De manera inexplicable, Grupo ICA pasó por alto las señales, evidentes, de que no podía comprar la empresa que le estaban vendiendo. Ahora, los accionistas de la Bolsa de Valores de Nueva York esperan una explicación 

 

Pedro Topete, el empresario que la PGR investiga por extorsión a la empresa OHL y que huyó del país hace más de un año (como lo publicó IMPACTO la semana pasada), y su socio, el abogado Paulo Díez Gargarín, podrían ser directamente responsables del agravamiento de la crisis de una de las constructoras más importantes e históricas del país, Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Grupo ICA ha rechazado que vaya a declararse en insolvencia, sin embargo, sus resultados financieros han sido desastrosos en el último año, por lo que ha contratado asesoría financiera especializada del banco de inversión Rothschild México para hacerles frente a sus problemas.

La constructora ha anunciado, debido a su difícil situación financiera, un periodo de gracia de 30 días para el pago de intereses por 31 millones de dólares, correspondientes al cupón de un bono con vencimiento en 2024.

A raíz del anuncio, las acciones de ICA han caído a mínimos históricos; un desplome promedio de 30 por ciento en la BMV y 22.38 por ciento en la bolsa neoyorquina.

Pero las malas noticias para los accionistas de la empresa no terminan, pues uno de sus activos más importantes, la concesión para operar la autopista Río de los Remedios-Ecatepec, fue adquirido de manera ilegal, con documentos cuestionados por autoridades y descalificados por un Notario Público.

La venta fue pactada en 2007 y concretada en 2012 con Pedro Topete Vargas,  quien al principio sólo era su abogado y a partir de 2010 su socio, Paulo Díez; asumiéndose como representantes de los dueños de la empresa Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., ambos recibieron, al menos, dos pagos de parte de ICA, uno por 20 millones de dólares en 2008 y otro, en 2012, por mil millones de pesos.

Para realizar la venta de las acciones de Viabilis Infraestructura S. A. de C.V., a Controladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V. (CONOISA) -subsidiaria de ICA-, Topete y Díez utilizaron el poder notarial número 1960, con el que se dio paso a una nueva empresa llamada Viabilis Infraestructura S. A. P. I. de C. V., con la venia del CEO de la empresa compradora, Alonso Quintana.

El problema que tiene la empresa compradora es que ese poder notarial es falso y por tanto inexistente, lo que puede agravar la crisis económica de la compañía, pues, incluso, ante la Bolsa de Valores de Nueva York han considerado un activo que legalmente no les pertenece.

Tanta temeridad fue confirmada por Mario Pedro Velázquez Barrera, notario número 8 del Distrito Judicial de Tula de Allende, en el estado  de Hidalgo, quien señaló el 23 de mayo de 2012, ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales, dependiente de la PGJ del Estado de México, que si bien se iniciaron dos procesos de otorgamiento de poderes completos a favor de Pedro Topete, nunca concluyeron, ya que no fueron firmados por las partes.

Durante la diligencia, el notario fue notificado de que uno de esos poderes fue utilizado para vender las acciones de los dueños originales por parte del supuesto apoderado, Pedro Topete Vargas, por lo que el fedatario presentó una denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público investigador de Tlaxcoapan, Hidalgo, con el número de averiguación previa 16/TLAX/I/430/2012, por el delito de uso de documentos falsos en contra de quien resulte responsable.

En su declaración, el Notario Público sugiere que el poder notarial exhibido por Pedro Topete Vargas es falso.

EL ENGAÑO A ICA

Al comprarle a Topete Vargas, ICA se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado SAACAEM-DPCO-002-11-2004 (la autopista Río de los Remedios-Ecatepec) que el gobierno del estado había otorgado, inicialmente, a Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., y así lo hizo saber a la opinión pública con un comunicado de fecha 18 de septiembre de 2007.

El contrato había sido entregado, el 15 de noviembre de 2004, por el gobierno del Estado de México para la construcción y operación de la autopista cuyo trazo pasa por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, todos en el Estado de México, y por la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Los socios originales que obtuvieron el contrato del gobierno mexiquense en la época del gobernador Arturo Montiel realizaron, con sus propios recursos, los estudios financieros, legales, de factibilidad técnica y económica correspondientes, para demostrar la viabilidad del proyecto y sustentar su financiamiento.

