial del estado de Tabasco, hieren a su esposa y a una de sus dos hijas. En Palenque, un sujeto agrede a cuatro personas en el interior de un bar. En Pueblo Nuevo Solistahuacán, dos bandas de delincuentes se enfrentan a balazos con saldo de dos muertos y personal adscrito al hospital es secuestrado. En Berriozábal es asesinada una persona desde una moto con dos personas a bordo. En San Cristóbal de las Casas, dos deportistas son secuestrados por pobladores de una comunidad y exigen rescate sin que haya responsables”.

El Contra Poder cierra su editorial sobre ilícitos impunes con lo que es ya percepción social sobre la inseguridad en Chiapas: “Si esto no es inseguridad, entonces, el gobernador del estado, en compañía del fiscal general y la secretaria de Seguridad Pública, nos tienen que explicar qué es la inseguridad para estos funcionarios”. Hasta ahora ninguna explicación sobre delitos muy graves. La Mesa de Seguridad continúa entre café, galletas y pláticas amenas, lejos de la realidad.

Seguramente el caso más emblemático fue el del policía Julio César García Sánchez, adscrito a labores de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco. Lo relevante de este homicidio es que se trataba de una persona entrenada para combatir la delincuencia y, aun así, fue ejecutada. Un ciudadano común, es desde luego, bastante más vulnerable y expuesto a cualquier forma de agresión.

Sólo que la catarata de ilícitos descritos en el diario mencionado es apenas el asomo de lo que realmente ocurre en Chiapas. El 1 de julio, en el municipio de Mapastepec, una pareja fue ultimada de 11 balazos calibre 9 milímetros; los habitantes acusan a la alcaldesa de proteger al director de Seguridad municipal, quien amenaza y mantiene a cuota a los agentes.
En Puerto Madero, municipio de Tapachula, un comerciante fue asesinado cuando opuso resistencia al ser asaltado dentro de su vehículo, el pasado 3 de julio.

De antología fue el homicidio perpetrado en contra de José Luis Álvarez, ambientalista encontrado entre los límites de Chiapas y Tabasco. Álvarez estaba dedicado a la preservación del mono Saraguato y a combatir la extracción de arena en los márgenes del río Usumacinta. Junto al cuerpo se encontró un mensaje intimidatorio para los familiares de la víctima.

El pasado 2 de julio, en la capital, asesinaron al dueño de un cyber al resistirse a un asalto dentro de su negocio. Degollado por los delincuentes, pereció al instante.

En Puerto Chiapas, los ladrones llegaron a su límite cuando un vehículo y dos cajeros automáticos de Banamex fueron arrancados de las instalaciones de la planta Herdez. Se presume que el monto de lo sustraído fue poco más de 10 millones de pesos.
Un día cualquiera del mes de abril fue un día aciago para la población de Tuxtla Gutiérrez, y redituable para la delincuencia. El mismo día asaltaron una sucursal de Banamex y del banco Santander. Tres tiendas de la cadena Oxxo fueron visitadas también por quienes todos los días se dedican al atraco.

El mismo día, en la colonia Arboledas, una de las más exclusivas de la capital, un teniente del Ejército Mexicano fue asaltado y ejecutado en presencia de su acompañante. El monto del botín ascendió a 300 mil pesos. Cobra relevancia el hecho de que se trataba de una persona entrenada para el combate, pero aun así sucumbió ante el hampa. También ese día, en San Cristóbal de las casas, un joven sufrió un asalto, fue herido y despojado de 85 mil pesos.

En Huixtla, dos mujeres que acababan de retirar 300 mil pesos de una institución bancaria terminaron interceptadas por tres asaltantes a escasos 200 metros de un retén de seguridad pública.

El pasado mes de junio se firmó un acuerdo de paz entre los municipios de Chenalhó y Aldama, como resultado de la permanente violencia entre ambas comunidades. El acuerdo fue magnificado por Rutilio Escandón, aunque ya había cobrado como víctima al síndico de Aldama y señalado como responsable el presidente municipal de Chenalhó. La paz terminó otra vez en balazos con saldo de varias personas heridas.

Ante panorama tan desolador, las cuentas alegres de las autoridades estatales continúan. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, asegura: “Nuestro compromiso es cero impunidad”. Avalado por Rutilio Escandón expresa que “los resultados obtenidos por la fiscalía dan certeza del combate frontal a toda acción que este fuera de la ley, restitución de la propiedad, posesión, libre tránsito, así como el combate a los delitos de alto impacto”.

Sin embargo, Escandón fue todavía más allá al firmar un convenio de colaboración con la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo en México. Se ufanó al afirmar: “La seguridad nos permite el desarrollo y el progreso. Si en un estado no hay elementos policiales que cuiden de manera seria, profunda e incondicional la seguridad de la ciudadanía, pues, entonces, habrá desconfianza para la inversión y para sacar adelante el porvenir de todas y de todos”.

Sólo que la realidad riñe con las declaraciones sin sustento y las fotos diarias en portadas, en todos los periódicos del estado y con cargo al tesoro público, ante una población indefensa y expuesta a panorama tan desolador: La inseguridad como preludio de la ingobernabilidad. Ampliaremos…

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