García Luna, detenido en Estados Unidos bajo cargos federales

Felipe Calderón, advertido por el Ejército, decidió hacerlo secretario

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Cargos contra Genaro García Luna no son menores, como tampoco sus acusadores

Genaro García Luna fue detenido, el 9 de diciembre pasado, en la ciudad de Dallas, Texas, bajo los cargos de narcotráfico, falso testimonio y lavado de dinero. Culminaban así 18 años de un policía protegido con el manto de la impunidad gracias a  Marta Sahagún de Fox y, muy abiertamente, a Felipe Calderón, dos gobiernos panistas que se montaron en el discurso del cambio y terminaron sumidos en la corrupción.

Los cargos contra García Luna no son menores, como tampoco sus acusadores. Proviene de la Corte de Nueva York, del gobierno de Estados Unidos, la misma que sentenció a “El Chapo” Guzmán a partir de todas las acusaciones y evidencias que los sindican como amigo y protector del cártel de Sinaloa.

El primer gran señalamiento vino de uno de los hombres mejor informados de México, de las confianzas del Ejército Mexicano y con reconocimiento del gobierno estadounidense: El entonces subprocurador general de la República José Luis Santiago Vasconcelos, cuando en pleno foxismo aseguró que la Agencia Federal de Investigación, al mando de García Luna, protegía a los hermanos Beltrán Leyva.

En derecho, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y dos testimonios de personas que coincidan son suficientes para perseguir y enjuiciar al autor de un delito. García Luna fue señalado por más de dos testimonios, suficientes para fincarle responsabilidad penal.  Además de la acusación de Santiago Vasconcelos, también fue denunciado por Jesús “El Rey” Zambada, durante el juicio de “El Chapo” Guzmán, por haberle pagado 8 millones de dólares entre los años 2005 y 2006. Lo mismo sucedió cuando Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, lo vinculó, en el 2012, con el crimen organizado.

Desde luego que García Luna negó toda imputación a sus actividades ilícitas y en una débil autodefensa calificó como mentira, difamación y perjurio todas las acusaciones hacia su “honorable” persona. Sólo que su situación actual de indiciado contrasta con la exoneración que personalmente intentó ante la ley y la opinión pública.

Para García Luna, actuar al margen de la ley era su función favorita como jefe de la Agencia Federal de Investigación y como secretario de Seguridad Pública Federal. Con el propósito de colgarse la medalla de resolver los secuestros a cargo de Los Zodiacos montó un escenario para culpar a la francesa Florence Cassez de actuar en contubernio con su pareja, Israel Vallarta.

A decir de García Luna y sus agentes investigadores, Cassez fue capturada el 9 de diciembre de 2005. Sin embargo, después se supo que todo fue una farsa y que, en realidad, la francesa había sido detenida el día anterior, pero la escena se montó como si hubiera sido un día después.

Esa violación al debido proceso legal fue suficiente para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concediera su libertad a Florence Cassez. La ministra ponente encargada de emitir la sentencia fue la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El abuso de García Luna quedó al descubierto cuando la funcionaria judicial sentenció: “Florence está libre, pero no es inocente. Se violó el principio de presunción de inocencia y el derecho fundamental al debido proceso al no darle asistencia consular oportuna, haber sido puesta a disposición de la autoridad judicial muchas horas después de su detención y televisada con un burdo montaje que no corresponde a la realidad”. Todo ideado por el hoy detenido García Luna.

Ahora, Felipe Calderón, el usurpador presidencial, pretende lavar su deteriorada imagen con un tuit fuera de toda credibilidad que lo incapacita, política y moralmente, para buscar su propia exoneración. Asegura el ex presidente: “De la información respecto del arresto del ingeniero García Luna preciso que desconocía, por completo, los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y, de confirmarse las imputaciones, se aplique la ley. Sería una grave falta a la confianza depositada en él”.

Grave que un jefe de Estado en funciones, el hombre mejor informado del país, desconozca que uno de sus colaboradores, responsable de la seguridad pública, negocie y se encuentre aliado con la delincuencia organizada, pero más grave todavía cuando, con conocimiento de causa, nombre al funcionario menos indicado para combatir la delincuencia y el narcotráfico, cuando García Luna era cómplice y parte de la estructura del crimen organizado.

El aserto tiene sustento a unas semanas del 1 de diciembre del 2006, día de la toma de posesión de Felipe Calderón.  En el restaurante Sir Winston Churchill’s del entonces Distrito Federal, distinguidos generales de tres estrellas se reunieron con Juan Camilo Mouriño, artífice de la transición entre el foxismo y el calderonismo.  El motivo del encuentro era para transmitirle al Presidente electo su preocupación por la notoria relación de Genaro García Luna con importantes capos del narcotráfico en México y la posibilidad de que ocupara un cargo de máxima responsabilidad en el gobierno a punto de iniciarse.

Ahí informaron al enviado presidencial que durante todo el sexenio de Vicente Fox, García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación, tenía antecedentes de protección a secuestradores, pero especialmente con el cártel de Sinaloa. Informaron a Mouriño que el sistema de inteligencia militar había corroborado la información que en ese momento ponían a su disposición.

La sorpresa de los generales en activo fue mayúscula cuando Juan Camilo Mouriño les informó que García Luna tenía toda la confianza presidencial para hacerse cargo de la  seguridad pública en el país y se había tomado la decisión de nombrarlo Secretario.

Hoy se advierte que la improvisada y fallida guerra de Calderón en contra de los cárteles tiene gran parte de su fracaso en que el hombre clave protegió lo que se combatía desde el Ejército, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Con todo en su contra, y a pesar de las evidencias, García Luna gozó de protección para conservarse como el funcionario que colaboró en el fracaso de la lucha antinarco.

Lamentable que hasta hoy, cuando el gobierno de Estados Unidos detiene a García Luna, la Fiscalía General de la República proceda a investigarlo y pida su extradición cuando se sabía de sus actividades ilícitas y nada se hizo para indiciarlo y procesarlo penalmente, pero en México, y no en los Estados Unidos.

Incluso, a García Luna, hasta antes de “descubrir” su relación con el crimen organizado, se le dio trato preferente y protección extraterritorial al permitírsele residir en la ciudad de Miami con la exclusiva visa Einstein, reservada sólo para personajes con aptitudes extraordinarias, como medallistas olímpicos, académicos de nivel superior, actores ganadores de algún “Oscar” o periodistas destacados mundialmente.

Ninguna de esas aptitudes tenía el ex secretario de Seguridad Pública Federal, lo que induce a pensar en un acuerdo entre los presidentes Obama y Calderón para asegurarle impunidad transexenal. Así que no le queda a Calderón alegar desconocimiento de las actividades de su antiguo subordinado.  Ampliaremos…

 

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