Aquellos inversionistas entregaron en garantía fiduciaria varios predios a Banco Invex, que les facilitó el crédito inicial para los estudios de factibilidad, y a pesar de que fueron informados de que realizarían una alianza con ICA, no autorizaron la venta, ni mucho menos recibieron los pagos correspondientes a su participación accionaria.

Ingenieros Civiles Asociados, por su parte, habría sido estafada en esta compra-venta de acciones, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado de México envió, el 9 de mayo de 2012, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio un escrito en el que se solicita no realizar ninguna anotación relacionada con la empresa en venta.

A pesar de la advertencia, Pedro Topete envió a ICA un oficio donde certificó que no conocía ninguna indisposición de sus socios a vender, ocultando, con todo el dolo del mundo, las inconformidades de sus socios originales.

De esa forma, dos días después del escrito enviado por la PGJ del Edomex advirtiendo que no podía hacerse ningún movimiento con la empresa Viabilis Infraestructura, se consolidó una negociación que había comenzado en 2007 con la entrega, de parte de ICA, de un anticipo de 20 millones de dólares.

Topete Vargas y su socio Paulo Díez recibieron los mil millones de pesos restantes, dinero del que no repartieron ni un centavo a los socios originales de Viabilis Infraestructura.

PAULO DÍEZ, CEREBRO JURÍDICO DE TODO

El artífice de las acciones jurídicas de las empresas de Pedro Topete para hacer negocios, alianzas, adquirir empresas o quedarse con empresas de sus socios, es Paulo Díez Gargarín, el abogado que adquirió notoriedad por defender públicamente a Infraiber, la empresa que está acusada de extorsionar a OHL.

Aunque en sus apariciones ante los medios se presenta como abogado de Infraiber, la verdad es que es socio en el negocio con ICA y es parte del despojo cometido en agravio de los socios originales de la compañía que adquirió, ilegalmente, la empresa a cargo de Alonso Quintana.

Díez Gargarín fue director general adjunto jurídico y secretario jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) durante el rescate carretero de 1997; de aquellas relaciones surgió una amistad con los dueños de Grupo Tribasa, quienes lo tienen como asesor jurídico en la empresa que ahora se llama PINFRA.

También asesora a Organización Ramírez y a la empresa michoacana RIPSA. Justo en Michoacán, es dueño, junto con sus hermanos Jorge, Rodrigo y Leticia, de un predio de 84 hectáreas sembradas de aguacate llamado “Españita” en una región famosa porque hasta hace algunos años era dominada por la organización criminal de “La Familia Michoacana”.

La relación de Díez Gargarín con Topete Vargas data de abril de 2005, cuando éste firmó, con el despacho del primero, un convenio de prestación de servicios profesionales para implementar el esquema jurídico que permitiera a Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., obtener el financiamiento de los trabajos de construcción de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec.

Cinco años después, el abogado se volvió socio de Pedro Topete al adquirir el 3 por ciento de las acciones a los socios fundadores el 11 de mayo de 2010. En esa calidad acompañó en la venta fraudulenta a ICA de una empresa que, expresamente, las autoridades habían declarado que no podía venderse, dado que el poder notarial que se pretendía utilizar era falso.

Como registra el relato de IMPACTO, La Revista en su edición anterior, los dos personajes centrales de esta historia han coincidido en los ataques contra OHL a través de Infraiber, la empresa propiedad de Topete Vargas que obtuvo, a 90 días de haber sido creada, un contrato por 4 mil millones de pesos para auditar el flujo vehicular en autopistas concesionadas del Estado de México.

Cuando las autoridades de aquel estado cancelaron el contrato, debido a varias irregularidades, entre ellas las altas tarifas que estaban cobrando (50 centavos por vehículo monitoreado cuando el estándar promedio internacional es de apenas 12 centavos), Topete y Diez responsabilizaron a OHL y amenazaron a sus directivos: Si no los ayudaban a recuperar el contrato, habría contra ellos una campaña de descrédito terrible, cosa que, finalmente, ocurrió.

Los testimonios de directivos de OHL, así como documentos y datos diversos que confirmarían la extorsión, ya fueron aportados a la PGR, que investiga a los dueños de Infraiber, también, por intercepción ilegal y manipulación de comunicaciones privadas, así como por daño moral.

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